Parecía que el juicio al procés debía aclarar si en Catalunya se produjo una insurrección violenta, una rebelión de las masas para dinamitar el orden constitucional, y resulta que la fiscalía y la Abogacía del Estado dedican casi todos sus esfuerzos en buscar facturas que no encuentran y correos electrónicos que no dicen lo que quieren que digan. Si los procesados han optado por intervenciones firmes, solemnes y reivindicativas, los acusadores han rebajado el nivel a meras cuestiones burocráticas con errores de percepción, de traducción y con una confusión de documentos francamente alarmante. Ha tenido que intervenir el jefe del Estado, el rey Felipe VI, para hacer la réplica de los discursos que desde hace una semana han puesto en evidencia la vulneración de derechos fundamentales que se está cometiendo en España.

Hay que subrayar que las defensas han reclamado el testimonio del monarca al juicio, petición que ha sido denegada por el tribunal alegando de que el jefe del Estado está exento de testificar. Sin embargo, que esté exento no quiere decir que no lo pueda hacer, significa que no se le puede obligar, es decir que depende de su voluntad. El tribunal no ha querido ponerle en un compromiso. No le ha preguntado. El monarca no comparece ante el Tribunal Supremo, pero ha sentido la necesidad de intervenir para contrarrestar los mensajes que los acusados han divulgado durante toda la semana y han sido recogidos por la prensa internacional.

"No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho", ha dicho Felipe VI en un acto organizado que recordaba aquellos "actos de desagravio" que se montaban durante la dictadura para ensalzar la figura del dictador Franco cuando el régimen recibía condenas internacionales por la represión y la persecución de los adversarios políticos. Tras el discurso del 3 de octubre, nadie podía esperar una actitud neutral del monarca respecto del juicio, pero que proclamara su beligerancia contra los acusados mientras se sientan frente al tribunal, sólo se puede interpretar como un aumento de la presión a jueces y fiscales que, por alguna razón, debe considerar necesaria.

La fiscalía intenta demostrar que los políticos catalanes incumplieron la ley, pero quienes están reclamando el respeto a los derechos fundamentales son los acusados

La fiscalía intenta demostrar que los políticos catalanes incumplieron la ley, pero quienes están reclamando el respeto a los derechos fundamentales son los acusados. Y en este momento de la historia todo el mundo lleva su mochila. Aquí y fuera de aquí todo el mundo recuerda la trayectoria democrática de la monarquía española y en qué condiciones y por decisión de quién se restauró.

En cuanto al desarrollo del juicio, ha quedado evidente que se trata de un juicio de trascendencia política cuando el presidente ha prolongado la sesión y los días de vista para acelerar la declaración como testigos de responsables políticos como Mariano Rajoy o Artur Mas. La intención es que no coincidan con la campaña electoral oficial, como si lo que ocurre ahora fuera inocuo. Huelga decir que esta decisión perjudica objetivamente a los acusados como han dejado patente los abogados. El jueves, los presos tendrán que hacer frente a los interrogatorios en condiciones físicas mermadas.

Se pueden establecer unas primeras conclusiones respecto a las declaraciones de los consellers. Ninguno de los acusados se ha desdicho de su compromiso con el referéndum del 1 de octubre. Todos han reconocido que desobedecieron la suspensión del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional... como tantas veces ha hecho el gobierno español. Y lo hicieron atendiendo al mandato del Parlament de Catalunya. Hay una digna actitud de asumir toda la responsabilidad para evitar la inculpación de los funcionarios, incluidos los Mossos, y ha quedado claro ―de hecho estaba claro desde el primer momento― que no hubo declaración unilateral de independencia. Esto es tan fácil de comprobar leyendo lo que se votó en el Parlament el día 27 de octubre. Se leyó, pero no se votó, el texto titulado Declaració dels Representants de Catalunya, que sí, era muy rimbombante, pero lo que se votó fue una resolución que, además de protestar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, instaba al Govern a "dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República...". Como todo el mundo sabe, la resolución no entró nunca en vigor porque no fue publicada en el Butlletí Oficial del Parlament ni en el Diari Oficial de la Generalitat. El primer día del juicio el fiscal hizo una referencia a la proclamación de independencia de la Padania. En 1996, en Venecia, se proclamó una república federal, se arrió la bandera italiana y se sustituyó por la padana, se constituyó un gobierno y un parlamento que permanecieron en el tiempo. Hubo proceso, pero nadie fue encarcelado.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat