El manifiesto de la autodenominada "esquerra independentista" que plantea la "conformación del proyecto emergente de liberación nacional" en torno al presidente Puigdemont interpela directamente a los militantes y simpatizantes de Junts per Catalunya, del PDeCat, de ERC e incluso de la CUP reclamando tácitamente que se rebelen contra las cúpulas dirigentes de cada partido. Es un claro intento de dinamitar el mapa político de los últimos cuarenta años que tiene como objetivo hacer un giro de 180 º y cambiar el paradigma de la política catalana en la relación con el Estado, para pasar de la colaboración a asumir el reto de el enfrentamiento sistemático.

Veremos si lo consiguen. Históricamente el catalanismo político ha basado su estrategia en una combinación de reivindicación y negociación con el Estado español. Desde las Bases de Manresa (1892) hasta ahora, la estrategia catalanista ha consistido en reclamar el autogobierno en forma autonomista, federalista o confederal y al mismo tiempo contribuir a la gobernabilidad del Estado indistintamente con la Monarquía o con la República. Lo hicieron la Liga y ERC asumiendo incluso responsabilidades en el poder ejecutivo estatal. Después de la dictadura franquista, el partit dels socialistes, Convergència i Unió y Esquerra Republicana  han abanderado desde la reivindicación catalanista la interlocución con el Gobierno del Estado.

La ruptura del pacto constitucional del 78 culminado con la sentencia del Estatut puso en crisis el modus operandi del catalanismo. Los partidos quisieron resolver el conflicto aumentando la reivindicación y se han encontrado como respuesta del Estado una crueldad represiva que ingenuamente no esperaban.

Sean cuales sean las atribuciones del Gobierno autonómico, se necesitan consejeros reconocidos por su auctoritas: médicos, pedagogos, ingenieros, juristas y economistas capaces de liderar políticas sectoriales inaplazables, porque si se aplazan la gente se cansará de esperar

Llegados a este punto, para gestionar la nueva situación han emergido dos estrategias diferenciadas que compiten por liderar y hegemonizar el movimiento soberanista. ERC y una parte del PDeCat consideran que sólo por la vía del acuerdo con el Estado será posible salir del callejón sin salida y volver a hacer política. Propugnan, de facto, un alto el fuego bilateral, de y con el Estado. De otra parte, el mundo soberanista que tiene como referente al president Puigdemont y que, como se ha visto, va más allá de Junts por Catalunya, constata que el alto el fuego siempre será unilateral por la parte catalana y sin garantía, habida cuenta de la beligerància que mantiene el poder judicial y otras instituciones estatales.

Esta segunda opción parte de la base que el Estado no negociará nada hasta que no tenga más remedio. Por lo tanto, sostienen que, por dignidad y por estrategia, hay que mantener la movilización de resistencia. Están convencidos de que la única manera de resolver el conflicto es mantener la posición de combate en el interior y en el ámbito europeo hasta que el Estado advierta que no recuperará la estabilidad política, perdida desde hace ya cinco años, sin un acuerdo que permita a los catalanes pronunciarse sobre su futuro colectivo.

Sin embargo, aclaradas las posiciones es evidente que ambas plantean posibles soluciones a largo plazo y mientras tanto el país tiene enormes urgencias que no pueden esperar. El aumento de las desigualdades, la proletarización de las clases medias, las infraestructuras obsoletas, el riesgo de quiebra del sistema sanitario, la calidad de la enseñanza, el déficit cultural... Ciertamente el poder autonómico no tiene la capacidad de encontrar soluciones definitivas a todos los problemas, pero el gran argumento del catalanismo ha estado siempre vinculado al ideal del buen gobierno. La Mancomunitat no tenía mucho poder político pero con sus referentes noucentistes fijó la hoja de ruta de la modernización del país.

La reivindicación de la soberanía, aquí y en todas partes, necesita apoyarse en la garantía del buen gobierno. Sean cuales sean las atribuciones del Gobierno autonómico, se necesitan consellers reconocidos por su auctoritas en sus ámbitos de actuación. Hacen falta políticos solventes y honestos pero también médicos, pedagogos, ingenieros, juristas y economistas capaces de liderar políticas sectoriales inaplazables, porque si se aplazan lo más probable es que la gente, entonces sí, se cansará de esperar.