Hoy el españolismo está en un callejón sin salida, ahogado en su hiel, atrapado en sus propios errores, incapaz de encontrar una salida honorable y civilizada. No, no halla ninguna solución presentable en la sociedad de las naciones avanzadas y democráticas a las que se quiere equiparar, sobre todo para hacerse el chulo, para poder poner los pies encima de la mesa. No, los españolistas no son unionistas como lo pueden ser los británicos, porque no buscan ninguna unión entre los ciudadanos del Estado, ni ninguna federación ni ningún otro tipo de convivencia leal. Lo que quieren, por encima de todo, los dirigentes españoles es la destrucción de la media España que no les gusta, la gallega y la astur, la vasca, y la que encarnamos nosotros. Y que no les gusta porque no somos de matriz castellana, porque nos hemos atrevido a vivir plenamente, e incluso a prosperar de manera clara, a lo largo de la historia, sin tener ninguna intención de transformarnos en la imperial Castilla. Esta media España disidente, subversiva, esta España que hoy quiere dejar de ser España, es, sobre todo, la antigua Corona de Aragón o, como decimos en el lenguaje de hoy, los Països Catalans, nación tan fundadora de España como lo es Castilla, y que ha acabado políticamente marginada con la colaboración exterior de Francia. Llámenle Catalunya o Països Catalans, somos una especie de Polonia mediterránea, resistentes entre dos grandes potencias, una vieja nación europea, no exactamente igual a la que gobernó el buen rey Don Jaime el Conquistador, eso es verdad. Pero es que tampoco la España de hoy es exactamente como aquella Castilla del Mío Çid, aunque el españolismo se lo imagine con muchas ganas e incluso José María Aznar se disfrace de don Rodrigo Díaz de Vivar y se haga unas fotos para El País Semanal.

No estamos ante un reto entre mosqueteros ni caballeros andantes, sino ante el ejercicio inalienable de la autodeterminación política, propio de todos los pueblos del planeta

Catalunya no es una curiosidad histórica ni un invento de Jordi Pujol sino un núcleo de civilización, como cualquier otra de las antiguas y nobles naciones de Europa. Constituimos una minoría nacional en España y en Francia y como tal, ejercemos nuestros derechos políticos, independientemente de lo que digan ciertos tribunales de justicia colonialistas e interesados en nuestra asimilación y desaparición como pueblo. España, que ha aportado tantas y tan buenas cosas a la historia de la ciencia o de la literatura, no ha sido capaz, en cambio, de contribuir a la jurisprudencia con la determinación, por ejemplo, de alemanes y anglosajones, los referentes del derecho internacional de nuestra época. Los españoles no son buenos juristas, sobre todo porque creen fundamentalmente en la ley del embudo, en la desigualdad sistemática, en el clasismo, y consideran democracia, Constitución y libertad solo lo que les conviene en cada momento, partidariamente, de manera cambiante, para su programa de solución final para Catalunya. De exterminio. No, no tiene razón la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, cuando afirma que el independentismo catalán ha desafiado a la legalidad española, porque no estamos ante un reto entre mosqueteros ni caballeros andantes, sino ante el ejercicio inalienable de la autodeterminación política, propio de todos los pueblos del planeta. No, el Código Penal español, la Constitución Española, no pueden interpretarse de manera tan parcial que acabe justificando la represión y la persecución política sobre el movimiento independentista catalán, un movimiento legal, pacífico y mayoritario en las urnas. Cuando durante el juicio del procés algún testigo quiso ilustrar los principios generales del derecho ante la sala segunda, el juez Marchena lo calificó de improcedente. Consideró que los miembros del Tribunal Supremo no podían, de ninguna manera, ser aleccionados ni ilustrados, de tan competentes profesionalmente como se consideran. Pues ya lo hemos visto, para el Consejo de Europa, la administración de justicia española es un pretexto para la persecución política y la represión de los disidentes. Y tienen mucho aún que aprender de los estados de derecho y de las democracias auténticamente consolidadas.

 

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