Si una mayoría parlamentaria como la surgida de las urnas el 23J es partidaria de elaborar una ley de amnistía que contribuya a la paz social y esta mayoría no es capaz de llevarla a cabo, querrá decir que otros poderes, ajenos a la voluntad democráticamente expresada, habrán intervenido para impedir que la democracia funcione. Y volverá a ponerse en evidencia que en España existe una estructura de poder que en los momentos importantes impone su voluntad y sus intereses particulares contrarios a la voluntad y los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

Ahora el gran argumento de la Caverna es que la amnistía no cabe en la Constitución. Estos debates disfrazados de ciencia jurídica suelen ser casi estériles, porque las leyes siempre se acaban interpretando según lo que interesa en cada momento, cómo ha ocurrido con el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, o con la supresión del servicio militar obligatorio. La prueba es que los propios socialistas que no hace tanto rechazaron la amnistía ahora la ven con buenos ojos si tiene que servirles para mantener el poder. Juristas de prestigio y antiguos miembros del Tribunal Constitucional se han pronunciado a favor unos y en contra otros de la constitucionalidad de la amnistía, así que todo es cuestión de la voluntad política, democráticamente expresada, que parece que existe ahora.

Si hay una mayoría parlamentaria favorable a la amnistía y ésta no se lleva a cabo, querrá decir que poderes ajenos a la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos habrán intervenido para que la democracia no funcione

Los aliados parlamentarios del Partido Socialista en la última legislatura, desde Sumar al Partido Nacionalista Vasco, ya se han pronunciado a favor de la amnistía propuesta por el president Puigdemont, por tanto no debería haber ningún impedimento democrático para promulgarla y aplicarla, siempre y cuando el Partido Socialista sea capaz de resistir la ofensiva de esos poderes fácticos que no tienen otro objetivo que mantener inalterable su monopolio. Y lo que amenaza su monopolio no es la amnistía de los catalanes represaliados, sino otros cuatro años de mayoría parlamentaria integrada por partidos que no forman parte del lobby del 78 y que podrían estar dispuestos a forzar cambios en las instituciones del Estado o, dicho de otra forma, una redistribución del negocio del Estado. Sin ir más lejos, la iniciativa de “convención constitucional” presentada por el lendakari Urkullu para reconocer definitivamente el carácter plurinacional del Estado es algo que no pueden tolerar quienes se consideran propietarios únicos y legítimos del Estado como si fuera su empresa familiar.

El Deep State ya defenestró a Pedro Sánchez cuando se negó a facilitar la investidura de M. Rajoy, y ahora lo volverá a hacer aprovechando el mínimo signo de debilidad que muestre el actual líder socialista, que solo saldrá adelante si tiene el coraje y audacia suficiente para imponer la autoridad de la democracia parlamentaria. La campaña será feroz y no debe extrañar que sea la vieja guardia socialista quien la lidere como ya ocurrió en el 2016. Al fin y al cabo, la cosa viene aún de más lejos. Felipe González y Alfonso Guerra fueron protagonistas principales del pacto de la Transición que, a cambio de la incorporación de los partidos políticos en el sistema, se mantendrían inalterables las estructuras de poder institucional del régimen anterior. Sin embargo, las movilizaciones democráticas en Catalunya y en Euskadi, y por supuesto el terrorismo de ETA, forzaron un primer desarrollo de la Constitución que llevaba camino de redistribuir “horizontalmente” el poder del Estado hasta entonces centralizado, algo que no estaba previsto en el guion del “todo atado y bien atado”. La prueba es que inmediatamente después de aprobar la Carta Magna, Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell se pusieron a trabajar los llamados pactos autonómicos que dieron lugar a la LOAPA, fruto principal del golpe de Estado del 23-F.

El boicot a la amnistía tiene como objetivo impedir una nueva mayoría progresista que reconozca la plurinacionalidad del Estado

La historia de España se repite de siglo en siglo y de década en década. Como recordaba Puigdemont, desde el siglo XVIII no ha habido forma de encontrar un reconocimiento mutuo. Los movimientos reaccionarios siempre se han justificado envueltos en la bandera de una unidad nacional estrictamente castellana, ahora revestidos de constitucionalismo. La bandera del llamado “constitucionalismo” la levantó por primera vez José María Aznar, que votó en contra de la Constitución, y se añadieron rápidamente los socialistas partidarios de mantener contra viento y marea el statu quo del régimen, liderados por un hombre tan inteligente como Alfredo Pérez Rubalcaba. Esto fue cuando Catalunya reclamaba un nuevo estatuto y, al mismo tiempo, la monarquía, el PP y el PSOE estaban enfangados de corrupción y la economía española estaba a punto de ser intervenida. Estos supuestos constitucionalistas, tergiversando el espíritu del 78, pretenden que la Constitución y las leyes solo puedan interpretarse en el sentido siempre más restrictivo. Es lo que ocurre cuando un régimen se ve amenazado, que no puede tolerar ni las canciones de Pablo Hasél o Valtònyc y necesita leyes mordaza.