Pedro Sánchez no es un político de principios ni de grandes convicciones. Para sobrevivir políticamente es capaz de hacer de la necesidad virtud siempre que haga falta, puede llegar a acuerdos con Dios y con el Diablo, si es necesario al mismo tiempo, pero no es un suicida y sabe hasta dónde puede llegar. Nunca cruzará las líneas rojas que marcan los poderes del Estado profundo. Ciertamente ha constituido una mayoría parlamentaria en el Congreso que ideológicamente es republicana, pero eso es fruto de su audacia en la compra de apoyos a bajo precio. No entra en sus planes plantear ningún cambio estructural del Estado y menos aún poner en cuestión la monarquía, ni siquiera incomodarla.

Después de 8 años en el poder, todavía es hora de que Pedro Sánchez cumpla los compromisos adquiridos cuando se presentaba como un rebelde contra el establishment de la Transición. La primera promesa y la más solemne fue la derogación de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como la ley mordaza, denunciada por las entidades de defensa de los derechos humanos. Ni derogada ni reformada, ha sido aplicada con contundencia hasta acumular cientos de miles de sanciones a personas que resultaban antipáticas a los policías. Tampoco se han reformado los artículos más represivos del Código Penal contra derechos y libertades; se mantiene la ley de secretos oficiales, prácticamente heredada del franquismo; las cloacas del Estado han seguido practicando la guerra sucia contra adversarios políticos del Gobierno e incluso contra los aliados parlamentarios, y los servicios de inteligencia han continuado espiando y persiguiendo impunemente a sus sospechosos habituales.

La falta de coraje reformista del presidente español se comprueba también en el respeto a las estructuras de Estado consolidadas. Hará las trampas retóricas que hagan falta para embaucar a los catalanes con la financiación singular, pero mantendrá intacto el poder del cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado. Incluso mantendrá la hegemonía de Renfe y de Aena en Catalunya. Ni siquiera es capaz de trasladar el templo de la tortura de Via Laietana… Y, como buen chico que es, ahora prepara el regreso del rey emérito, que por supuesto tendrá, en el momento de su muerte, el correspondiente funeral de Estado.

Pedro Sánchez tiene la audacia de sobrevivir políticamente comprando apoyos parlamentarios a bajo precio, pero no entra en sus planes plantear ningún cambio estructural del Estado y menos aún poner en cuestión la monarquía, ni siquiera incomodarla

A diferencia de lo que suele ocurrir en los pueblos que derriban la monarquía, en España a los miembros de la dinastía de los Borbones siempre se les ha respetado la vida. No se les aplica la guillotina; cuando se marchan lo hacen casi por las buenas y siempre acaban regresando. La presunta desclasificación de los papeles del 23-F ha sido una enorme tomadura de pelo, pero ha sido una operación significativa del funcionamiento del régimen en su sentido amplio, que alcanza incluso al poder mediático controlado.

Cuando todos los diarios del establishment, de El País a ABC y de El Mundo a La Vanguardia, abren la edición con la misma idea y prácticamente el mismo titular —es decir, que Juan Carlos paró el golpe— cualquiera diría que hubo consigna de una instancia superior. El mensaje debía ser ese y ningún otro, porque es el que rehabilita definitivamente al monarca y le permitirá ser enterrado con honores. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente informativo, de los documentos desclasificados no puede sostenerse tan categóricamente que fuera Juan Carlos quien detuvo el golpe. De los documentos ahora publicados, de otros publicados anteriormente y de diversos testimonios sí se sabe que hubo varias conspiraciones en las que estaban implicados militares y civiles, también dirigentes de partidos democráticos, para derrocar al presidente Adolfo Suárez. La más elaborada trataba de sustituir al presidente legítimo por un militar, el general Alfonso Armada, hombre de confianza de Juan Carlos, al frente de un gobierno de concentración del que sería vicepresidente Felipe González. Xabier Arzalluz y Jordi Pujol han dejado testimonio de que dirigentes del PSOE les plantearon seriamente esta operación, que los líderes nacionalistas rechazaron sin ambages.

Adolfo Suárez era un hombre procedente del régimen franquista que, una vez legitimada su autoridad en las urnas, sorprendió a todos con políticas impropias de un partido de centro-derecha como la UCD. A nivel internacional se resistió al ingreso de España en la OTAN, participó en la Conferencia del Movimiento de Países No Alineados, estableció relaciones de amistad y cooperación con la Cuba de Fidel Castro y sus encuentros con el presidente Jimmy Carter no fueron tan afectuosos. A nivel interno entendió el autogobierno de las nacionalidades históricas como una redistribución horizontal de los poderes del Estado, algo que el Estado no estaba dispuesto a aceptar.

Cuando todos los diarios del establishment, de El País a ABC y de El Mundo a La Vanguardia, abren la edición con la misma idea y prácticamente el mismo titular, es decir, que Juan Carlos paró el golpe, cualquiera diría que hubo consigna de una instancia superior

Suárez era consciente de las conspiraciones y tuvo un duro enfrentamiento con Juan Carlos, tal como nos explicó él mismo con todo detalle años después a un grupo de periodistas catalanes. El monarca le exigía la incorporación del general Armada al Estado Mayor del Ejército y Suárez se resistió cuanto pudo; fue un pulso, pero finalmente tuvo que claudicar. Armada fue nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército el 22 de enero de 1981 y una semana más tarde, el 29 de enero, Suárez anunció su dimisión. Después, la precipitación de Tejero y Milans del Bosch hizo inviable la llamada solución Armada.

Según el testimonio del propio Suárez, fueron el general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, y el doctor Carlos Zurita, cuñado del monarca, quienes tuvieron que convencer a Juan Carlos de que la solución Armada y cualquier opción militar a la larga habrían hecho caer la monarquía. Fernández Campo fue quien respondió con la famosa frase “Armada no está ni se le espera” al jefe de la División Brunete, el general Juste, cuando se disponía a desplegar tropas sobre Madrid. Sabino Fernández Campo fue destituido por Juan Carlos unos años más tarde.

Con todo, el golpe consiguió la mayor parte de los objetivos perseguidos. El rey convocó al día siguiente del asalto al Congreso a los líderes de los partidos españoles y excluyó de la reunión a los nacionalistas vascos y catalanes. A partir de entonces, se frenaron reformas propias del cambio de régimen, se puso en marcha la LOAPA para detener el proceso autonómico y se solicitó inmediatamente el ingreso en la OTAN, que se produjo en mayo de 1982 todavía con Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente. Y en aquella reunión quedó claro que por encima de la verdad está la unidad de España… y la monarquía.