El fondo de lo que ha ocurrido este lunes en el Parlament nos remite a la fuerza al pasado. En concreto, en lo que sucedió en el Parlamento vasco cuando era el presidente Juan Mari Atutxa. El caso Atutxa y el caso Torrent presentan semejanzas y diferencias. En estos momentos resulta, sin duda, ilustrativo y útil recordar los hechos que tuvieron lugar en Euskadi hace unos cuantos años.
Caso Atutxa: Juan Mari Atutxa, presidente del Parlamento vasco, desobedeció al Tribunal Supremo, que había ordenado la disolución, justo después de la ilegalización de Batasuna en 2003, del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. El presidente del gobierno vasco era entonces Juan José Ibarretxe, del PNV, el mismo partido de Atutxa. El gobierno lo conformaban PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua (Izquierda Unida en el País Vasco).
Caso Torrent: Roger Torrent y ERC han aceptado la sorprendente decisión del secretario general del Parlament, Xavier Muro, de dar instrucciones para dejar al president Torra sin acta, tal como quería la Junta Electoral Central, un órgano administrativo para muchos sin suficiente autoridad para hacer lo que está haciendo, a pesar de que el Supremo lo avalara. Torrent pertenece al grupo de ERC, mientras Torra es miembro del grupo de Junts per Catalunya, los dos socios en el Govern de la Generalitat.
Caso Atutxa: El hecho que desemboca en la desobediencia de Atutxa llega desde fuera de la política vasca: la ilegalización de Batasuna.
Caso Torrent: El hecho que pone a Torrent contra las cuerdas, en cambio, lo origina el mismo president Torra al resistirse a descolgar una pancarta. Torra, además, se inculpa y admite ante la justicia que desobedeció. Podía haber evitado todo este lío, pero ―con gran irresponsabilidad― no lo quiso hacer, aunque sabía perfectamente cuáles podían ser las consecuencias.
Caso Atutxa: Atutxa estaba entre la espada y la pared. Por una parte, el Supremo, por la otra, el reglamento del Parlamento vasco.
Caso Torrent: La misma situación ha tenido que afrontar Torrent. El reglamento del Parlament establece que un diputado no puede perder el acta si no es por "sentencia firme". Esta sentencia, que tiene que llegar del Supremo, todavía no existe. La Junta Electoral Central utiliza para ordenarle que tome el acta a Torra el concepto de "inelegibilidad sobrevenida" que supone aplicar retroactivamente las causas que convierten en inelegible a un diputado. Sea como sea, Torra puede continuar como presidente del gobierno catalán.
Caso Atutxa: La presión sobre Atutxa ―durísima― venía del PP y los socialistas. Aznar estaba en la Moncloa. Además, Atutxa, exconsejero del Interior, era un personaje odiado por la izquierda radical independentista.
Caso Torrent: Torrent recibe la presión de la derecha españolista, pero sobre todo de Junts per Catalunya, el grupo de Torra. Entre ERC (a la cual pertenece Torrent) y Junts per Catalunya existe ―aunque compartan gobierno― una guerra fuera de control por la hegemonía electoral y política en Catalunya.
Caso Atutxa: Atutxa, cuando llegó a la presidencia del gobierno, era un personaje endurecido por la experiencia. Como consejero del Interior había sido objetivo de ETA, que había intentado asesinarlo en media docena de ocasiones, según se publicó. La presidencia del Parlamento era un colofón a la carrera de un hombre de una firmeza, una valentía y unas convicciones graníticas.
Caso Torrent: Torrent es un presidente del Parlament mucho más joven que cuando Atutxa ocupaba la misma responsabilidad. Torrent tiene sólo 40 años. Atutxa hizo 62 el 2003, cuando desobedeció al Supremo. Torrent es un hombre ambicioso y tiene muchos años por delante, pero no la madurez ni la personalidad de Atutxa.
Caso Atutxa: Gobernaba el PP cuando se produjo el choque entre el Supremo y el Parlamento vasco. Se había aprobado la ley de partidos, que es lo que llevó a la disolución de Batasuna, y se extendía la doctrina de "todo es ETA".
Caso Torrent: En la Moncloa está Pedro Sánchez. Las cúpulas judiciales, empezando por el Supremo, están actuando desacomplejadamente contra el gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos. También la Junta Electoral Central. Los jueces porfían para desestabilizar al Ejecutivo.
Caso Atutxa: Atutxa fue condenado en 2008 por el Supremo por un delito de desobediencia. Una condena en que jugaron un papel protagonista tanto la Fiscalía como el grupo ultra Manos Limpias. En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (después de que el Tribunal Constitucional le negara el amparo) sentenció que Atutxa no había tenido un juicio justo. El Supremo tuvo que anular la condena que le había impuesto (dieciocho meses de inhabilitación y 18.000 euros de multa).
Caso Torrent: No sabemos qué le habría podido pasar a Torrent judicialmente hablando si hubiera salido en defensa de Quim Torra. El presidente del Parlament y también ERC han demostrado hasta ahora la firme determinación de eludir cualquier sanción penal por sus actuaciones. Próximamente tiene que llegar la sentencia del Supremo sobre Torra, sentencia que será firme y muy probablemente condenatoria. En consecuencia, lo descabalgará de la presidencia de la Generalitat.