La ministra de Igualdad no es capaz de entender por qué existe la institución jurídica de la mayoría de edad. Aunque es difícil explicar gran cosa a quien se empecina en no querer escuchar, lo intentaré. Y también intentaré explicarle su enorme error al creer que la explotación sexual femenina se combate permitiendo a las menores de edad abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres.

La mayoría de edad es un criterio jurídico de ordenación de las conductas. Sirve para saber cuándo hay delito en una relación sexual, o cuando se puede presumir la madurez suficiente para testar, o para casarse, o para comprarse un piso.

La ministra, que ya es madre de tres criaturas, tal vez no entenderá esto hasta que crezcan. O tal vez ni entonces (la desnaturalización materna existe): si Montero se sale con la suya, a una niña, aunque en el presente la hipersexualización de la adolescencia no quiera enfocarse como lo que es, una errónea intelección de la libertad, aunque solo tenga 14 años se le va a permitir abortar sin que sus padres lo sepan, al mismo tiempo que a éstos se les exige que den el consentimiento para que en el colegio les suministren un sencillo analgésico o para que puedan ir de excursión. En ese ámbito tan íntimo y trascendental como lo es la aventura de ser abuelos, los padres ¿no tienen nada que decir? ¿Ni siquiera van a tener la oportunidad de decirle a su hija que piense en la decisión que va a marcar permanentemente su vida y que para el caso de que decida seguir adelante con el embarazo, van a estar ahí con ella? ¿O es que la ministra está pensando en esos padres que molerían a palos a la embarazada y para lo que ya existen medidas alternativas de seguridad?

A una niña de 14 años se le va a permitir abortar sin que sus padres lo sepan, al mismo tiempo que a éstos se les exigirá que den el consentimiento para que en el colegio le suministren un sencillo analgésico o para que pueda ir de excursión

Pretende la ministra analfabeta (con perdón, pero es que está visto que tener una carrera universitaria no es garantía de casi nada), que liberando a las hijas del “yugo” del conocimiento que sus padres puedan tener del embarazo (a ellos solo les corresponde darle la paga y ponerle la ropa en la lavadora), la explotación femenina desaparecerá, o que al menos decrecerá. Tal vez su error es no haberse rodeado de gente con el mínimo conocimiento de cómo funciona el tema, porque la explotación comienza cuando los coautores del embarazo pueden desentenderse tan fácilmente de cualquier responsabilidad. La explotación comienza cuando cualquiera de nosotros se convierte desde su concepción en el resultado de una caprichosa decisión de otros, compelida en muchos casos por quienes no están dispuestos a cargar con las consecuencias de sus actos, o quienes se lucran de que el Estado ponga a su disposición los medios para dejar a la mujer explotada de nuevo lista para seguir siéndolo. Incluso en el caso de que una menor haya quedado embarazada en una violación, ¿entenderían que debe correr con la desgracia sin que a sus padres asista el menor derecho de saber, reconfortar y ayudar?

Quienes usen la nueva regulación para esconderse y actuar no son objeto de este comentario. Yo creo que nadie está legitimado para juzgar las decisiones de los demás. Pero de los gobernantes sí tenemos obligación de denunciar los errores que creemos que cometen. No tienen derecho a hacer de aprendices de brujo de una ingeniería social inquietante. Estos humanos que no han podido detener la muerte que provoca un virus se arrogan el supuesto poder de decir que tenemos derecho a marcar el inicio (y el final) de la vida de otro sin consultar nada a quienes nos la dieron y que, mientras no llegamos a la mayoría de edad, han ostentado y cargado con la patria potestad. ¿Será que no les gusta la palabra patria o seguirá siendo una contumaz (y contradictoria) alergia a la palabra potestad? Tal vez sea solo, y como tantas veces, una cortina de escándalo tras la que esconder cuestiones más lucrativas.

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