“¿Qué tiene que hacer un estado, qué tiene que hacer un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania [Rusia]?". De esta forma, mediante una larga pregunta retórica, Margarita Robles, ministra de Defensa, justificaba ante el Congreso de Diputados y la ciudadanía el espionaje del CNI al independentismo catalán. Es la vez que se ha admitido más claramente. Robles no se supo controlar lo suficiente. Será porque, como jueza que es, no está acostumbrada a las críticas.

De la frase de arriba, la única cosa más o menos cierta es que se declaró la independencia, aunque solamente duró, y simbólicamente, unos segundos. En la lista de víctimas no hay nadie acusado de desórdenes públicos, ni de cortar vías públicas. Sobre hablar con rusos, no hay ninguna prueba que fuera con un propósito ilegítimo. La ministra apuntó al CNI y, por lo tanto, a su directora, Paz Esteban, a quien ha dejado en una situación más que comprometida.

Pero siguen siendo infinidad los interrogantes. Entre las cosas que habrá que saber (algún día):

―¿Quiénes fueron los investigados? ¿Fueron sesenta y cinco? ¿Fueron muchos más, como parece razonable pensar?

―¿O los pinchazos fueron pocos, sólo unas cuantos, y, además, se hicieron siempre con la autorización del juez del Tribunal Supremo encargado de esta función, como han apuntado fuentes del CNI en un diario?

―¿Qué sabía exactamente Pedro Sánchez del asunto?

―¿Además del CNI, hubo guardias civiles o bien policías vinculados a las cloacas del Estado espiando por su cuenta, como han apuntado también algunas informaciones periodísticas?

―¿Las hizo todas o una parte el CNI por su cuenta, obviando al magistrado? (Esta es, hoy por hoy y como se puede comprender, la peor hipótesis desde todos los puntos de vista.)

Podríamos seguir.

Sea como sea, no será fácil encontrar respuestas a estas y otras incógnitas, dado que las actuaciones del CNI están blindadas legalmente por el secreto mediante un mecanismo circular e impenetrable.

El problema de Sánchez no es ni será la gran presión de la derecha o de la opinión pública. El problema que tiene es estrictamente parlamentario

Decir que, cuando se ponga en marcha y se reúna la comisión de los fondos reservados del Congreso, se sabrá todo, como asegura Robles, es tomar el pelo a la gente. La directora del CNI no dará respuesta a la comisión sobre una operación concreta, como no se ha hecho nunca. Decir que lo resolverá el Defensor del Pueblo todavía es reírse más de todos nosotros.

¿El CatalanGate le costará la cabeza a la ministra Robles, como en los años noventa se lo costó a Narcís Serra? Sería lógico. Cabe decir que ella misma, con su actitud chulesca y provocadora, se ha señalado/delatado.

Y ya que estamos en la dimensión política de la cuestión, sigamos por aquí. En el momento de escribir este artículo, Pedro Sánchez lo que intenta―al contrario que Robles― es minimizar el impacto del conflicto. La principal acción que se le conoce ha consistido en enviar a Barcelona al ministro de la Presidencia y hombre de su confianza, Félix Bolaños, para apaciguar a los independentistas catalanes. Aparte de eso, se ha limitado a insistir en que todo se ha hecho de acuerdo con la ley.

Si, finalmente, Robles ―muy apreciada por los aparatos de policías, jueces y militares― cae, no será, por supuesto, porque la derecha ni gran parte de la opinión pública españolas considere que lo que ha sucedido es imperdonable desde un punto de vista democrático. No. A la derecha le parece perfecto que se haya espiado al independentismo. Y con respecto a la opinión pública española, a la mayoría le parece muy bien o bien lo que ―supuestamente― ha pasado.

No, el problema de Sánchez no es ni será la gran presión de la derecha o de la opinión pública. El problema que tiene es estrictamente parlamentario. Si lo que ofrece Sánchez no basta y los partidos independentistas catalanes y Bildu empiezan a hacerle boicot en el Congreso, el Gobierno tendrá un problema, un problema grande, especialmente porque todavía falta más de un año y medio para agotar la legislatura.

Veremos cómo lo consigue esta vez Pedro Sánchez. Si, como le reclama Pere Aragonès, finalmente entrega la cabeza impetuosa de Robles ―que un día, como ha recordado el peneuvista Aitor Esteban, fue una jueza progre―, si intenta salvar la situación haciendo dimitir sólo a la directora del CNI o se enfrenta a la tormenta parlamentaria que se avista. Podría todavía, también, anticipar las elecciones españolas.

La decisión dependerá, en buena parte, de hasta qué punto las amenazas de los independentistas resulten creíbles. Y recordamos que, si uno quiere que sean creíbles sus amenazas, la primera condición es estar dispuesto a cumplirlas.