Todo el mundo da por sentado, como una evidencia, que el juez García-Castellón intenta boicotear la ley de amnistía porque ejerce como agente del Partido Popular, pero quizás resulta que lo hace también en defensa propia ante la posibilidad de que lluevan sobre él varios casos de irregularidades en sus actuaciones. Algunos juristas han señalado que en otro país democrático, las actuaciones de García-Castellón serían al menos objeto de investigación. Envolviéndose con la bandera contra la amnistía, se garantiza el apoyo institucional de un poder judicial ya suficientemente decantado contra cualquier iniciativa que pueda surgir contra él por otras operaciones que serían tan escandalosas como difíciles de defender.
La batalla del Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo solo acaba de empezar y todo es posible. Tenemos por delante varias comisiones de investigación en el Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados, de las que pueden surgir novedades documentadas susceptibles de ser judicializadas, algunas quizás tan injustificables que a según qué practicantes del lawfare les conviene atrincherarse por si acaso.
El comisario Villarejo es quien más interactuó con el juez García-Castellón, no solamente en la operación Catalunya sino especialmente en los casos que afectan a la corrupción del PP y a la persecución de Podemos. Se han publicado varios audios sobre esta relación y el comisario se prodigó en hacer declaraciones al respecto. Justamente García-Castellón es el instructor de la causa contra Villarejo. Hace pocos días, cuando Jordi Basté le preguntó a Villarejo sobre sus relaciones con este juez, dijo que nada podía decir ahora que pudiera molestar al juez que lleva su caso. Teniendo en cuenta que Villarejo tiene mucho material inculpatorio de todo el mundo que ha hablado con él, todo dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos. De momento, Villarejo sigue en libertad y no en prisión, seguramente bastante vigilado y prudentemente callado respecto a algunos asuntos.
A medida que aparecen evidencias de lawfare, el poder judicial se atrinchera y se defiende atacando a la mayoría parlamentaria legítimamente constituida para impedir la reforma del sistema
Hay pocos jueces que hayan hecho caso omiso a lo que le plantea la fiscalía tantas veces como lo ha hecho García-Castellón. Sin ir más lejos, la fiscalía rechazó reiteradamente las acusaciones de terrorismo contra Tsunami Democràtic, Carles Puigdemont y Marta Rovira. También en contra de la fiscalía, García-Castellón se negó de forma sistemática que fuera llamada a declarar María Dolores de Cospedal, pese a los audios que demostraban la relación de la secretaria general del PP con el comisario Villarejo, al que se le había ordenado la destrucción de pruebas que señalaban al partido. Al juez no le parecieron motivo de sospecha suficiente. Por contra, García-Castellón fue implacable contra Podemos. A su regreso de Italia, su antecesor en la plaza había archivado la acusación contra el partido de Pablo Iglesias por supuesta financiación ilegal que había presentado una asociación de trayectoria desconocida. García-Castellón reabrió el archivo, aceptó testimonios sin pruebas de un exgeneral venezolano implicado en el narcotráfico. Como no había por dónde cogerlo, cuando el perjuicio al partido ya se había logrado, todo quedó archivado. Entonces Podemos presentó querella contra el juez acusándole de prevaricación, que la sala penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, rechazó absolutamente, en defensa de su colega.
García-Castellón ha asumido ahora el papel de punta de lanza del ataque del Poder Judicial al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que las críticas y denuncias al juez de varios miembros de la mayoría parlamentaria han sido inmediatamente contestadas por el CGPJ y varias asociaciones de jueces. De los jueces progresistas nada se sabe. De hecho, en España, juez y progresista se ha convertido en la práctica en un oxímoron, con pocas excepciones que confirman la regla, porque quien calla, otorga. Había una asociación llamada Jueces por la Democracia que ante el conflicto catalán ha desaparecido del mapa, y, en cambio, observamos un fenómeno bastante evidente de jueces contra la democracia. Hay que entender que la amnistía supone de facto reconocer que el Poder Judicial prevaricó en su persecución de los independentistas y plantea de alguna forma restituir la justicia y hacer evidente la necesidad de una reforma en profundidad del sistema a la que no están dispuestos los que ahora ostentan el poder.
Norman Eisen, experto de la Brookings Institution, señala los factores de la involución democrática: desvergüenza de los jueces, desdén de la ética, fomento de la polarización de la sociedad y elevación de los intereses personales por encima del interés general
Una manera de impedirlo es derribar al Gobierno de Pedro Sánchez, por eso García-Castellón se ha incorporado en cuerpo y alma a la estrategia de boicotear la amnistía no tanto por la propia amnistía, sino para dinamitar los acuerdos de Junts con el PSOE y propiciar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez. Por eso, a medida que se intenta concretar los términos de la amnistía, García-Castellón mueve ficha para desbaratarla. Ahora mismo ha adaptado su acusación a Tsunami y Puigdemont para evitar que se pueda aplicar al presidente exiliado, con lo que se hace más necesario que el PSOE vote a favor de la enmienda de Junts que pretende suprimir la excepción del terrorismo.
Y a todo esto llegamos a la cuestión más de fondo como es la involución democrática, el deterioro de las instituciones, la falta de credibilidad del sistema en general, secuestrado por intereses particulares. Independientemente de la ideología de cada uno, ¿acaso hay alguna institución que esté libre de cualquier sospecha, si no de corrupción, de parcialidad? Nunca se había proclamado tanto el Estado de derecho para socavar derechos y libertades.
Con la actuación del juez García-Castellón se hace más necesario que el PSOE vote favorablemente las enmiendas de Junts que intentan blindar la amnistía, objetivo que supondrá de todos modos una carrera de obstáculos hasta el último minuto
Norman Eisen, experto en derecho, ética y anticorrupción e investigador principal de la Brookings Institution, think tank de referencia en Estados Unidos, ha descrito con precisión la deriva antidemocrática propiciada por la administración Trump a base de infiltrar a los tribunales jueces más comprometidos con su ideología que con la ciencia jurídica. “Se supone, dice Eisen, que los jueces deben juzgar cuestiones jurídicas según el fondo, independientemente de las ideologías personales y nos hemos encontrado que ahora a menudo hacen exactamente lo contrario”, un fenómeno que aquí se ha convertido en práctica cotidiana desde mucho antes que Donald Trump se dedicara a la política. Y Eisen enumera los factores que han propiciado la involución: elevación de los intereses personales por encima del interés general en la aplicación de políticas públicas; la desvergüenza de los jueces que actúan parcialmente de forma descarada; su contribución a la división de la sociedad, cada vez más polarizada, y lo que todo lo resume, el desdén por la ética.
Si lo que ocurre aquí ya tiene un referente en Estados Unidos, la desvergüenza judicial española puede no tener freno, pero sería un error sucumbir al mal de muchos, consuelo de tontos. Norman Eisen recuerda que el Congreso todavía tiene poder para cambiar las cosas. Todo es cuestión de rearme moral, de resistencia democrática y, sobre todo, de coraje.