Conviene empezar por una distinción que el propio análisis del fenómeno exige y que demasiadas veces se omite: no todo trato es una cloaca. Existen relaciones comerciales, intereses privados, amistades rentables y puertas giratorias que pueden resultar reprobables, pero que pertenecen al territorio ordinario —y legal— de la influencia. La cloaca es otra cosa. No es un negocio: es un método. No busca un beneficio puntual, sino fabricar resultados determinados por vías que no figuran en ningún organigrama. Y para entenderla hay que recorrerla de arriba abajo porque su gravedad no está en ninguno de sus eslabones aislados, sino en la cadena completa.
Todo arranca en la cúpula. Allí no se delibera sobre políticas públicas, sino sobre poder: quién estorba, qué causa amenaza, qué expediente conviene enterrar y cuál conviene exhumar. La estrategia se formula en un lenguaje de adversarios y objetivos, no de ciudadanos y problemas. Ese es el primer rasgo definitorio: la decisión inicial no es de gobierno, es de combate. Se identifica un blanco —un juez incisivo, un investigado molesto, un periodista hostil, un abogado incómodo, un rival interno o externo— y se fija la meta: neutralizarlo, desgastarlo o, en el mejor de los casos para sus operadores, voltear el procedimiento que lo protege o lo acusa.
La cúpula, sin embargo, casi nunca se ensucia las manos. Su función es marcar la dirección y, sobre todo, garantizar la impunidad del aparato que ejecuta. Decide poco por escrito y mucho por gesto. Su poder reside precisamente en la negación plausible: cuanto más arriba, menos huella.
Entre la voluntad política y la acción material se sitúa una capa intermedia, la verdadera sala de máquinas. Son los gestores de confianza, los que convierten una orientación ambigua en tareas concretas y repartidas. Aquí la estrategia se trocea: a unos les corresponde el flanco mediático, a otros el judicial y el fiscal, a otros la financiación, a otros el enlace con quienes ejecutan sobre el terreno. Esta capa es decisiva porque es la que articula el lenguaje del poder con el lenguaje de la operación. Traduce “esta persona nos hace daño” en “hay que conseguir tal documento, contactar con tal persona, publicar tal pieza o generarle tal o cual problema legal”.
Es también la capa que produce a los operadores de campo: las figuras de fontanería, esos perfiles que se mueven en los márgenes, que recogen información sensible, que tantean voluntades, que ofrecen y piden y que tienen la utilidad de ser, llegado el caso, prescindibles. Si algo se tuerce, el sistema los suelta. La fontanería existe para que la sala de máquinas no aparezca, y la sala de máquinas existe para que la cúpula no exista a efectos prácticos.
Una operación sostenida necesita recursos y los recursos necesitan apariencia de legalidad. De ahí el papel de las estructuras-pantalla: entidades, empresarios, fundaciones o vehículos de naturaleza pública o paraoficial que ofrecen tres cosas a la vez. Primero, cobertura institucional, porque actuar desde un membrete oficial confiere acceso y respetabilidad. Segundo, financiación, porque permiten mover fondos con destinos difusos y justificaciones genéricas. Y tercero, una red de contactos ya tejida que puede reconvertirse en infraestructura operativa comprando voluntades y adeptos. Lo que nació para un fin legítimo se reutiliza como caja y como tapadera. Ese desvío de medios públicos hacia fines de facción es, jurídicamente, el corazón del problema: no es influencia, es captura de recursos comunes para una guerra privada.
Con el objetivo fijado y los recursos disponibles, la cloaca despliega sus dos palancas de presión externas. La primera es la mediática. No hablamos de prensa libre, sino de un ecosistema de cabeceras y firmas afines, dispuestas a publicar la pieza en el momento preciso, a fijar el relato, a convertir una sospecha en titular y un titular en verdad social. La filtración orientada es el arma característica: se entrega un material —obtenido lícita o ilícitamente— a quien lo amplificará sin preguntar demasiado, y se sincroniza su aparición con la fase procesal o política que conviene. La segunda palanca es la financiación: el dinero que paga favores, que sostiene estructuras, que compra silencios o lealtades. Medios y financiación no son el fin; son el músculo que mueve la maniobra.
Aquí está el verdadero objetivo, el que dota de sentido a todo lo anterior. Las palancas mediática y económica no se despliegan por sí mismas, sino al servicio de una meta superior: orientar el aparato que debería ser inmune a esa orientación. La justicia y el Ministerio Fiscal. La operación busca incidir sobre los engranajes que deciden qué se investiga, a quién se investiga y qué se archiva: el vértice de la Fiscalía, los grupos de fiscales afines en las fiscalías clave, los destinados en los tribunales sensibles y, cuando se puede, los propios jueces y las unidades policiales que instruyen.
El método no es necesariamente el soborno grosero. Es más fino y eficaz: situar a personas afines en los nudos del sistema, premiar la docilidad con ascensos y destinos, castigar la independencia con el aislamiento y crear un clima en el que el funcionario sabe qué se espera de él sin que nadie tenga que decírselo. Se trata de que la institución, conservando su forma, cambie de función. Que siga pareciendo Justicia mientras opera en los asuntos que importan, como un instrumento.
Quien controla la cúspide del Ministerio Público puede, sin dar una sola orden ilegal por escrito, decidir qué causa se impulsa con energía y cuál se deja morir por inacción procesal
Lo anterior no es teoría abstracta: en España, la maquinaria ha dejado un rastro reconocible. La secuencia típica empieza con la captura de los órganos esenciales de los aparatos represivos y con la cadena de mando jerárquica del Ministerio Fiscal, que permite que una instrucción descienda desde arriba, bajo el ropaje del principio de unidad de actuación. Quien controla la cúspide del Ministerio Público puede, sin dar una sola orden ilegal por escrito, decidir qué causa se impulsa con energía y cuál se deja morir por inacción procesal: dilaciones, falta de medios, recursos que llegan tarde, calificaciones tibias.
