Hay fechas que no cambian nada y fechas que se limitan a certificar lo que ya había cambiado. El 2 de julio, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Santiago Pedraz citó como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, por prevaricación y obstrucción a la justicia en la causa de las cloacas del PSOE. Declararán el 16 de julio. Conviene fijar lo que esto significa antes de que el ruido lo devore: la dirección política y la cúspide operativa del cuerpo que investiga la delincuencia, por tanto, también la corrupción del entorno del Gobierno está imputada por obstaculizar, precisamente, esas investigaciones. No es un episodio más de la crónica judicial de la legislatura; es la fotografía de un Estado cuyos anticuerpos han sido desactivados desde dentro, primero colonizados, luego desactivados.
Los hechos que sostienen la imputación no requieren adjetivos. Una relación personal y reiterada entre la directora general y Leire Díez, anterior a su nombramiento y mantenida después de su toma de posesión, el 17 de septiembre de 2024: al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea, coincidentes en el tiempo con la campaña orquestada para desacreditar a la Unidad Central Operativa y a su responsable de delincuencia económica, el teniente coronel Antonio Balas, que es quien instruye policialmente los asuntos que afectan al círculo personal y político del presidente. Dicho en una frase: quien debía proteger a los investigadores mantenía trato fluido con quien trabajaba para destruirlos.
He sostenido en estas páginas que la cloaca no es un exceso ocasional sino un método, y que su gravedad no reside en ningún eslabón aislado, sino en la cadena completa. La imputación de la cúpula de la Guardia Civil confirma aquella tesis, pero añade algo más grave: demuestra que el sistema carece de mecanismos para defenderse cuando el método se aplica desde el vértice del poder. Y eso obliga a levantar la vista del caso concreto y mirar el diseño.
Sánchez ha llevado el presidencialismo de hecho que la propia Constitución favorece hasta un cesarismo puro: una forma de ejercer el poder en la que el partido es el líder, el Gobierno es el líder y las instituciones se dividen entre las propias y las enemigas
El régimen del 78 nació de un acuerdo, y esa es a la vez su virtud histórica y su defecto estructural. Quienes redactaron la Constitución no construían una arquitectura de contrapesos pensada para resistir a un ejecutivo desleal; buscaban un texto que pudieran firmar, a la vez, los herederos del franquismo, la oposición democrática y los entonces llamados nacionalismos periféricos. La prioridad era el acuerdo posible, no el equilibrio robusto. Por eso el edificio tiene las juntas selladas con un material que ninguna norma garantiza: la lealtad institucional de sus ocupantes. Al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno, y de él cuelga jerárquicamente todo el Ministerio Público. El Consejo General del Poder Judicial se reparte entre los partidos desde 1985. Las direcciones de la Policía y de la Guardia Civil son cargos de designación política sin estatuto alguno que los blinde frente a quien los nombra. El CNI depende orgánicamente de quien podría ser su objeto de interés. Nada de esto fue un descuido: fue el precio para que todos firmaran. Los constituyentes dieron por supuesto que ningún presidente se atrevería a accionar simultáneamente todos esos resortes en beneficio propio, porque el coste político resultaría insoportable. Esa presunción funcionó, mal que bien, durante cuatro décadas. Ha dejado de funcionar.
Ha dejado de funcionar porque Pedro Sánchez ha llevado el presidencialismo de hecho que la propia Constitución favorece —investidura personal del candidato, moción de censura constructiva, control férreo del grupo parlamentario— hasta un cesarismo puro: una forma de ejercer el poder en la que el partido es el líder, el Gobierno es el líder y las instituciones se dividen entre las propias y las enemigas. Con el asesoramiento —o el concurso, la instrucción lo irá precisando— de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy también investigado, Sánchez ha entendido mejor que nadie la lección que el diseño del 78 dejó escrita en tinta invisible: en España los contrapesos dependen de que el presidente acepte tenerlos. Si no lo acepta, no pasa nada. No hay mecanismo que obligue a cesar a una directora general imputada, ni a apartar a un ministro desmentido por sus propios subordinados, ni resorte que fuerce a un Gobierno acorralado a convocar elecciones. El sistema confiaba en la vergüenza, y la vergüenza ha resultado ser derogable.
