Como decía Winston Churchill, el tiempo es más importante en política que en gramática y, efectivamente, en un mes las perspectivas de la política española y catalana han cambiado considerablemente. Pedro Sánchez se las prometía muy felices cuando, terminadas las elecciones, se fue de vacaciones a Marruecos. Sus colaboradores más cercanos trasladaban la convicción del presidente de que no había prisa, de que la sociedad española rechazaba mayoritaria y prioritariamente un gobierno PP-Vox y que, por tanto, en una repetición de elecciones —que sería por culpa de los independentistas— ganaría de calle. Sin embargo, en pocas semanas hemos pasado del relax del veraneo a la angustia y las prisas por la amnistía, en buena parte gracias a la crisis de Vox.

La repetición de elecciones era la opción que consideraban ganadora tanto Sánchez como Puigdemont tras las elecciones, pero la crisis de Vox ha alterado todos los cálculos

Tras las elecciones, el partido de extrema derecha entró en crisis. Los más radicales, liderados por el falangista catalán Jorge Buxadé, relegaron a los franquistas convencionales, Iván Espinosa de los Monteros, Juan Luis Steegmann, Javier Ortega Smith y otros, con el visto bueno de Santiago Abascal. El 23J, la teoría del voto útil le había hecho perder a Vox 19 diputados, pero aún le quedan 33 y de cara a unas elecciones repetidas el síndrome Ciudadanos amenaza al partido ultra. Ni que decir tiene que todos los votos que perdiera el partido de Abascal irían al Partido Popular que aumentaría considerablemente el número de escaños favorecido además por la ley D'Hondt. Dado que el trasvase de votos sería en el bloque de la derecha, algunos analistas señalan que aunque Feijóo aumentara sus escaños tampoco sumaría mayoría con los que le queden a Vox, pero eso depende mucho de la distribución provincial y del grado de movilización que mantendrían las izquierdas y todo va de 4 diputados. Así que de repente Pedro Sánchez se da cuenta del riesgo que corre, aparca la repetición de elecciones y fija como prioridad conseguir el pacto de investidura con Junts per Catalunya. Y la condición sine qua non por el pacto es la amnistía. No porque lo diga Puigdemont, sino porque es una obviedad.

Necesariamente, el primer acuerdo, el punto de partida que puede existir entre un perseguidor (Sánchez) y un perseguido (Puigdemont) sólo puede ser cancelar la persecución

Observando la situación objetivamente, hasta ahora Pedro Sánchez era el perseguidor oficial de Carles Puigdemont y el president exiliado, el principal perseguido del Estado. Y nunca un perseguido puede ayudar a su perseguidor aunque sea por espíritu de supervivencia. Necesariamente, el primer acuerdo que puede existir entre un perseguidor y un perseguido es cancelar la persecución. Al fin y al cabo, tampoco un presidente puede gobernar sometido a las decisiones que tome el perseguido desde Waterloo, así que para llegar a cualquier acuerdo primero hay que deshacer la ecuación. Asumida esta obviedad, Pedro Sánchez se ha puesto a trabajar y ha puesto a trabajar a juristas y medios afines para que preparen el terreno normalizando la amnistía, que antes era tabú, y ahora algo posible, deseable y conveniente al interés general.

A diferencia de cómo se negociaron los indultos, Puigdemont tiene asumida la responsabilidad con todos los represaliados, procesados o pendientes de juicio a los que se les ha abierto una brizna de esperanza

Por las mismas razones que Pedro Sánchez, en Junts per Catalunya también ha cambiado la perspectiva este mes de vacaciones. La primera idea dominante era que manteniendo toda la firmeza reivindicativa lo más probable sería una repetición de elecciones que pondría en evidencia la capacidad del independentismo de desestabilizar al Estado. Además, en el sector más intransigente sostenían (y aún sostienen) que en las nuevas elecciones, Junts aglutinaría a todo el independentismo militante, obtendría mejores resultados, desbancaría a ERC y se situaría en condiciones de ganar las elecciones catalanas. Sin embargo, la crisis de Vox y la posibilidad de un triunfo de las derechas españolas en las repetidas elecciones también ha hecho reflexionar a Puigdemont y su entorno. Ahora se tiene la fuerza decisiva y luego no es seguro que se tenga ni que se pueda utilizar. El pacto PP-PSOE siempre está sobre la mesa. Y, a diferencia de cómo se negociaron los indultos, Puigdemont tiene asumida la responsabilidad con todos los represaliados, procesados o pendientes de juicio a los que se les ha abierto una brizna de esperanza.

Sánchez tiene a favor de la amnistía la mayoría parlamentaria y en contra a sus enemigos internos coordinados con los poderes fácticos del Estado dispuestos a boicotear la investidura

Políticamente, o mejor dicho, parlamentariamente, Pedro Sánchez no debe tener problemas para conseguir los apoyos necesarios para una ley de amnistía. Todos los aliados están a su favor. Si acaso el problema vendrá de los vínculos del PSOE con los poderes fácticos del Estado, los letrados institucionales y abogados del Estado mayoritariamente conservadores que no le pondrán las cosas muy fáciles al candidato socialista, que enemigos internos tiene un montón. Operaciones de boicot en la denominada mayoría Frankenstein, ahora rebautizada como mayoría progresista, se han puesto ya en marcha, así que todo dependerá del coraje y la audacia de los interlocutores. Si en un mes de vacaciones la situación ha cambiado, en otoño se anuncian tormentas de consecuencias imprevisibles. En cualquier caso, la situación resulta tan insólita que Sánchez y Puigdemont tienen ahora los mismos (y poderosos) enemigos.