A partir de ahí, el patrón se repite con variaciones. Se selecciona a la persona idónea para el destino sensible y se aparta —con un traslado, una junta, una inspección— a quien no se pliega. Se construyen causas contra el adversario a base de denuncias prefabricadas, atestados de origen dudoso y testigos interesados, y se desactivan las que apuntan a los propios mediante archivos exprés o instrucciones que nunca terminan. La filtración se coordina al milímetro: el sumario que debería ser secreto aparece en la cabecera afín la víspera de la vista o el informe reservado se publica el día en que más daño hace al rival y más oxígeno da al amigo. Y todo ello se recubre con un relato moral —la causa justa, la lucha contra el de enfrente— que convierte la instrumentalización en virtud cívica a ojos de una parte de la opinión pública.
El resultado en el Estado español es una justicia de dos velocidades perfectamente perceptible para cualquier observador atento: rápida e implacable cuando la víctima es el adversario; lenta, comprensiva y olvidadiza cuando el afectado es de la casa. No hace falta amañar todos los procesos. Basta con que se sepa, sin necesidad de decirlo, que determinados asuntos tienen dueño.
Y aquí llega la observación más importante, y la más inquietante. La cloaca no necesita un control absoluto de las instituciones. Nunca lo tuvo ni lo tendrá, porque dentro de la judicatura, de la fiscalía, de la policía y de la prensa hay profesionales íntegros que resisten. Pero no le hace falta el dominio total: le basta el dominio suficiente. Basta con colonizar los nudos decisivos —no todos los jueces, sino los que tocan; no toda la fiscalía, sino su cúspide y sus piezas clave— para inclinar el resultado de los asuntos que de verdad afectan al poder.
Esa colonización parcial es lo que ha permitido gobernar a Pedro Sánchez más allá de la aritmética y blindarse más allá de la ley. Y es lo que ha terminado estableciendo patrones de conducta: una normalización de lo excepcional, una rutina de la presión, una cultura institucional en la que servir a la facción se vuelve prudente y servir a la ley, temerario. El daño mayor no es cada caso concreto; es la huella que dejan, el ejemplo que sientan, la costumbre que instauran.
Y conviene decir algo que el ruido diario impide ver. Los nombres que hoy ocupan las portadas, los que parecen los grandes protagonistas de la trama, los que comparecen ante el juez o ven cómo se los cita y se los investiga, no son la cima de nada. Son, en la arquitectura real del poder, mandos intermedios. Operadores de confianza, gestores de la sala de máquinas, ejecutores. Piezas importantes, sí, pero piezas reemplazables, precisamente las que el sistema ha diseñado para exponer cuando la presión aprieta.
La lógica de la cloaca es esa: que la primera línea de fuego la ocupen quienes pueden ser sacrificados sin que la estructura se resienta
La lógica de la cloaca es esa: que la primera línea de fuego la ocupen quienes pueden ser sacrificados sin que la estructura se resienta. A medida que el procedimiento avance —y avanzará, porque la maquinaria, una vez agrietada, tiende a abrirse— veremos cómo figuras que hoy nos parecen decisivas se revelan como simples correas de transmisión. El trabajo judicial irá degradando su rango: el que hoy es presentado como el cerebro mañana aparecerá recibiendo instrucciones y el que parecía dar las órdenes resultará que solo las transmitía.
Porque los auténticos mandos todavía no han comparecido. No han aparecido en el escenario judicial ni procesal, y es posible que demore, pero, más temprano que tarde, llegarán a hacerlo, nunca con su nombre. Están ahí. Son quienes diseñaron el método antes de que se aplicara, quienes pusieron en pie los vehículos y tejieron las redes, quienes se benefician del resultado sin firmar jamás una orden. Operan a una distancia calculada de los hechos materiales, blindados por capas de intermediación pensadas para que ninguna línea de investigación los alcance directamente. Cuando, dentro de un tiempo, ya no muy largo, miremos hacia atrás, entenderemos que los protagonistas de esta etapa eran el escalón visible de una pirámide cuyo vértice permaneció, deliberadamente, en la sombra por mucho tiempo. Y la pregunta decisiva del próximo capítulo no será quién ejecutó, sino quién mandó ejecutar, enjoyado o no.
Ningún sistema soporta indefinidamente que sus contrapesos sean capturados sin pagar un precio. El régimen del 78 se construyó sobre una promesa: instituciones independientes que se vigilan entre sí. Cuando esa independencia se vacía por dentro —cuando se descubre que los árbitros pueden ser orientados— la promesa se rompe, y con ella la confianza que la sostenía. No es una agresión exterior la que amenaza al sistema, sino su corrosión interna. De ahí la palabra exacta: implosión. No lo derriban desde fuera, se hunde hacia dentro porque sus propios mecanismos de garantía han sido reconvertidos en mecanismos de parte al servicio de un gobierno que ya carece de cualquier legitimidad democrática.
Lo que viene después está aún por determinar. La implosión abre un escenario, no lo cierra. Puede desembocar en una regeneración que reconstruya los contrapesos sobre bases más sólidas y blindadas frente a la captura, o puede degenerar en un cinismo generalizado donde el ciudadano dé por hecho que la Justicia es siempre de alguien y nunca de la ley. La diferencia entre ambos desenlaces no la decidirá la cloaca, que solo pretende sobrevivir. La decidiremos entre todos, si tenemos o no la voluntad de desmontarla entera —cadena completa, de la fontanería a la cúpula— y no solo de cortar, como hasta ahora, los eslabones que se dejan ver.