Hace un par de semanas, empezada la campaña electoral, pedía a las candidaturas concurrentes que dieran cuenta de lo que habían hecho durante la legislatura y cómo lo habían hecho. Esta dación de cuentas, en un sistema democrático, permitiría añadir un elemento más de racionalidad a la decisión de los electores y supondría reconocer que los servidores públicos, y más si son electos, tienen que ajustar las cuentas con sus principales, los ciudadanos.

La verdad, como era previsible, no tuve mucho éxito. Pedir el voto es una cosa y decir qué lo avala para pedirlo otra vez, presentado los éxitos y los fracasos, no parece un plato apetecible vista la opacidad reinante. Aunque sea necesario. Eso demuestra la percepción que tienen los elegidos de sus electores.

Ahora, cuando el llamamiento de las urnas es inminente, echo de menos otra rendición de cuentas. Me refiero a la financiación de las campañas electorales por parte de los que concurren. Las cuentas las sabremos dentro de mucho tiempo y la verificación que hace el Tribunal de Cuentas no resulta muy exacta, como ha demostrado el fajo de casos que forman la Gürtel, y antes Filesa, y hay que suponer algunos otros, grandes e irregulares, todavía en marcha.

En las elecciones presidenciales francesas del 2012, que acabaron en mayo de aquel año, el Tribunal de Cuentas de la República citó a Sarkozy el enero siguiente para que justificara una serie de partidas que no veía claras. El candidato derrotado formuló sus alegaciones y, al principio de marzo, poco menos de 10 meses después de las elecciones presidenciales, el mencionado tribunal emitió su resolución, declarando que algunas partidas del líder de la derecha gala no eran correctas. Tuvo que pagar y todavía sufre derivaciones ante la justicia penal.

En cambio, aquí, como financian los partidos sus campañas es un misterio; o, cuando menos, no es de acceso público y rápido. Por una parte, sobre unos pesan graves indicios de financiación irregular; sobre otros la duda reside en que arrastran importantes deudas; finalmente, otros son demasiado jóvenes para tener patrimonio propio.

Salvo ERC, los ccomunes y la CUP, que tienen una trayectoria impoluta en materia de corrupción, sobre unos cuantos otros la suspicacia de los largos efectos de la corrupción no es fácil de desvanecer. Así, PP y PSC (con PSOE o sin) no tienen credenciales fiables: casos ya juzgados y otras judicialidades todavía hoy; nuevos o viejos, no abonan la confianza.

Una formación joven como Juntos x Cat, partido nuevo, no heredero jurídico de ningún otro, no tiene patrimonio. Parece que los afiliados o simpatizantes han cotizado para subvenir fondos en la caja electoral. El PDeCat, heredero legal de Convergència -que se encuentra en concurso de acreedores- y declarado, por ahora, responsable civil en el tema nada menor del 3%, de hecho, tiene patrimonio de libre disposición. Por su parte, Ciudadanos, con algún caso menor de corrupción, sufrió un descenso histórico en las elecciones de noviembre de 2019, pasando de casi entrar en el reino del cielo a ser inquilino del ahora inexistente purgatorio. Tuvo que llevar a cabo una más que significativa reducción de personal y gastos. Su economía no parece envidiable. Y, finalmente, VOX es todo un misterio, como el patrimonio de su líder y fundador.

Este es el panorama. No pretendo afirmar -ni lo deseo- que la financiación de las elecciones del domingo sean, en parte o, menos todavía, en todo, fruto de la corrupción. Lo que me llama la atención es por qué no sabemos cómo se financia cada campaña en el momento de la campaña; si con patrimonio propio, si a cuenta de las subvenciones electorales, si con aportaciones privadas, ya sea de afiliados, simpatizantes, o si puro altruismo o si es una mezcla de algunas de estas vías.

Tanto los créditos electorales, públicos, bancarios o particulares como las aportaciones vía crowdfunding, donaciones a fondo perdido o condonaciones de deudas de todo tipo tendrían que ser públicas, desde antes del inicio de la campaña, y actualizada varias veces -más gastos que ingresos, seguramente- a lo largo de la misma. Si fuera así, se daría un paso de gigante hacia una república de fuego nuevo.

No es una cuestión de ahorrar en café, como dijo el diputado de Ciudadanos Jorge Soler tiempo atrás. Nos hace falta a los ciudadanos saber de dónde viene y en qué condiciones el dinero de las elecciones, cómo se gastan, cómo se reintegran. Y tenemos que tener una idea muy aproximada antes de depositar el voto en las urnas.

La transparencia, es decir, uno rendimiento de cuentas en democracia, forma parte de su ADN. Es una exigencia que no se puede rehuir. Igual que no se puede tomar, por mucho recetado que esté, un medicamento sin leer las propiedades y efectos secundarios, no se puede ir a votar sin saber, como decía hace dos semanas, qué han hecho los que hoy nos piden el voto y cuánto les cuesta pedírnoslo; es tan poco juicioso como tragarse las píldoras sin mirar ni siquiera su color.

O sea que hay que rendir cuentas, exigir transparencia y democracia.