Dos años después del 1 de octubre, Carles Puigdemont sigue siendo el principal quebradero de cabeza del Estado y toda la maquinaria de la represión ha reanudado la ofensiva para volver a intentar eliminarlo. Tiene su lógica después de los fracasos acumulados. El president de la Generalitat, primero destituido con malas artes y luego impidiendo su reelección también con interpretaciones retorcidas de la ley y amenazas al presidente del Parlament, se ha convertido, gracias también a la imparcialidad de la justicia alemana, en la prueba fehaciente de la involución democrática de España y de las ansias democráticas catalanas, a pesar de los enormes esfuerzos propagandísticos para negar la realidad.

Un inciso. Si no hubiera sido por las reivindicaciones catalanas y la respuesta represiva del Estado, el New York Times y el resto de la prensa internacional no habría publicado la "noticia" que, a diferencia de Hitler y Mussolini, 44 años después de su muerte el dictador Franco sigue siendo venerado en el Valle de los Caídos. Ha sido por eso y no por otra razón que Pedro Sánchez se ha sacado el conejo de la chistera... que ya veremos cómo acaba.

La única manera de justificar la represión de un movimiento político en nombre de la democracia es deslegitimarlo a base de criminalizarlo. En las películas del género negro vemos a menudo como la propia policía coloca la droga para incriminar al perseguido. De la llamada Operación Judas sólo tenemos informaciones de parte, según las cuales ha sido un infiltrado quien ha propiciado la investigación. Da la impresión de que el objetivo era estrictamente buscar la manera de relacionar el polvo de aluminio con Waterloo. Es obviamente lo que necesita la justicia española para que, de una vez, le hagan caso en Europa.

La única manera de justificar la represión de un movimiento político en nombre de la democracia es deslegitimarlo a base de criminalizarlo

Se insiste una y otra vez en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial, pero es imposible sustraerse a tantas casualidades. Estamos a punto de recibir la sentencia del Supremo, que conllevará inmediatamente una nueva euroorden del juez Llarena contra Puigdemont, que, por supuesto, no desaprovechará el trabajo que le ha hecho por su parte otro juez, colega de la Audiencia Nacional. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts, ya vino a decir en Madrid, después de ser agasajado por los jueces del Supremo, que los tribunales europeos deben confiar ciegamente los unos en los otros. Varios juristas, como Joan Queralt y también Jueces para la Democracia han dejado claro que la imputación por terrorismo al president Puigdemont conllevaría la extradición automática. Y hay más. El TJUE anunció el 14 de octubre la vista oral para decidir si Oriol Junqueras tiene inmunidad como eurodiputado y rápidamente se ha anunciado que la sentencia se dictará antes porque con Junqueras inhabilitado la causa europea decaiga. Y otro más. El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha elaborado una ponencia sobre el recurso de los represaliados por el asedio al Parlament de los indignados el año 2011, en la que defiende el derecho de protesta y de manifestación ante las restricciones del Supremo, de tal manera que ha movilizado en su contra el búnker judicial, no sea que los argumentos de esta ponencia generaran jurisprudencia en favor de los líderes del procés que serán condenados.

Y, todo hay que decirlo, mientras el Estado se moviliza y Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera prometen un nuevo 155, el movimiento independentista catalán se atomiza en un inofensivo minifundismo electoral.