Después de la muerte de Franco no hubo la ruptura democrática que tanto se había reivindicado en las calles porque los partidos políticos se conformaron con una reforma que imponía al monarca nombrado por el dictador y el mantenimiento de las estructuras de Estado preexistentes, especialmente los poderes militar, judicial, policial y financiero. Así que el principal cambio fue la legalización de los partidos políticos con un sistema electoral que ha mantenido la distribución del poder de arriba abajo y no al revés. Dicho de una manera más cruda: la Transición consistió en abrir el negocio del Estado a nuevos participantes.

Lo que ahora ha trascendido sobre cómo ha intentado ganarse la vida José Luis Rodríguez Zapatero después de haber sido presidente del Gobierno no debería sorprender demasiado, teniendo en cuenta los precedentes protagonizados por otros destacados miembros del mismo gremio. El sistema, las leyes, lo han permitido. Bueno, lo permiten hasta cierto punto, y más allá de ese punto ha existido una especie de tolerancia comúnmente aceptada. La prueba más evidente de este laisser-faire, laisser-passer la tenemos en lo más alto: el sistema permitió y ocultó la voracidad recaudatoria del rey Juan Carlos.

Sin ir más lejos, la subvención de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra era tan escandalosa ahora como hace cinco años, pero entonces un juzgado de Madrid sentenció que todo era legal y correcto. Después la Audiencia Provincial lo ratificó y, aún más, el Tribunal de Cuentas cerró una investigación paralela al no apreciar perjuicio para los fondos públicos.

El caso Zapatero fue archivado por tres tribunales y se ha reabierto porque han intervenido potencias extranjeras, especialmente Francia, Suiza… y Estados Unidos.

El caso Zapatero se ha reabierto porque han intervenido potencias extranjeras, especialmente Francia, Suiza… y Estados Unidos. No hace falta ser conspiranoico para entender que las posiciones políticas del Gobierno en el escenario internacional han sido osadas. Pedro Sánchez ha plantado cara a Israel en el conflicto de Oriente Medio, ha plantado cara a Estados Unidos en la guerra de Irán y ha establecido un marco de relación preferente con la República Popular China. Y Zapatero ejercía de hombre bueno ante la Venezuela de Nicolás Maduro. Estas iniciativas siempre tienen consecuencias, más allá de la buena acogida que hayan podido recibir entre la opinión pública española. Y no hay que olvidar que las relaciones internacionales también han experimentado una sofisticación tecnológica. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió el teléfono de la canciller Angela Merkel durante más de una década y el presidente del Gobierno fue y seguramente sigue siendo objeto de espionaje con el sistema Pegasus.

En España ha habido casos de corrupción flagrante, desde Filesa hasta Gürtel, pasando por los ERE de Andalucía o las tarjetas Black y Bankia. Pero, más allá de eso, era un secreto a voces la manga ancha con la que se han financiado los partidos políticos, con estructuras y campañas electorales insostenibles. Y, detrás de la financiación de los partidos, estaban los Bárcenas de cada lugar, que consideraban que su función recaudadora merecía una recompensa.

Además de todo esto, es frecuente, aquí y también fuera, que los gobernantes, una vez abandonan el poder ejecutivo, se dediquen a lo que se denomina consultoría, que consiste en conseguir buenos negocios para sus patrocinadores aprovechando la agenda, los contactos y los intercambios de favores acumulados durante su mandato. Las grandes corporaciones, los bancos y toda clase de lobbies fijan su prioridad en conseguir decisiones del poder político que les aseguren mantener al alza su cuenta de resultados. Esto ya ocurría con las cacerías de Franco, tal como describió Berlanga en La escopeta nacional, y el sistema se ha mantenido para que, por poner un ejemplo, Florentino Pérez solo pierda cuando el Real Madrid juega mal, como este año.

Este modus operandi tácitamente reconocido y con una falta de regulación impropia de un Estado de derecho ha formado parte de cierto consenso sobre el funcionamiento del sistema. Sin embargo, este consenso se rompe por tres hechos prácticamente coincidentes en el tiempo: la corrupción del rey, que pone en peligro la monarquía; el ascenso inicialmente vertiginoso de una fuerza política republicana ajena al sistema como fue Podemos, y el procés soberanista catalán… El sistema, el régimen, tambaleaba, se sentía amenazado y los poderes fácticos del Estado pasaron al ataque con todos los instrumentos legales e ilegales de los que disponían.

Así fue como el Estado profundo hizo todo lo posible, con tanta guerra sucia como necesitó, para neutralizar primero y prácticamente desarticular el partido de Pablo Iglesias y perseguir y encarcelar a políticos catalanes y referentes de la sociedad catalana. Lo que no estaba previsto era que el partido que había ejercido como principal fuerza del sistema, el Partido Socialista, no solo ignorara los desafíos republicanos y soberanistas, sino que, habiendo perdido las elecciones, pero haciendo de la necesidad virtud, articulara una mayoría parlamentaria tácitamente republicana e incorporara en su programa de gobierno reivindicaciones independentistas de tanta trascendencia como la amnistía.

Las investigaciones prospectivas han formado parte de la guerra sucia de los poderes del Estado y, de tanto buscar y rebuscar, la policía patriótica es capaz de encontrar indicios para hacer caer a quien sea necesario

Desde el punto de vista de los poderes fácticos del Estado, lo que ha hecho Pedro Sánchez es una traición de lesa patria que justifica continuar contra él la misma guerra sucia que antes se practicó contra Podemos y contra los independentistas catalanes. Y por eso se han llevado a cabo investigaciones prospectivas buscando cualquier acción que permita sospechar y articular una acusación. Se hizo con el fiscal general, a quien no le perdonaron que pidiera al Tribunal Constitucional que desestimara el recurso del Tribunal Supremo contra la amnistía, pero también lo hacen en asuntos de poca relevancia que siempre habían sido tolerados y que ahora ya no le pasan por alto a la esposa o al hermano del presidente del Gobierno. Tampoco, obviamente, en el caso del expresidente Zapatero. La guerra sucia continúa, las investigaciones prospectivas forman parte de la guerra sucia, y ocurre que, a veces, de tanto buscar y rebuscar, la policía patriótica acaba encontrando material suficiente para que los jueces continúen el trabajo, a veces con lawfare cuando no queda más remedio y otras sin necesidad de ello cuando los indicios son tan evidentes que no hace falta.