No es solo que la buscada (por parte del independentismo) negociación con el Gobierno sea, hoy en día, inexistente, una mero ectoplasma. Es que ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni todavía menos los aparatos del Estado han cesado sus ataques a Catalunya, en sus represalias, después de los hechos de octubre de 2017. Y no me refiero exclusivamente a las cuestiones penales, con multitud de procesos abiertos todavía, sino también a los ataques políticos dirigidos a socavar el poder autonómico que todavía preserva la Generalitat. Además de los partidos, especialmente los de la derecha y extrema derecha (PP, Vox, Ciudadanos), hay que subrayar, entre los que más empujan, la cúpula judicial española.

Lo que digo es fácil de comprobar repasando las páginas de los diarios o prestando atención a los informativos de la radio o la televisión. Así, nos encontramos con que, ayer mismo, comparecía Pedro Sánchez en el Congreso para tratar de dar alguna explicación inteligible al espionaje de dieciocho (alguna fuente dice que en realidad son al menos unos veinticinco) independentistas espiados por el CNI con el más que discutible visto bueno de un juez del Supremo. Estas razias tuvieron lugar mucho después de octubre de 2017, ya en tiempo de Sánchez. Se han acreditado muchísimos más pinchazos telefónicos con el programa Pegasus, pero el CNI no se hace responsable, y nadie sabe realmente quién ha sido. Si dejamos esta noticia, tropezamos a continuación con los esfuerzos del gobierno catalán, el PSC y los comunes para intentar tapar el boquete que la justicia española ha hecho en el sistema de inmersión lingüística. El Parlament catalán aprobará una nueva ley específica con el fin de evitar la obligatoriedad del 25% de catalán en la escuela y también un decreto ley. PP, Vox y Ciudadanos lo han llevado al Consejo de Garantías para retrasar la aprobación. Veremos si esta respuesta servirá para alguna cosa efectiva o resultará solo un braceo desesperado e inútil. Mientras tanto, la ley del audiovisual, que es clave para el catalán, saldrà adelante gracias al PP y con el rechazo independentista.

Probablemente Catalunya tendrá que ampararse, reivindicándola, en la Constitución española con el fin de intentar protegerse ante la ofensiva desencadenada. Una ofensiva que es de largo alcance y que tiene como meta final el aniquilamiento de la lengua, la cultura y la identidad catalanas

Si todavía tenemos ánimo para seguir leyendo o escuchando, sabremos que el Tribunal Supremo de sopetón ha cambiado de opinión y ha aceptado revisar los indultos a los presos independentistas atendiendo a las impugnaciones que han presentado PP, Vox y Ciudadanos. La clave es que ha habido cambios de magistrados en el Supremo, y ahora ganan aquellos que tienen —como la mayoría— el "¡A por ellos"! grabado en el cerebro reptiliano, es decir, en aquella parte profunda y oscura donde habitan los instintos, también los más negros.

El cambio del Supremo ha causado estupefacción, dado que la decisión es absolutamente extraordinaria. Hay que recordar que, en el escrito contra los indultos del presidente del Supremo, Manuel Marchena, se lanzaba un ataque furibundo a los independentistas, a quienes les reprochaba no haberse arrepentido —no se aprecia, decía, "el más débil indicio de arrepentimiento"—, y se acordaba insidiosamente de que algunos de los presos eran al mismo tiempo dirigentes de partidos que dan apoyo a Sánchez.

Entre los personajes que más han celebrado la posibilidad de que los presos puedan volver a prisión está Inés Arrimadas ("Ojalá pronto la victoria sea completa y anulemos esta maniobra impresentable del Gobierno de Sánchez", tecleaba en Twitter). Arrimadas, que ha vivido unos cuantos años en Catalunya, donde conoció a quien es su marido y padre de sus hijos, paga con paladas de necedad y de odio la acogida que el país le dispensó. Así, al oír que Alberto Núñez Feijóo hablaba delante del Círculo de Economía de "nacionalidad" para referirse a Catalunya, corrió a reclamar cambiar la Constitución para borrar esta palabra y dejarlo todo en meras "regiones". Se encuentra Arrimadas a un paso de hacer como Vox y reclamar que, de paso, de la Constitución desaparezcan también las autonomías.

Al fin y al cabo, como decíamos al empezar, no es ninguna broma. Empieza a pasar, pero probablemente pasará mucho más en el futuro, Catalunya tendrá que ampararse, reivindicándola, en la Constitución española con el fin de intentar protegerse ante la ofensiva desencadenada. Una ofensiva que es de largo alcance y que tiene como meta final el aniquilamiento de la lengua, la cultura y la identidad catalanas. Desde esta perspectiva, digamos histórica, el embate españolista me temo que justo acaba de empezar.