A ese fallo estructural se suma otro de solución mucho más compleja, porque no se corrige reformando leyes: el fallo moral. Toda democracia conserva un último contrapeso que no figura en ningún texto legal, que es la reacción de la ciudadanía. Cuando fallan los frenos institucionales queda la sanción social: la calle y el voto. Ese contrapeso también ha sido neutralizado, y no espontáneamente. Un ecosistema mediático sólidamente financiado desde la Moncloa —publicidad institucional, subvenciones, eventos, favores regulatorios— ha conseguido que un sector importante de la sociedad procese cada revelación no como una evidencia sino como un ataque, y cada imputación no como un hecho procesal sino como una maniobra del enemigo. Orientada así, esa parte de la ciudadanía no solo no reacciona: reacciona en sentido contrario, blindando al poder frente al escándalo. La debacle institucional se sostiene sobre una debacle moral.
El régimen del 78 cumplirá cincuenta años en 2028 y todo indica que llegará a esa fecha convertido en un sistema donde los árbitros están imputados, los ministros desmentidos y los ciudadanos divididos en dos mitades que ya ni siquiera comparten los hechos
El ejemplo más acabado de esa debacle tiene nombre: Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior negó dos veces —en julio de 2025 en el Congreso y el pasado 28 de mayo, "tajantemente", ante los periodistas— que su directora general se hubiera reunido con Leire Díez. Lo desmintieron los informes de la UCO y lo desmintió la propia directora, obligada a reconocer tres reuniones en un comunicado oficial. Imputados ahora la directora y el DAO, el ministro se niega a cesarlos y proclama su "confianza" en ambos. Quien así actúa fue magistrado de la Audiencia Nacional y conserva su plaza en la carrera judicial. La pregunta se formula sola: si esto es lo que hace como ministro —sostener ante el Parlamento lo contrario de lo que consta en los informes de sus propios subordinados—, ¿qué clase de juez fue y, sobre todo, qué clase de juez será el día que vuelva a sentarse en un tribunal a exigir a otros la verdad que él no practica?
La suma de ambos fallos —el estructural y el moral— produce una situación inédita: una debacle institucional sin salida institucional. No hay aritmética para una moción de censura, no hay mecanismo jurídico que fuerce unas elecciones y no hay presión social suficiente para provocar una dimisión. La legislatura puede agotarse, sencillamente, porque nada obliga a lo contrario, y ya escribí en su momento que Sánchez no convocará elecciones mientras el calendario judicial avance más deprisa que el electoral. Pero conviene no engañarse con el consuelo del calendario: si el aparato mediático y la fragmentación de sus adversarios permiten a Sánchez revertir la hecatombe que hoy dibujan las encuestas, este estado de cosas no terminará con la legislatura; se prolongará otra legislatura más, ya sin siquiera la apariencia de excepcionalidad. Lo excepcional habrá pasado a ser el régimen mismo.
El régimen del 78 cumplirá cincuenta años en 2028 y todo indica que llegará a esa fecha convertido en otra cosa: no en la democracia homologada que prometía, sino en un sistema donde los árbitros están imputados, los ministros desmentidos y los ciudadanos divididos en dos mitades que ya ni siquiera comparten los hechos. No lo habrá derribado ningún enemigo exterior ni ninguna ruptura revolucionaria: lo habrá vaciado por dentro quien comprendió que un pacto sin contrapesos solo obliga a quien quiere cumplirlo. Reconstruir eso —si es que se reconstruye— exigirá algo más que un cambio de gobierno: exigirá asumir que el acuerdo de 1978 resolvió el problema de su tiempo, la salida del franquismo, y dejó sin resolver el nuestro, que es cómo defender la democracia de quien gobierna. Esa tarea no la hará quien ha demostrado saber vivir sin contrapesos. Nos tocará a los demás.