Menos de 24 horas después del inicio de la XI legislatura del Parlament y de que la nueva presidenta, Carme Forcadell, concluyera su intervención con un "Visca la República Catalana!", los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP presentaron en el registro una propuesta de resolución de nueve puntos, para ser votada por trámite de urgencia, que "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república". Es el primer paso para la independencia pero es también el salto hacia un paradigma político nuevo que, ahora sí, conduce irreversiblemente hacia una confrontación política y judicial desconocida hasta la fecha y que iremos viendo en las próximas semanas. Los partidos independentistas han movido pieza y lo han hecho el 27 de octubre, justo un mes después de las elecciones del 27S. Aunque todo el mundo quiere deslindar esta resolución de la investidura del president de la Generalitat, es obvio que JxSí ha aceptado una parte no menor del relato de la formación anticapitalista pensando que actuará como lubricante para hacerla posible. Aunque la CUP también ha tenido que rebajar posiciones del primer documento de la negociación, dos de los puntos van en esa dirección: el proceso de desconexión no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional y el Govern sólo cumplirá las normas y mandatos emanados del Parlament.
Una vez más, el desarrollo de los hechos parece haber cogido con el paso cambiado al Gobierno español, que no había calibrado con precisión la hipótesis de un acuerdo de esta naturaleza y menos de esta forma tan acelerada. Su discurso seguía siendo hace muy pocas horas que JxSí era rehén de los maximalismos de la CUP y que el pacto para una resolución política acordada estaba muy verde. En diferentes sectores de la derecha española, siempre muy críticos con el presidente del Gobierno, la respuesta de Mariano Rajoy fue recibida con desazón ya que, según ellos, se limitaba a hablar genéricamente del cumplimiento de la ley. Rajoy cuenta para este envite con el apoyo firme del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Rajoy, Sanchez y Rivera, que han abierto una línea caliente de conversación, parecen no querer distanciarse el uno del otro en un tema que puede acabar siendo importante en la campaña para las elecciones generales del 20 de diciembre.
En estos momentos, el debate fundamental en el seno el Gobierno español está muy centrado en evitar que su electorado no interprete, como sucedió con el proceso participativo del 9N, que su reacción ha sido forzada y tardía. La pelota se ha desplazado de campo. Del terreno de Junts pel Sí al Partido Popular de la calle Génova de Madrid y por extensión al resto de los partidos españoles, PSOE y C's. Podemos, abierto según Pablo Iglesias a un referéndum, no juega esta partida. Tampoco los partidos catalanes de la oposición por más que alcen su voz y protesten abiertamente de la vulneración de la legalidad española. Todo va tan rápido que los altavoces de Madrid marcarán la dimensión de la respuesta política y judicial.