La cuestión de la llamada unilateralidad viene a ser, en estas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, como el monstruo del lago Ness: de vez en cuando asoma la cabeza con fuerza, y después vuelve a esconderse en las profundidades sombrías. Han aparecido informaciones periodísticas que apuntaban, por ejemplo, a que el PSOE reclama al independentismo que rechazara la vía unilateral como condición para conceder la amnistía. Para decirlo con la célebre frase de Jordi Cuixart: que no lo vuelvan a hacer. A partir de estas informaciones se han producido opiniones muy divididas: mientras que esta exigencia para unos es perfectamente comprensible, para otros es no solo un disparate, sino también toda una humillación. Lo que reside en el fondo de este asunto es el derecho a la autodeterminación. Hablar de esto, supongo que no se le escapa a nadie, es enormemente complejo. Intentaré hacerme entender, aunque corra el riesgo de, quizás, simplificar en exceso.

Aquellas personas que consideran que Catalunya es un pueblo con personalidad propia y diferenciada, es decir, una nación, por pura lógica, deben concluir que, como pueblo, como nación, Catalunya —los catalanes— tiene derecho a decidir su futuro. Que tiene derecho a la autodeterminación. Si asumimos este planteamiento, nos damos cuenta enseguida de que negar el derecho a la autodeterminación de Catalunya supone negar también su carácter nacional. Por otra parte, abandonar la unilateralidad significa comprometerse a no hacer efectiva, a no realizar, la independencia si existe la oposición del estado, España en este caso. Es, por lo tanto, aceptar que no serás independiente mientras el estado en cuestión no acuerde que acepta que lo seas. O sea, que esté dispuesto a acordar un referéndum para que la ciudadanía de la nación decida qué quiere y, a continuación, articular la aplicación del resultado. Como puede observarse, renunciar a la unilateralidad es también, en la práctica, renunciar a la autodeterminación, toda vez que dejas el ejercicio de tu derecho, la decisión sobre tu futuro, en manos de ese estado del que justamente desearías, quizás, desprenderte. Lo único que puedes hacer es, pues, intentar convencerlo.

Negar el derecho a la autodeterminación de Catalunya supone negar también su carácter nacional

Para quienes piensan que Catalunya es una nación, es decir, para cualquier nacionalista, Catalunya no puede negarse a sí misma el derecho a autodeterminarse, no se lo puede sustraer. No pueden afirmar en ningún caso que Catalunya es una nación y, a la vez, a continuación, sentenciar que, a pesar de ello, no tiene derecho a decidir sobre su futuro. Sí que se puede concluir que no se quiere o que no se puede, en las actuales circunstancias, ejercer este derecho. Se puede descartar ejercerlo durante un tiempo, pero en ningún caso se puede eliminar. 'De facto', esto es lo que sucede hoy, ya que la mayor parte del nacionalismo y del soberanismo catalanes es consciente de no disponer de suficiente fuerza para ejercer unilateralmente la autodeterminación, a pesar de lo que predican algunos terraplanistas, según los que la independencia, si se quiere, se podría tener mañana mismo. Una generación, o dos, o tres de catalanes no pueden de ningún modo renunciar a ejercer el derecho de autodeterminación —de forma acordada o unilateralmente— para siempre, porque lo estarían haciendo en nombre de las generaciones futuras.

Detengámonos aquí un momento para subrayar que esta es una discusión que solo toma cuerpo, solo alcanza un verdadero peso, cuando un pueblo tiene realmente la posibilidad de transitar la vía unilateral, dado que dispone de suficiente fuerza para poder preguntar y, si el resultado es afirmativo, aplicar dicho resultado... Intentar hacerlo sin las mínimas posibilidades desemboca en el fracaso, la frustración y otras consecuencias negativas para el país y su gente. Es lo que sucedió en Catalunya en octubre de 2017.

El Govern y el Parlament catalán pueden abstenerse explícitamente de apostar por la unilateralidad, pero nunca, si existe mayoría nacionalista, negar el derecho de Catalunya a la autodeterminación. Naturalmente, otra futura mayoría puede revertir esta posición. De hecho, esta renuncia, de forma implícita y ambigua, se ha producido en el caso de la célebre mesa de diálogo entre los gobiernos de Catalunya y de España. Así, al menos, puede desprenderse de la lectura de los textos correspondientes. Otra cosa es que, por razones obvias, interese a todo el mundo —a ambas partes— poder interpretarlos como mejor les convenga de cara a sus correspondientes parroquias.

En cuanto a los partidos, las entidades y otros actores, lo primero que hay que decir es que solo se representan a sí mismos. Todos ellos pueden descartar el ejercicio de la autodeterminación unilateral. Pero no pueden hacerlo en nombre de Catalunya. Naturalmente, además, sus futuros responsables también pueden decidir variar su postura y volver a contemplar la unilateralidad como una alternativa democrática y legítima.