Casi nueve años después del referéndum del primero de octubre, ya estamos casi al final de una etapa. Estamos al principio del final de una etapa y al comienzo de una nueva etapa, a la vez. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la ley de amnistía es plenamente legal y vigente, porque no es contraria al derecho de la UE. Los quince magistrados de la gran sala de este tribunal, con sede en Luxemburgo, han dictado dos sentencias relativas a las preguntas prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas y han desmontado punto por punto todo el argumentario de la judicatura española, que se niega a aplicar la citada ley: ha quedado bien patente que la amnistía del posible delito de malversación no afecta a los intereses financieros de la UE y la amnistía tampoco vulnera la directiva europea sobre el terrorismo. Por lo tanto, decenas de antiguos altos cargos del Govern y muchos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) deben ser finalmente amnistiados de las causas que arrastran todavía hoy. La rebelión del Tribunal Supremo contra la aplicación de la ley debería cesar de manera inmediata, aunque ha conseguido dilatar el sufrimiento un par de años. El Estado debería indemnizar a las personas que han sido víctimas de este ánimo vengativo del TS y el PSOE debería tomar medidas drásticas para corregir la politización de la alta jerarquía judicial, comenzando por la supresión de la Audiencia Nacional.
En los próximos meses, como es de esperar, el Tribunal Constitucional (TC) también pondrá fin a su dilación injustificada y sacralizará la plena legalidad de la ley de amnistía. Los casos pendientes se archivarán, las personas exiliadas podrán volver a casa y todo el mundo que quiera se podrá presentar a las elecciones. Se acabará inevitablemente la etapa represiva del posprocés y empezará una nueva. Porque con este paso definitivo no se cierra nada, sino que se inicia un nuevo camino. Algunos, claro, intentarán vendernos la moto de que esta nueva etapa es la culminación de la reconciliación social y la normalización política. Pasar página, dicen. Otros también querrán pasar página, pero en otro sentido más nostálgico; sueñan con pactos imposibles entre la derecha española y el centroderecha catalán. Los más fantasiosos, incluso, tienen poluciones nocturnas imaginando estos escenarios. Otros, los de más allá, piensan que los antiguos líderes del procés quedarán definitivamente olvidados cuando su situación se resuelva y que el peso de la historia les caerá encima como una espada de Damocles que lleva nueve años esperando el momento justo para caer. No me gusta poner agua al vino, pero ya aviso que no ocurrirá nada de todo esto.
Con este paso definitivo no se cierra nada, sino que se inicia un nuevo camino
Es evidente que el regreso a Catalunya de Carles Puigdemont, la auténtica pieza de caza mayor de los jueces españoles y quien personaliza como nadie los hechos de 2017, tendrá un impacto político y electoral. Por supuesto, se equivoca quien crea que será recibido por decenas de miles de personas en un regreso triunfal que reavivará el proceso independentista. De la misma manera que se equivocan los que consideran que no tendrá ningún impacto porque su figura está amortizada y su crédito político está agotado. Seguramente la realidad estará en un punto medio entre estas dos previsiones, las cuales son absolutamente interesadas por motivos opuestos. No es lo mismo tener un partido sin líder presencial que tenerlo a disposición; no es lo mismo hacer campaña con él de manera telemática que con él recorriendo las calles de Figueres, Vic, Berga o Tàrrega. Es innegable que a Junts le irán mejor las cosas con Puigdemont en casa que en el exilio. Esto no quita, claro, que Junts necesita una cierta clarificación ideológica, estratégica, de liderazgos y de imagen. Es compatible afirmar que las encuestas siempre le dan menos escaños de los que obtiene con afirmar que las encuestas marcan tendencias, y la tendencia de Junts es a la baja.
Al margen del impacto más o menos grande del regreso de Puigdemont, la nueva etapa debe servir para que el independentismo se dote de una estrategia. Actualmente, no tiene ninguna; ni buena ni mala. Los partidos independentistas, que dominaron la política catalana entre los años 2010 y 2024, y llevaron a cabo la consulta de 2014 y el referéndum de 2017, se encuentran en una situación de atonía tan sorprendente como preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que un vigoroso 45% de la población apuesta por tener un Estado independiente. Una buena prueba de esta falta de rumbo es el hecho de que compiten por ver cuál de ellos queda primero en unas elecciones, aunque sea el PSC quien quede realmente primero. Parece que el objetivo de ERC sea quedar el primero de los independentistas, y el objetivo de Junts sea el mismo. Lo mismo vale para AC. Y mientras dura la guerra cainita entre los independentistas los socialistas van haciendo y gobiernan Catalunya y Barcelona. Quizás el regreso de los exiliados y el fin de las inhabilitaciones deben servir para renovar liderazgos y candidatos. Pero sobre todo debe servir para diseñar una estrategia realista, inteligente y colectiva de país, que esté al servicio del interés nacional catalán.