La frase del titular es del president Salvador Illa y la escribió esta semana en su cuenta de la red X después de que se aprobara la nueva regulación del alquiler de temporada y habitaciones. No voy a referirme ahora a esta nueva reglamentación, pero vaticino que, como toda la normativa reciente sobre la cuestión, provocará una nueva reducción del mercado de alquiler y más dificultades a la hora de acceder a un hogar, sobre todo para las familias con hijos, la gente mayor y los jóvenes. Ya lo veremos en los próximos meses y años. Pero sí querría hacer un comentario relativo a la frase en cuestión. La sentencia, por supuesto, no es ninguna sorpresa. El president de Catalunya es un socialista pétreo, clásico, que cree firmemente en los principios de la izquierda tradicional. Le hemos escuchado muchas veces defender los impuestos altos para sostener los servicios públicos, le hemos escuchado defender la inmigración para ayudar a pagar las pensiones y le hemos escuchado, más recientemente, abrazar los nuevos dogmas de la izquierda doctrinal en materia habitacional. Nada que decir. Es su ideología y es el president legítimo de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, el desarrollo práctico y efectivo de la frase nos lleva, inevitablemente, a la destrucción del mercado inmobiliario y a una crisis habitacional de dimensiones bíblicas.
Si nadie puede hacer negocio con la vivienda, nadie construirá ninguna vivienda para vender o alquilar
Me explico. Si nadie puede hacer negocio con la vivienda, nadie construirá ninguna vivienda para vender o alquilar. Nadie comprará una vivienda en mal estado y la reformará para su posterior venta. Ningún promotor comprará ningún solar en ninguna parte para levantar unos cuantos pisos, ni siquiera reservando unos cuantos para vivienda protegida. El mercado y el sector, en Catalunya, entrarán en bancarrota y en una parálisis total. Las empresas constructoras, atención, seguirán facturando, pero construirán en otros territorios del Estado o harán obra pública. Pero el mercado, de venta o alquiler, desaparecerá definitivamente. Y solo podrán acceder a una vivienda los que ya tengan una o los que hereden una. El resto de la población, sobre todo los jóvenes que quieran emanciparse, solo podrán intentar acceder a una vivienda protegida; pero la mayoría seguirá viviendo en casa de sus padres. Ni siquiera podrán compartir habitación, al menos legalmente, porque con la nueva regulación aprobada esta semana cualquier propietario preferirá alquilar a una sola persona que a un grupo, si el rendimiento es el mismo. Será el último clavo del ataúd de la clase media y tendremos un país con una pequeña clase alta inmune a todo esto y una gran masa de trabajadores precarizados. ¿Es el país que queremos? No. Tampoco es el país que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y que algunos queremos dejar a nuestros hijos y nietos.
Para contextualizar un poco, a nadie se le ocurriría hacer declaraciones similares referidas a otros sectores: “No permitiremos que se haga negocio con la alimentación” o “no permitiremos que se haga negocio con la seguridad” o “no permitiremos que se haga negocio con la enseñanza” o “no permitiremos que se haga negocio con la salud”. Son cuatro sectores estratégicos y vitales para la población, donde empresas privadas hacen negocio. ¿Queremos nacionalizar Bonpreu? ¿Queremos nacionalizar Catalana de Seguretat? ¿Queremos nacionalizar Esade? ¿Queremos nacionalizar Grifols? ¿Verdad que no? Es totalmente compatible favorecer el interés general y querer corregir las derivadas negativas del mercado libre con la colaboración entre el sector público y el sector privado. De hecho, en todo el mundo se ha demostrado que la concertación es la mejor forma de tener una economía funcional con servicios públicos de calidad. Porque lo importante es el servicio prestado, y no la titularidad del servicio. En Cuba y Venezuela todos los servicios públicos son del Estado, mientras que en Alemania y Países Bajos la concertación público-privada es habitual en los servicios públicos. ¿Dónde querría vivir, usted? La crisis de la vivienda solo tendrá un principio de solución si se busca el punto de encuentro entre propietarios e inquilinos, con derechos y deberes para todos. Por cierto, el nuestro es un país de propietarios donde la mayoría de la gente vive en pisos y casas de propiedad; quizás a alguien le ha interesado tensar la cuestión y convertirla en un tema político.
La frase del president no es una flor de verano. El otro día el diputado de izquierdas Gabriel Rufián soltó al Congreso una de sus frases ingeniosas, siempre pensadas para ser una píldora para circular por redes: “Una familia, una casa”. ¿Quién puede estar en contra? A mí, como a todo el mundo, me parece muy bien que cada familia tenga una casa en la que vivir. Ahora bien, la frase esconde otra intencionalidad e incuba un cambio de paradigma. Su idea, compartida por sectores de la izquierda dogmática, es que nadie pueda tener más de una casa, aparte, por supuesto, de una segunda residencia en otro municipio, porque ya sabemos que para ser dirigente de la izquierda caviar es necesario tener una casa en Cadaqués, en Das o en Salardú. La idea de fondo es que nadie, por tanto, pueda tener más de dos casas o pisos. El eslogan funciona como propaganda política, pero también deja muchas preguntas relevantes sin respuesta. La primera de todas: si este nuevo mantra se llevara a cabo, ¿quién alquilaría un piso a una familia, si nadie tuviera un segundo piso para ponerlo en alquiler? Si una familia recibe un piso en herencia —lo que ocurre cada día y es muy frecuente en nuestro país—, ¿debería venderlo de forma automática? Si no se puede hacer negocio con la vivienda y solo se puede tener una casa (o dos como máximo) por familia, la respuesta se halla solo en el sistema socialista: que el Estado convierta la vivienda en un derecho y nos dé un piso a cada uno. Adelante. ¿Lo hará? Espóiler: no.