Dos edificios al lado de la plaza de la Bonanova, el Kubo y la Ruïna, desde hace algo más de un mes están siendo noticia, aunque hace lustros que están okupados. Hasta principios de año nadie les había hecho caso ni constan quejas ni de la asociación de vecinos ni de vecinos en particular.

Iniciar la recta de las elecciones municipales y ponerse en marcha las derechas marginales y fragmentadas de Barcelona ha sido todo uno. Las estadísticas —poco fiables porque mezclan hechos muy diversos: allanamiento de morada y usurpación— dicen que las okupaciones han bajado un 16% en 2022 en Barcelona. Si separamos los allanamientos de morada de las okupaciones de inmuebles no domiciliarios deshabitados, la bajada sería todavía mayor. En efecto, allanamiento de morada supone entrar en casa de otro, lo habite o no en el momento de la injerencia. El domicilio es el lugar separado del exterior donde se ejerce la propia intimidad, es decir, las libertades más personales. Poco importa el régimen jurídico (si es de propiedad, de alquiler o una cesión) y si la residencia es permanente o no (por ejemplo, hotel, segunda vivienda vacacional o un estudio). No es presumible un alto volumen de invasión de segundas residencias en Barcelona, porque los barceloneses suelen poseer esta segunda fuera de la ciudad. Al fin y al cabo, tendrán razón los que dicen que la okupación es un problema, pero no es el problema. De hecho, preocupa —con c— bien poco a la ciudadanía. Sin embargo, sea como sea, el hecho es que la okupación baja sensiblemente en Barcelona.

Establecido esto, hay que preguntarse por qué, habiendo más inmuebles okupados en la ciudad, las derechas marginales y fragmentadas han ido a escoger los dos de la Bonanova. La razón es simple: es donde creen que tienen el calador de votos barceloneses más importante. Las proclamas que utilizan, solo de un tiempo a esta parte, contra la okupación en la parte alta no las utilizan en otros barrios donde no se comen, electoralmente hablando, un rosco. Una vez más, los principios por delante. Así, bien magnificado por los medios amigos y los que lo compran acríticamente, un hecho minúsculo se ha convertido artificialmente en un fenómeno espumoso. Hasta el 29 de mayo, claro.

Resulta claro que los okupas, si tienen que ser desahuciados —y parece que lo tienen que ser—, lo serán después de las elecciones, cuando su desahucio no interese ya electoralmente

Vayamos, sin embargo, un poco al fondo del asunto. Al margen —o no tan margen— de que la normativa obliga a los propietarios a conservar su propiedad en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas y al margen —o no tanto— de las obligaciones municipales de perseguir la dejadez de los propietarios, al margen —o no— de todo esto, una buena pregunta reside en saber quién es el titular de la propiedad de los dos edificios en cuestión. Pues la propietaria es la Sareb —el banco malo—, la gran tenedora pública de inmuebles, pagados por todos los españoles para rescatar los activos tóxicos inmobiliarios de la banca española cocausante de la crisis de 2007, la crisis que no nos iba a costar un céntimo de rescate bancario.

Además, un tema nada menor es saber por qué esta tenedora, recordemos, pública, ha esperado tanto tiempo para actuar judicialmente. Bien podría ser porque los inmuebles ya tenían taras costosas de reparar o estaban en todo o en parte fuera de normativa urbanística o porque esperaban un deterioro tal que fueran adquiridos por las administraciones. Estas hipótesis son tan buenas como otras ante la inexplicable inacción de la propiedad.

Después de años y años, la Sareb ha iniciado el proceso civil —no el penal, que los jueces, con razón, no aplican a los grandes tenedores porque no está en juego la propiedad— de desahucio. Con respecto al Kubo, está acabado, pero, a petición de los Mossos d'Esquadra, en tanto que constituye una unidad con la Ruïna, el juzgado aplazó el operativo, hasta que el segundo proceso acabara, cosa que no será inmediata, ya que los okupas no han comparecido todavía en este segundo proceso. Y olvide el lector la leyenda urbana del desahucio exprés.

En estas, sin saber ni cómo ni por qué ni —lo que es más importante— quién los pagado, pizzas de regalo incluidas, brotan por la calle miembros de la empresa Desokupa y, con toda la chulería del mundo, dicen que desahuciarán a los okupas. La policía, obvio resulta, les dice que ellos no son quién para desahuciar a nadie, que son unos particulares sin ninguna autoridad, que los desahucios los ordena el juez y los ejecuta, dado el caso, la policía. Como si no lo supieran. A pesar del griterío y las provocaciones, Desokupa no desokupa a nadie, pero sí que monta una ruidosa manifestación con poca, pero animosa, gente, en la pequeña plaza de la Bonanova. Esta derrota política, judicial y policial se celebra como una victoria. Victoria alternativa, claro está. No es ninguna victoria la existencia de unos perjudicados evidentes: los que pagarán los platos rotos serán en especial los comerciantes que han visto sus negocios dañados. Ya veremos quién será el responsable final de los daños producidos.

De todos modos, resulta claro que los okupas, si tienen que ser desahuciados —y parece que lo tienen que ser—, lo serán después de las elecciones, cuando su desahucio no interese ya electoralmente. Los patriotas de la propiedad, que no se jugaban la suya, habrán tenido, a la hora de comer en su casa, su minuto de gloria, tan infructuoso como su influencia real en la vida ciudadana. Ni han intentado resolver el problema de la okupación ni el de la vivienda. Parafraseando a Mourinho, en Barcelona hay teatro, sin embargo, visto lo que hemos visto, no siempre del bueno.