La reforma del delito de malversación me ha demostrado que el procesismo y su corte de cínicos tienen una capacidad inaudita para sorprenderme hasta dejarme seco de palabras. Si resulta bien difícil de tragarse que el independentismo haya mutado en un movimiento político hechizado por la pretensión de enmendar el Código Penal español (lo cual implica fracasar por definición, pues la burocracia es el idioma consustancial a los estados), eso de digerir como éxito político la mitigación de un delito considerado injusto ya es una tarea de estómago marmóreo. También lo es la evolución del propio discurso independentista, que primero amenazó al Estado diciendo que lo volveremos a hacer, después reculó con los organizadores del 1-O afirmando siempre que eran eran culpables de nada ("no hemos cometido ningún delito", repiten ad nauseam), para acabar implorando al estado que los castigue... pero con un tipo delictivo a la carta.

Vamos por partes. El acuerdo entre Madrid y los nuevos virreyes catalanes ha estado fuera de lugar de inicio. A pesar de reducir las penas por malversación (de un máximo de seis años a cuatro), el delito acabará condenando a los funcionarios o responsables públicos que osen destinar patrimonio público a una finalidad para la cual no estaba prevista, fijando como requisito la causa de un "mal o entorpecimiento grave al servicio público". Este debe ser el único caso en la historia universal que se firma un acuerdo para clarificar un delito (o, en cualquier caso, para averiguar bien las causas) y, una vez hecho el pacto, las dos partes difieren absolutamente de la lectura del texto: para los republicanos, el espíritu de la ley echa cualquier imputación para los organizadores/inspiradores del 1-O y, en el polo contrario, el PSOE se vanagloria justamente de incluir este "mal público" como cebo para que cualquier futuro intento de referéndum tenga la garantía de ser penado.

Como puede entender cualquier organismo que tenga una inteligencia superior a la de un mosquito, si el objetivo de esta reforma legal consistía en aquello que los cursis llaman desjudicializar la vida política, el efecto es justo lo contrario. Así lo ha reconocido en sordina algún miembro republicano (y algún podemita con la carrera de derecho mínimamente aprobada); el nuevo marco legal regala todavía más terreno a la imparcialidad de los jueces en el deporte de buscar cualquier actividad económica urdida por el Govern que se haya apartado de los límites que marca el autonomismo. Esta debilidad todavía será más atlética si tenemos en cuenta el carácter voxista de la cúpula judicial y el hecho de que la mayoría de togas (en especial, las del Supremo) todavía están muy molestas por los indultos y una reforma que el PSOE ha hecho a petición de un partido independentista. Si alguna cosa hace la nueva ley, es requetejudicializar.

Comprobamos por enésima como en España no le hace falta ejercer la represión porque esta acaba siendo perpetrada por el principal partido del independentismo catalán

Por si eso fuera poco, se manifiesta de nuevo (y con todo el morro del mundo) que los políticos catalanes han antepuesto sus intereses penales al hecho de proteger las movilizaciones ciudadanas que puedan derivarse de la convocatoria de un referéndum. No solo eso, sino que la reforma anterior del delito de sedición ha agravado los desórdenes públicos como motivo de amedrentamiento general. En definitiva, comprobamos por enésima como a España no le hace falta ejercer la represión porque esta acaba siendo perpetrada por el principal partido del independentismo catalán. En este sentido, Sánchez respira bien tranquilo, porque la crispación que recogerá esta reforma ad hoc será recogida por Vox y debilitará al PP, mientras el presidente español pueda pasearse por toda Catalunya (con Salvador Illa y Jaume Collboni) disfrazado con la túnica de pacificador del conflicto catalán. Alehop.

A través de Junqueras, Sánchez se ha asegurado que el pueblo se amedrente y que la mayoría de responsables públicos se lo piensen bien antes de lanzarse a experimentar con la contabilidad creativa. En sordina y de una forma mucho más efectiva que la de Rajoy, el líder del PSOE ha acabado con las técnicas de astucia con las que Mas pudo parir el 9-N mientras echa la unilateralidad del mundo independentista. Y lo que es peor de todo, las élites madrileñas han vuelto a conseguir que los catalanes tengan la tentación de celebrar las reducciones delictivas como avance en la autodeterminación. Ahora mismo, los republicanos defienden las remodelaciones del Código Penal con la misma parsimonia de las mujeres maltratadas cuando decían aquello que "mi marido me pega lo normal". Como han hecho con la ley de Irene Montero, los jueces ya se mueren por ver desde qué resquicio pueden empezar la matanza.

Todo es bien curioso, porque si algo tendrían que haber aprendido republicanos y convergentes del juicio del Supremo es que Marchena y su corte no necesitan ningún tipo de texto legal para enchironar a un político catalán cuando osa atentar contra la unidad de España. En resumidas cuentas, el elector independentista queda abstraído en la dicotomía metafísica que lo atrapa de hace lustros: no acaba de saber si sus líderes son una panda de burros sin rival o, simplemente, una panda de miserables con un morro ilimitado. O quién sabe si las dos cosas.