En un artículo anterior reciente afirmaba que el mundo de la empresa sigue sus dinámicas propias más allá de dos ingredientes que se consideran básicos en el mundo de la política (ElNacional.cat 9/2/2020). Para la gran mayoría de empresas, el hecho de que un gobierno sea estable o inestable, o bien el hecho de que haya o no haya presupuestos públicos, como ha pasado últimamente en España y en Catalunya, les resulta completamente indiferente. Pero no todas las empresas viven al margen de la política. Hay muchas que dependen de ella y por eso pueden llegar a ser muy activas en este terreno. Y hay otras, que, sin depender de ella, también lo son. Veamos por qué y cuáles casuísticas y grados se dan.

Antes de nada hay que aclarar que hay políticas y políticas: la del estado español es política con mayúsculas, porque tiene todo el poder que le deja la UE, que no es poco, sobre ingresos, gasto e inversión; la de la Generalitat es política con minúsculas, porque sólo tiene el poder que le deja el Estado, con un margen de maniobra económica y competencial más pequeño de lo que nos pensamos. Con la circunstancia de que el Estado puede intervenir este poder prácticamente a discreción, como muestran las aplicaciones del 155, el déficit fiscal o la imposición de una disciplina presupuestaria que no aplica en su casa.

En este contexto, ¿qué tipo de empresas son las más interesadas en que el entorno político sea estable y que se disponga de presupuestos públicos?

La finalidad principal es que la economía se pueda desarrollar en unos entornos con las mínimas incertidumbres posibles, en este caso políticas

En primer lugar, tenemos las empresas que operan en mercados sujetos a regulación, como pueden ser por ejemplo el energético, el financiero o la oferta de suelo urbanizable. No van tras el dinero directamente, sino de normas que mejoren el funcionamiento de sus mercados respectivos y, eventualmente, tras normas que les sean favorables y les permitan ganar más que antes. La ausencia de gobiernos estables hace que los grupos de interés en estos mercados no encuentren interlocutores políticos adecuados porque los que hay tienen posiciones débiles para emprender iniciativas normativas. Por eso, muchas empresas rezan para que haya gobiernos y para que estos sean más sólidos y estables, que no haya vacío de poder, y si puede ser, que sean del color que los pueda favorecer más, claro.

Otro grupo muy importante de empresas interesadas indirectamente en política, son las que trabajan para el sector público. Las hay que suministran bienes y servicios operativos (como por ejemplo los consumibles de los hospitales o las escuelas), otras proveen infraestructuras de interés público, como por ejemplo puertos, aeropuertos, autovías, infraestructuras ferroviarias; otras prestan servicios públicos de manera concertada con la administración (como para muchos hospitales y centros educativos). Si no hay estabilidad política ni presupuestos, se opera, como bien sabemos en Catalunya y en España, con prórrogas. Y esta es una situación que afecta de una manera muy negativa en especial a las empresas que dependen de la inversión pública, porque la inestabilidad y la falta de presupuestos impiden emprender proyectos de un cierto vuelo. Este problema afecta, por ejemplo, a las grandes empresas constructoras de obra pública.

También hay empresas que tienen un interés general en la política y que no se pueden encuadrar claramente en ninguno de los dos grupos anteriores, porque se mueven por intereses más generales, como los que representan los agentes sociales. Así, las organizaciones empresariales van detrás de normativas que favorezcan los intereses del empresario y de los accionistas, de la misma manera que los sindicatos hacen exactamente lo mismo pero defendiendo los intereses del factor trabajo. Unos y otros, si no hay gobiernos sólidos, no tienen interlocutores políticos con la fuerza suficiente para emprender iniciativas que son de su interés. Por eso los agentes, cuando no hay, acostumbran a reivindicar de manera insistente gobierno y presupuestos.

Finalmente también hay empresarios y directivos, sobre todo de grandes empresas, que tratan de influir con el fin de conseguir gobiernos estables. La finalidad principal es que la economía se pueda desarrollar en unos entornos con las mínimas incertidumbres posibles, en este caso políticas. Por eso se adaptan a los gobiernos de cada momento, independientemente de su color. Sin embargo, es fácil encontrar en este colectivo de empresas propietarios y directivos que juegan activamente en política, de manera directa o indirecta a través de múltiples medios. Van detrás de la constitución de gobiernos estables y de presupuestos, sí... de su color.

Todos juntos, unos por autointerés (empresas reguladas, proveedoras de la compra pública, patronales y sindicatos), otros por vocación (algunos empresarios y directivos) y otros para favorecer el interés general de la economía, van a remolque de la política. Ahora bien, la gran mayoría del sector empresarial a nivel individual vive al margen de si cuesta más o menos formar gobierno o de si hay o no presupuestos aprobados, porque ya tienen bastante trabajo en su casa.