Históricamente, la financiación autonómica ha sido motivo de confrontación entre los grandes partidos españoles. Cuando han gobernado han aplaudido lo que en la oposición han criticado y cuando han estado en la oposición han criticado lo que cuando han gobernado han aplaudido. Unos y otros han hecho exactamente lo mismo. Bastaría con echar un vistazo a las hemerotecas para constatar que no hay ninguna diferencia entre lo que pasa ahora y lo que ha sucedido en las anteriores reformas que ha habido. El PP y el PSOE siempre se han peleado por esta cuestión y lo único que ha variado es el papel que en cada momento han jugado uno y otro.

Ahora, al ser el PSOE el que gobierna, le toca al PP estar en contra. Y Alberto Núñez Feijóo se ha sacado de la manga una propuesta de revisión del sistema vigente de financiación, puramente electoralista —ha habido o hay elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía...—, vinculada a la construcción de vivienda. Es decir, una solemne tontería. El pecado original del PP es que no está en condiciones de dar lecciones de nada a nadie, porque es a quien le habría tocado reformar este modelo en 2014, cuando Mariano Rajoy gobernaba en la Moncloa. Entonces, sin embargo, se desentendió y hasta hoy no ha hecho más que torpedear los intentos que ha habido de ponerlo al día, que es lo único que hace la iniciativa pactada entre el PSOE y ERC. No rompe nada, no rompe ninguna caja común, no rompe ninguna igualdad entre españoles, no malgasta los recursos de los españoles, no se apropia del dinero de todos los españoles en beneficio de los catalanes.

La infrafinanciación nunca se resolverá dentro del modelo de financiación denominado de régimen común, que es el que tienen todas las autonomías salvo el País Vasco y Navarra

El expresidente de Galicia sabe que es así, sabe que miente cuando dice lo contrario, pero lo hace porque sabe que ponerse Catalunya en la boca es la manera más fácil de ganar votos en las regiones parasitarias de España, que son las que menos producen y las que más se quejan y las que el PP y el PSOE se reparten, según como sopla el viento, ahora hacia un lado ahora hacia el otro. En clave catalana, una situación es mala y la otra también. La infrafinanciación nunca se resolverá dentro del modelo de financiación denominado de régimen común, que es el que tienen todas las autonomías salvo el País Vasco y Navarra, que son las únicas que disfrutan del concierto económico. Y no se resolverá porque los casi 25.000 millones de euros anuales de déficit fiscal que, según las últimas estimaciones, tiene Catalunya —equivalente a prácticamente el 10% del PIB— los necesita el Estado español para mantener precisamente a todo este grupo de sanguijuelas. Es el dinero de todos los catalanes el que se usa para financiar a los españoles, no al revés, como malintencionadamente proclama Alberto Núñez Feijóo. Es lo que se llama expolio fiscal, o lo que tan poco gusta a los partidos de orden —del orden español, se entiende—, de que "España nos roba".

Es obvio, pues, que toda revisión del sistema actual no podrá satisfacer nunca, por principio, las necesidades de Catalunya. Por definición, aun así, todo cambio acostumbra a mejorar lo que había antes, y en este sentido el resultado del acuerdo entre el PSOE y ERC es mejor que el modelo que rige desde 2009, la última vez que se había reformado, pero ni de lejos es suficiente para cubrir las muchas carencias que tiene el país. Representa disponer de más recursos, exactamente de 4.686 millones de euros de los casi 21.000 millones más que el Gobierno ha dicho que tendrá el nuevo modelo, pero que no ha explicado de dónde saldrán. ¿No lo ha explicado quizás porque, en el caso catalán, en realidad saldrían de partidas que destinaba igualmente a Catalunya bajo otros conceptos? La manera de averiguarlo es muy simple: si a pesar de los ingresos de más el déficit fiscal no se reduce, significa que efectivamente es así. Y como en todas las revisiones anteriores el déficit fiscal no solo no se ha reducido nunca, sino que ha tendido a incrementarse, significa que efectivamente siempre ha sido así.

En este contexto, no es extraño que las principales entidades del mundo económico y empresarial, como Foment del Treball, Pimec, Cercle d'Economia, Col·legi d'Economistes, Fira de Barcelona, FemCAT, Barcelona Global, RACC y las trece cámaras de comercio catalanas, se hayan puesto de acuerdo en considerar que el nuevo modelo de financiación supone "una mejora importante, pero no suficiente". Y que personajes como Artur Mas, en una línea parecida, hayan pedido que JxCat y ERC se pongan de acuerdo para mejorar el acuerdo de financiación alcanzado hasta ahora, para ver qué pueden sacar de más, al percibir que la negociación con el Gobierno de turno sobre la cuestión todavía no se puede dar por terminada. Unos y otros entienden que hay margen de maniobra para seguir hablando de ello en el marco del régimen común antes de plantarse para exigir un cambio de sistema que permita el tránsito hacia el concierto económico o algo que se parezca —el pacto fiscal que se sacó de la manga el 129º president de la Generalitat—, pero que saben que por ahora es inalcanzable.

Es, en el fondo, una posición que se alinea con el gobierno del PSC, y con el PSOE, y que insta a JxCat a dejar de lado maximalismos y a aprovechar para obtener todo lo que se pueda. Es, de hecho, una posición muy típica catalana, cuando menos de los que dirigen el cotarro, de estar siempre bien con el poder establecido, el español, el de verdad, no el catalán, el de la colonia. Situar en este escenario la demanda del concierto económico sabiendo que no es posible es una cortina de humo o, peor aún, tomar el pelo al personal de buena fe que aún se lo cree. Que Catalunya no disponga, pues, de los recursos que le hacen falta también es culpa de quien año tras año permite que esto ocurra —a veces JxCat (antes CiU y PDeCAT), a veces ERC—, pero que nadie pierda de vista que los responsables principales del expolio fiscal son los sucesivos gobiernos españoles, que, sean del color que sean —ahora del PSOE, ahora del PP—, no dejarán nunca que se les escape la gallina de los huevos de oro. El gran responsable es, al fin y al cabo, el Estado español, porque el ahogo de Catalunya es eso, una operación de Estado.

Siguiendo el hilo del relato, porque, ahora que en España gobierna el PSOE, el PP lo señale como el responsable del descalabro descomunal de Rodalies —por poner el ejemplo más flagrante de estos días que conoce y sufre prácticamente todo el mundo— provocado por la falta de inversión en los ocho años que gobierna, no significa que el propio PP no sea igual de responsable, o más, por los años que había gobernado antes y que tampoco había cumplido con las inversiones en Catalunya. De hecho, entre 2009 y 2023 —el último año del que se tienen datos— el déficit acumulado en inversión en infraestructuras en Catalunya se eleva hasta los 42.486 millones de euros, según los cálculos efectuados por Foment del Treball. Cantidad que hay que añadir al expolio fiscal de casi 25.000 millones de euros anuales desde hace un montón de años y que da como resultado un guarismo desgarradoramente desorbitado. Y con la suma la pregunta sale sola: ¿quién es que roba a quién? La respuesta la escribió hace más de cuarenta años Ramon Trias Fargas y es la narración de una asfixia premeditada.