Hace exactamente una semana se reunían en La Moncloa Pedro Sánchez y Pere Aragonès, y el titular resultante es que la mesa de diálogo se dedicará, en primer lugar y con total prioridad, a la "desjudicialización". Lo primero, y más evidente, por lo tanto, es que la mesa ha transmutado. Ahora ya no se hablará del "conflicto", sino de sus consecuencias, es decir, de cómo intentar ablandar el castigo, la represión, derivada de la derrota del independentismo en octubre del 2017. Se dedicarán a buscar píldoras para calmar los síntomas, no a tratar la enfermedad. La enfermedad es muy complicada, y Sánchez no tiene ningunas ganas de abordarla ni en serio, ni medio en serio. Más trabajo tiene procurando ganar las elecciones que llegarán el año que viene.

Tanto es así que, pueden estar absolutamente seguros, si no fuera por que necesita los votos de ERC en el Congreso de los Diputados, Sánchez ni habría recibido a Aragonès en La Moncloa ni mucho menos habría accedido a convocar la tercera reunión de la célebre mesa. Necesita los votos para poder llegar con los mínimos problemas y estorbos a las autonómicas, municipales y generales españolas del 2023. También ha accedido porque ERC se lo pide. Los de Aragonès y Junqueras han basado —con un entusiasmo sorprendente— toda su estrategia y sobre todo su relato en el diálogo y la negociación con el gobierno de Madrid. Hasta no hace mucho reclamaban hablar de "autodeterminación y amnistía", cosa que repetían siempre que abrían boca. Ahora han cambiado de disco y martillean sobre la "desjudicialización". Tan encadenada está ERC a la mesa de diálogo que, como aquel que dice, ha rogado una nueva escenificación a Sánchez y su gobierno. Eso a pesar de que todo apunta a que Sánchez ordenó al CNI violar los móviles de un grupo de independentistas —empezando por el de Aragonès— y sus entornos utilizando la fuerza intrusiva brutal del programa israelí Pegasus.

Hay que recordar que el Gobierno no puede "desjudicializar" nada. Es una regla fundamental de la separación de poderes

Por último, hay que recordar —¿hay que hacerlo, realmente?— que el Gobierno no puede "desjudicializar" nada. Es una regla fundamental de la separación de poderes. El Gobierno puede indultar —ya lo ha hecho—, pero no puede dar órdenes a la justicia —y menos a la cúpula judicial, con la cual se encuentra en medio de una guerra abierta y de hace tiempo indisimulada. Naturalmente, la justicia española no aceptará ni órdenes, ni sugerencias, ni siquiera reflexiones de Sánchez al respecto de lo que Aragonès y los de ERC llaman la "desjudicialización".

Sánchez podría, en efecto, impulsar una reforma del delito de sedición, que, tal como está tipificado en España, es una anomalía a nivel europeo. Beneficiaría a gente que está en el exilio y a gente que se encuentra en Catalunya. Sin embargo, aunque el PSOE estuviera dispuesto a sacarlo adelante —a pesar que no está claro que haya en el Congreso una mayoría suficiente que lo avale— y, efectivamente, se consiguiera, supondría tan sólo aflojar parcialmente la persecución judicial contra el independentismo. Recordemos que, de las decenas y decenas de personas que están metidas en causas judiciales derivadas del procés, sólo una parte pequeña lo está por sedición. ¿Qué pasará con los acusados por otros delitos, como el de malversación, por ejemplo?