Lo que pase en estas elecciones municipales en Tarragona, Lleida o Girona, en Vic, en Reus o en Granollers, en Mollerussa, en Puigcerdà o en Tortosa será importante localmente en la medida en que gobiernen alcaldes competentes independientemente de su ideología, pero la trascendencia principal de las elecciones municipales en Catalunya, lo que más afectará el conjunto de pueblos y ciudades del país se dirime en Barcelona, porque por primera vez a la historia ha surgido una tendencia dominante para que Barcelona se cierre en ella misma y se desentienda del mundo y del país que lo ha hecho grande. Los ciudadanos de todo Catalunya, de la Catalunya ciudad que es una realidad sociológica, tendrían que reivindicar su derecho a decidir sobre Barcelona, porque el resultado los afecta tanto o más que a los vecinos de la capital. Y ahora más que nunca.

Catalunya es una realidad policéntrica, una red de ciudades y municipios que se interrelacionan, trabajan, comercian, incluso compiten, pero en un ejercicio de sinergia global inherente a una historia y una estructura socioeconómica del país absolutamente autóctona y diferente. A diferencia, por ejemplo, de Madrid, que como un eucalipto absorbe energías y personas de su alrededor, provocando el fenómeno de la "España vaciada", en Catalunya la población y la actividad económica y cultural se mantiene estables en el conjunto del territorio (con alguna excepción que hay que reconocer en el ámbito rural). La gente de Vic o de Reus se arregla por su cuenta, pero sabe que puede contar con Barcelona como palanca para ir más lejos. Y al mismo tiempo, Barcelona no sería lo que es si no fuera por las energías que le aporta cotidianamente el conjunto del país.

Por primera vez a la historia, la ciudad ha sido gobernada con la idea de que Barcelona es solo para los barceloneses empadronados y eso marca un punto de inflexión histórico con la concepción abierta y universalista que ha caracterizado a todos, a absolutamente todos, los alcaldes anteriores de la ciudad.

La cuestión que ahora se plantea es si Barcelona tiene que ser una ciudad pensada solo y estrictamente para sus vecinos, que efectivamente son los que votan y deciden quién gobierna la ciudad, o Barcelona tiene que ser una ciudad competitiva con relación a las grandes ciudades europeas, aprovechando las energías del país y catapultar las iniciativas catalanas en el mundo globalizado. Y por primera vez en la historia, y hay que subrayar esta inflexión, la ciudad ha sido gobernada por una opción política que opta y aplica la idea de que Barcelona es solo para los barceloneses empadronados. Alguien se escandalizará con el símil, pero la filosofía es la misma que cuando Donald Trump proclamaba aquel eslogan suyo America first. Se trata de una idea aislacionista que antes que Trump promovieron los contrarios a la implicación de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo.

Salvando obviamente todas las distancias, este Barcelona first implica un aislamiento de la ciudad con respecto al resto del país y también al resto del mundo. Se han impuesto obstáculos para llegar a la ciudad y disuadir la llegada de trabajadores y comerciantes del resto del país, como anteriormente disuadían las antiguas murallas. El rechazo a la ampliación del aeropuerto es como ha dicho la alcaldesa para que no venga gente de fuera. Todo responde a una misma filosofía de cierre. Mejor que no vengan en coche, ni en barco, ni en avión (y en tren tampoco porque pueden). Ni turistas, ni comerciantes, ni repartidores, ni siquiera estudiantes... Eso marca un punto de inflexión histórico con la concepción abierta y universalista que ha caracterizado a todos, a absolutamente todos los alcaldes anteriores de la ciudad. Podemos citar a Rius y Taulet, el alcalde de la exposición universal de 1888, al barón de Viver por la de 1929, incluso a Porcioles por la "Ciudad de Ferias y Congresos" y, por supuesto, a los alcaldes Serra y Maragall por los Juegos Olímpicos. La alcaldesa Colau empezó poniendo pegas al Mobile —y se lo tragó porque se jugaba el cargo— pero la fijación se ha mantenido a lo largo de su mandato.

Hay un problema democrático en Barcelona cuando el 20% impone su voluntad al 80%

Hay que decir que la alcaldesa Ada Colau ha tenido más audacia que sus contrincantes al apropiarse de las banderas mainstream del momento, del feminismo, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático y la contaminación. Lo ha popularizado a fuerza de declarar la guerra el coche, potenciar el negocio privado del tranvía y el Bicing y aplicar autoritariamente un urbanismo táctico que favorece unas zonas en detrimento de otras. Y estas banderas han tenido un éxito politicoelectoral considerable a pesar de sus efectos contraproducentes. El tráfico en la ciudad ha empeorado, la contaminación ha aumentado en las calles por donde pueden pasar los coches y la gentrificación y los precios de la vivienda se han disparado. Pero lo más trascendente es que, a largo plazo, este alejamiento de la ciudad respecto al resto del país rompe un equilibrio de interacciones que solo puede tener como consecuencia un empobrecimiento general del país entero. Si Vic y Reus dejan de aportar a Barcelona, Barcelona pierde y Reus y Vic, también. Es una cuestión de sentido común. En el sálvese quien pueda y la revolución tecnológica, Barcelona dejará de ejercer el papel de capital de referencia para los catalanes, algo que ni el franquismo pudo conseguir. Hay detrás de todo una mezcla de componente ideológica y de ignorancia, pero también y sobre todo un problema de déficit democrático. El Gobierno de Ada Colau ha impuesto este cambio copernicano sin precedentes solo con el apoyo del 20% de los que votaron en el 2019. Es decir, lo ha hecho contra el 80% de los barceloneses, pero lo ha podido hacer porque socialistas y republicanos, que ahora ponen el grito en el cielo contra el desastre, se lo han facilitado a cambio de paguitas unos y de intercambios de favores en el Parlamento los otros. Las encuestas vaticinan que Colau volverá a gobernar con el 20% de apoyos contra el 80% restante que, a pesar de las evidencias, es incapaz de articular una alternativa y el país —barceloneses incluidos— pagarán las consecuencias.