La caída del consumo privado en las primeras semanas de confinamiento viene en buena parte determinado por el hecho de que ha desaparecido mucha de la oferta habitual, como ferreterías, tiendas de ropa, bares, restaurantes, cultura, ocio, servicios de cuidado personal y un largo etcétera. El consumo privado habrá caído en un mes más de la mitad con respecto a un mes normal, como recogía en mi último artículo.

En una situación de falta de oferta como el actual se compran las cosas esenciales para sobrevivir físicamente (alimentación, limpieza e higiene) y farmacia. Se gasta menos porque se pueden comprar pocas cosas; pero a eso se añade que muchas personas y familias han visto bajar el suyos ingresos actuales y prevén que bajen también los ingresos futuros. De momento como grandes grupos que han quedado fuera del alcance de la crisis destacan los trabajadores de los sectores llamados esenciales (siempre que no se les haya reducido el salario), los jubilados, los empleados del sector público y organismos de los que dependen, y alguno más, que, por ahora, mantienen asegurados sus ingresos.

¿Y cuáles son los principales colectivos que ven reducida su renta personal y, por lo tanto, su capacidad de consumo? En primer lugar, los trabajadores sometidos a un ERTO (expediente de regulación temporal de empleo): más de 603.000 personas, es decir un 22% de los afiliados al régimen general de la Seguridad Social, la mayoría de los cuales pasan a cobrar una prestación por desempleo del 70% de la base reguladora de su sueldo bruto los primeros 180 días (después el 50%).

En segundo lugar están los autónomos (con empleados o sin) que han cesado o que han reducido mucho su actividad. Si han hecho los trámites pertinentes pueden acceder a diferentes prestaciones de carácter muy limitado y temporal, con el resultado de menor renta. Los autónomos que no se acogen a la ayuda en cuestión porque trabajan a medio gas, han visto reducir sus ingresos de manera alarmante, y sin ninguna red bajo de ellos. De momento todos han pagado las cuotas a la Seguridad Social de marzo y las tendrán que seguir pagando (con moratoria, si lo piden) en el futuro, por lo tanto, menos renta disponible.

El estado español ha reaccionado cubriendo las necesidades de ingresos de mínimos de la mayor parte de la población más vulnerable. No está claro que haya hecho lo que hacía falta con los ingresos de los que generan riqueza, las empresas y los autónomos

En tercer lugar, tenemos los trabajadores que, a remolque del Covid-19, han pasado a engordar las cifras de paro. En el mes de marzo los parados registrados han crecido en 21.833 personas, para situarse en la cifra de 417.047 personas el total de parados. Si a estos los añadimos los ERE, los desocupados se suben hasta la estratosférica cifra de 1.020.000 trabajadores, el 26% de la población activa catalana). Todos ellos siguen ingresando, sí, pero bastante menos que cuando trabajaban.

La crisis sanitaria también ha afectado a los trabajadores de la economía sumergida, la mayoría de los cuales han dejado de trabajar y han pasado a depender de los ingresos de otros miembros de la familia o de subsidios para personas vulnerables que el Estado ha activado de manera urgente y extensiva. Un ejemplo lo tenemos en un colectivo tan específico como los empleados del hogar. Todo ellos tienen menor capacidad de consumo que un mes atrás.

Para todos los afectados por la crisis sanitaria, hay algunas medidas orientadas específicamente al primer concepto de gasto, que es la vivienda. El Estado ha arbitrado medidas para aligerar alquileres e hipotecas, lo cual hace aumentar temporalmente su renta disponible. Pero hace bajar la de los propietarios. En este sentido, también hay que tener presentes los múltiples afectados por la reducción de los rendimientos y del valor de activos patrimoniales privados (fondos de pensiones, fondos de inversión, valores, etc.). También gastan y gastarán menos.

En resumen, un panorama que se reflejará en las cifras de consumo privado del último mes y, por lo tanto, en el PIB de nuestra economía. El estado español ha reaccionado cubriendo las necesidades de ingresos de mínimos de la mayor parte de la población más vulnerable. No está claro que haya hecho lo que hacía falta con los ingresos de los que generan riqueza, las empresas y los autónomos. Ni tampoco con los ingresos y gastos de la administración pública.

Modest Guinjoan, economista.