Oriol Junqueras y Raül Romeva han interpuesto una querella contra el Tribunal Supremo, en particular, contra el magistrado Marchena. Es una respuesta valiente que poco o nada tiene que ver con las gesticulaciones oportunistas de alguna diputada a las Cortes españolas, intentando —una vez más— sacar réditos políticos a costa de las costillas de los presos políticos. Es una actitud mezquina que ya ha tomado carta de naturaleza. Incluso Miquel Iceta se ha mostrado favorable a permitir que los presos pudieran estar confinados con sus familias.

El Tribunal Supremo hizo lo que nunca habíamos visto hacer. Y en medio de la pandemia arremetían contra una resolución con carácter para directamente amenazar a los funcionarios con represalias (en particular a los que integran las juntas de tratamiento penitenciario) si atendían la orden del Gobierno que autorizaba este confinamiento familiar de acuerdo con el reglamento penitenciario. Todo en plena crisis humanitaria, cegados por su patriótica actitud de venganza.

La actuación del Supremo es y ha sido la que habían advertido desde el primer día tanto Junqueras como Romeva. Nos decían: "No hemos tenido una instrucción justa y no tendremos un juicio justo". Y así fue. Y así plantearon su defensa, con coraje. Y también, consecuentemente, se negaron a responder a la Fiscalía desde el primer día. El error fue creer lo contrario. O que algunas defensas insistieran en que sus patrocinados tendrían un juicio justo. En el libro de las hermanas Bassa, Carregades de raons, se advierte claramente esta visión errónea que les repetían una y otra vez buena parte de los abogados que les decían que saldrían en libertad: "Ahora sí, ahora seguro". O que auguraban sentencias benévolas. A buen seguro que todo con la mejor de las intenciones. Pero qué gran error de percepción y cuánta candidez.

Que los presos políticos continúen encarcelados durante la crisis del Covid-19 vulnera el derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la vida familiar

Tajante e indignada se mostraba la consellera de Justícia, Ester Capella, ante la amenaza del Tribunal Supremo de identificar y perseguir penalmente a aquellos funcionarios de las prisiones catalanas que dieran apoyo a la decisión del confinamiento domiciliario.

El Tribunal Supremo ha vuelto a vulnerar la separación de poderes, amenazando a funcionarios de forma preventiva, discriminando de forma evidente a nueve presos y presas y saltándose las recomendaciones de las Naciones Unidas en la aplicación del derecho penitenciario. Después de la amenaza del Supremo, las juntas de tratamiento penitenciario sólo han aprobado el 15% de los confinamientos penitenciarios de presos en segundo grado y 100.2.

Como también encuentro esencial recordar que las "juntas de tratamiento" no dependen del Govern. El Govern no debe y no puede influir en las decisiones de los funcionarios para que resuelvan de una manera u otra. Las juntas de tratamiento están formadas por funcionarios públicos, por personas altamente cualificadas que tienen que actuar con serenidad, con criterios objetivos basados en la ley y el reglamento de régimen penitenciario.

Por eso también fue un absoluto acierto no haber forzado un tercer grado para los presos y presas que habría dejado a los presos al pie de los caballos, al pie de estos jinetes del Apocalipsis que siempre han sido las joyas del Tribunal Supremo. También entonces, igual que ahora, vimos como desde la misma formación política se quería sacar réditos políticos de la situación y se hacían exigencias absurdas que, al mismo tiempo, dejaban en evidencia al propio president Torra.

Que los presos políticos continúen encarcelados durante la crisis del Covid-19 vulnera el derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la vida familiar. La OMS y el Consejo de Europa recomiendan alternativas a la prisión en las circunstancias actuales. No tengo ninguna duda de que sin las amenazas, coacciones y presiones del Tribunal Supremo y con la aplicación del artículo 100.2 en este contexto de emergencia sanitaria, las presas y presos ya estarían confinados en sus domicilios.

Todos juntos haríamos bien en no "politizar" ciertas decisiones tratándolas de herejía, ¿o es que alguien piensa que se quiere seguir teniendo encerrados a los presos políticos? El adversario sólo es uno, el Tribunal Supremo, y la solución a todo, la amnistía.