Si, como han sugerido un ministro y algún jurista, el president Puigdemont decidiera desafiar al Tribunal Supremo español y presentarse ahora en España reclamando sus derechos legítimos, sin duda sería detenido y encarcelado por tiempo indefinido con cualquier pretexto e incluso correría el riesgo de aparecer un día muerto en su celda. Esta hipótesis no puede descartarse porque la inseguridad jurídica en el Estado español, en este y en tantos otros casos, se ha vuelto absoluta.
Hace ya tiempo que en España el imperio de la ley saltó por los aires precisamente porque los encargados de aplicar las leyes lo hacen de forma burdamente arbitraria, atribuyéndose el Poder Judicial el monopolio de la legitimidad, por encima de cualquier otra institución. Es la misma "autonomía" que reclamaban los militares franquistas durante la Transición y que ahora practican algunos jueces, especialmente el Tribunal Supremo, impasible el ademán, pese a haber sido desautorizado por la ley de amnistía, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La ley de amnistía es, en sí misma, el reconocimiento por parte del Parlamento español de que la represión del procés soberanista catalán y, especialmente, la sentencia del Tribunal Supremo comportaron una vulneración de derechos que era necesario restituir. Cuando el TJUE afirma que la ley favorece la reconciliación en beneficio del interés general, también deja claro que la sentencia y la actitud de los tribunales españoles han supuesto unos excesos que convenía reparar. Eso, obviamente, un Poder Judicial como el español, que ha funcionado como una casta superior, sin apenas mecanismos de supervisión, no está dispuesto a tragarse el sapo, ni aunque lo diga el sursum corda.
Dicho de otro modo, el Tribunal Supremo plantea de facto un paradigma según el cual el Estado puede hacer siempre lo que quiera, pero solo hasta que el Poder Judicial diga basta. Como ello supone pervertir los fundamentos del Estado de derecho, habrá que ver qué mecanismos utiliza ahora el Estado para que la ley se cumpla y el Tribunal Supremo se someta a la legalidad vigente promulgada por un Poder Legislativo legítimamente constituido. Es decir, que, en todo el conflicto sobre la ley de amnistía, no solo está en juego la restitución de derechos a los represaliados por el procés, sino cuál es la jerarquía, cuál la correlación de fuerzas institucionales y quién manda realmente en el Estado, legítima o ilegítimamente.
Eso solo puede dilucidarse en la batalla que deben librar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Aunque no lo parezca, es el Constitucional quien tiene la sartén por el mango, pero lo que no es seguro es que tenga la voluntad y el coraje de presentar la batalla y ganarla. El Tribunal Constitucional tiene potestad suficiente para ordenar la inmediata aplicación de la ley de amnistía ahora mismo, precisamente gracias a una de las reformas legales promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, paradójicamente concebidas para aumentar la represión en tiempos del procés.
En 2015, cuando el procés soberanista catalán cobraba impulso, el Gobierno de Rajoy presentó en el Congreso y las Cortes aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que introduce, según dice el preámbulo, "instrumentos de ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones (…) de tal manera que el Tribunal pueda acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente o bien a través de cualquier poder público".
Tal como quedó el articulado, no deja margen a ningún tipo de duda:
"1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva.
En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario
2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxilio jurisdiccional que este solicite.
A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la consideración de títulos ejecutivos."
Como un ejemplo de justicia poética, la ley represiva impulsada por Rajoy para dotar de poderes ejecutivos al Constitucional sirve ahora para obligar al Supremo a aplicar la ley de amnistía, siempre que el Constitucional quiera y se atreva a hacerlo
Parece de justicia poética que la ley del Partido Popular con mayor voluntad represiva pueda servir ahora para aplicar el olvido penal a los represaliados del procés. Más tarde o más temprano veremos si el Constitucional tiene el coraje suficiente para utilizar los instrumentos de que dispone y cuál sería el siguiente paso si el Supremo se niega. En esta batalla está en juego una auténtica crisis constitucional.
¿Estamos ante una vulneración de derechos y el Constitucional considera prioritarias sus vacaciones? Da que pensar. ¿O presupuestos o dejamos la amnistía para cuando vengan los otros? Se puede llamar chantaje (a Junts) o se puede llamar política pura y dura.
Ahora bien, no se entiende por qué el Constitucional tarda tanto en ejercer sus facultades ejecutivas. ¿Estamos ante una vulneración de derechos y el Constitucional considera prioritarias sus vacaciones? Da que pensar. Es evidente que la mayoría denominada progresista del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía por las mismas razones por las que la minoría conservadora votó en contra. Era lo que convenía y necesitaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la presentación de un proyecto de presupuestos que, para ser aprobado, requiere el apoyo de Junts per Catalunya. ¿O presupuestos o dejamos la amnistía para cuando vengan los otros? Se puede llamar chantaje o se puede llamar política pura y dura. Oriol Junqueras, siempre bien conectado con Madrid, tan interesado como el que más en la amnistía, ya se ha adelantado a gritar: "¡Presupuestos!".