El documento de la patronal Foment del Treball que cifra en casi 60.000 millones de euros el déficit de inversiones en Catalunya es la prueba fehaciente de la orfandad política de los ciudadanos del Principat. No hay en estos momentos ningún gobierno ni ningún partido —ni español ni catalán— que pueda demostrar con hechos tangibles que su actuación está resultando útil para revertir esta situación que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha descrito como “alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”.

Muy escandalosa debe de ser la situación para que tenga que ser la patronal de tradición más conservadora la que tenga el coraje de poner en evidencia la negligencia del establishment político. Tendríamos que remontarnos un siglo para recordar algo semejante, los tiempos en que los Güell, Girona, Alsina o Cambó defendían los intereses del país, aunque desde una posición más ideológica que ahora. Obviamente y, como no podría ser de otra manera, Sánchez Llibre alza la voz porque el déficit en infraestructuras atenta contra la competitividad de las empresas, pero en este caso el informe titulado El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2025 no reclama lo que podríamos considerar privilegios de clase, sino que denuncia una injusticia que afecta sobre todo al conjunto de la ciudadanía, y los perjuicios siempre se ensañan con los sectores menos favorecidos, los usuarios de Rodalies, los que no tienen más remedio que circular por una red viaria que se cae a pedazos, sin olvidar la obsolescencia de la red eléctrica, la gestión del agua y el déficit de equipamientos y de recursos en sanidad y educación.

El dato más significativo del informe de Foment es la constatación de que el volumen de inversión es inferior al propio desgaste de las infraestructuras, es decir, que ni siquiera se realiza el mantenimiento necesario, lo cual supone un crecimiento constante del déficit. Sin embargo, lo políticamente relevante no es solo que las administraciones ignoren los problemas, que también, sino que cuando los reconocen y elaboran un presupuesto para intentar resolverlos, ese presupuesto no se ejecuta. Es la evidencia de la negligencia política, en primer lugar de la administración central y, en segundo lugar, de la administración catalana, que no ha estado a la altura de asumir la responsabilidad que le corresponde de servir a sus administrados.

El documento de Foment sobre el déficit acumulado de infraestructuras es la prueba fehaciente de la orfandad política de los ciudadanos de Catalunya. Muy escandalosa debe de ser la situación para que tenga que ser la patronal de tradición más conservadora quien tenga el coraje de poner en evidencia al establishment político

La negligencia de los gobiernos del Estado es algo sobradamente conocido y ha sido una constante independientemente del partido que ocupaba el Ejecutivo. El déficit se arrastra desde hace tantos años que difícilmente puede encontrarse gran diferencia entre PSOE y PP. Ahora, sin embargo, gobiernan los socialistas y lo hacen gracias a los apoyos catalanes que han sido imprescindibles para que Pedro Sánchez accediera al poder y se haya mantenido en la Moncloa durante los últimos ocho años. Se mire como se mire, el balance es el que es. Sánchez tiene muchas virtudes, entre ellas la audacia para hacer comulgar a los aliados catalanes con ruedas de molino. Un informe previo al de Foment, de la Cámara de Comercio, señalaba que el grado de ejecución de la inversión del Estado en Catalunya en 2022 fue del 42,9 %, lejos del 73,2 % de la media estatal regionalizada. Eso equivale a decir que la discriminación de los catalanes es sistemática.

Si la responsabilidad recae principalmente en quienes gobiernan, el Partit dels Socialistes de Catalunya es un destinatario principal del mensaje de Foment. Sobre todo porque el PSC ha sido la pieza clave que sostiene al PSOE en el Gobierno del Estado y, en cambio, no ha sido capaz de hacerse valer para revertir la situación. Si los socialistas no son capaces de hacer cumplir al PSOE en estas circunstancias, querrá decir que su incapacidad para exigir o incomodar a un gobierno con el que comparte proyecto es inherente al propio proyecto.

Salvador Illa se ha presentado más como un gestor de los asuntos materiales que, como suele decir, más preocupan a la gente, para contraponerlo a sus predecesores comprometidos con las reivindicaciones nacionales, como si fueran opciones incompatibles. La realidad es que bajo su mandato nada acaba de funcionar. Anuncia cada día y cada semana lluvias de millones para todo, pero la agencia publicitaria gubernamental tampoco tiene demasiado éxito. Todo el mundo está descontento con el Govern que se autodenomina de todos: los maestros, los médicos, los campesinos, las entidades del tercer sector, y todo tiene que ver con el dinero que no llega y que ni se reclama ni se piensa exigir.

La paradoja es que, pese a esta sensación de descontento generalizado, seguramente Illa volverá a ganar las elecciones catalanas aunque las encuestas le pronostiquen resultados a la baja. Ganará por incomparecencia de adversarios. No hay alternativa. O mejor dicho, no hay alternativa catalanista, porque alternativa españolista sí que la hay y funciona a menudo en el Parlament cuando PSC, PP y Vox lo consideran necesario.

La complicidad catalanista ha sido sustituida por el teatro de las rivalidades ideológicas en la disputa de las migajas institucionales. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, lidera este nuevo paradigma, y todo apunta a que la diputada Sílvia Orriols acabará el trabajo de hacer imposible cualquier tipo de reagrupamiento

Matizamos. No hay alternativa política catalanista, entendida como la defensa prioritaria de los intereses de los ciudadanos de Catalunya. Catalanismo sí que hay. El catalanismo es toda esa gente preocupada por el déficit de infraestructuras, por la economía del país, por la lengua y la cultura y que expresa su voluntad de ser catalana... y no es atrevido sostener, de acuerdo con las encuestas, que son una mayoría que no encuentra quién defienda con efectividad tangible los intereses, digamos, nacionales.

A lo largo de la historia, el catalanismo —no confundir con el independentismo— ha sido un movimiento transversal que se identificaba con objetivos concretos y compartidos. Es una obviedad muy repetida que la defensa de los intereses nacionales, aquí y en cualquier parte, requiere antes que nada la complicidad de todas las fuerzas comprometidas por encima de cualquier planteamiento ideológico. Nunca una nación dividida puede plantear ninguna batalla con posibilidades de éxito.

Esa complicidad, los partidos supuestamente catalanistas la han sustituido por el teatro de las rivalidades ideológicas en la disputa de las migajas institucionales. Desde la reforma del Estatut de 2006 hasta el procés, todas las estrategias de los partidos catalanes tenían como objetivo no ganar soberanía, como decían, sino morderse el espacio. En esto, también hay que decirlo, no todos han actuado con la misma inquina. La obsesión de un antipujolismo rencoroso ha estado omnipresente. No se puede negar que el diputado Rufián lidera este nuevo paradigma, de momento con buenos resultados personales, y todo apunta a que la diputada Orriols acabará el trabajo de hacer imposible, al menos a medio plazo, cualquier tipo de reagrupamiento catalanista.

El tiempo pasará. El catalanismo ha tenido épocas de auge y de declive. El profesor Joan Hortalà i Arau tiene escrito un opúsculo en el que clasifica los ciclos del auge catalanista, desde la guerra de los Segadores hasta el último proceso soberanista, pasando por el Decreto de Nueva Planta, la Renaixença, la Mancomunitat y la Generalitat. Son ciclos que se han repetido, más o menos, cada sesenta años. Así que tendrán que espabilar, quienes sigan vivos, para rescatar al país de la actual decadencia. Mientras tanto, como siempre ha ocurrido, ya hay y seguirá habiendo gente que procurará por su cuenta, qué remedio, contrarrestar el viento desfavorable, creando riqueza y procurando que la lengua propia no desaparezca.