Si hay algo claro en la nueva etapa que se estrena con nuevo gobierno en España y nuevo gobierno en Catalunya, es que mientras haya presos y exiliados catalanes no habrá estabilidad política y la crisis de Estado que amenaza el régimen y tanta angustia genera en la Zarzuela no se resolverá. De hecho, la corrupción del PP ha sido el gran pretexto para reconducir una situación que se hacía insostenible. La cuestión es cómo resolverá el nuevo presidente español el conflicto catalán, que es lo que le exigía Angela Merkel a Mariano Rajoy y ahora le pedirá a Sánchez.

La canciller alemana ya ha llamado al nuevo presidente español y han quedado para hablar cara a cara. Desde el primer momento, Merkel apostó por el diálogo para resolver el conflicto catalán y alguna influencia habrá tenido porque la palabra que desde hace unas semanas todo el mundo, de una y otra parte, utiliza como un deseo es "desescalar" el conflicto. Y puestos a "desescalar", la pregunta inevitable es: ¿la extradición de Puigdemont contribuiría a "desescalar" el conflicto o dispararía la tensión? El dilema de Sánchez es que no tiene más remedio que rebajar la tensión con Catalunya sin que el Estado español vuelva a quedar en ridículo.

Desde este punto de vista será bastante lógico que las relaciones entre el Govern de Catalunya y el Gobierno del Estado tengan dos escenarios, el público y el discreto. En público se hará comedia y en secreto se llegará —o no— a los acuerdos más inconfesables.

Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez ni ningún presidente español negociará la independencia de Catalunya ni en público ni en privado. Por definición, cualquier gobierno español será el principal adversario del independentismo catalán y le atacará por todos los flancos. Nadie convertirá a Pedro Sánchez al autodeterminismo e intentarlo sería una pérdida de tiempo, de energías y de oportunidades. Joaquín Almunia solía decirle a Jordi Pujol cuando intentaba convencerle de las reivindicaciones catalanas: "Si soy vasco y no me convencerse el PNV, cómo quieres que me convierta al nacionalismo catalán".

¿La extradición de Puigdemont contribuiría a desescalar el conflicto o dispararía la tensión?

Así que la relación institucional pública entre los dos ejecutivos se enmarcará en el ámbito competencial estatutario y, como máximo, puede incluir el análisis de las reclamaciones formuladas hace unos años por Artur Mas en un documento de veinte páginas donde se concretaban 23 reivindicaciones. Después, Carles Puigdemont amplió el documento con el doble de reclamaciones y añadía el referéndum vinculante de autodeterminación, pero esto no figurará nunca en el orden del día de las negociaciones, como ya ha descartado la ministra Meritxell Batet. La soberanía no es nunca negociable. Se tiene o no se tiene, y si no se tiene y se quiere, hay que conquistarla “por otros medios", que diría Clausewitz.

Para la negociación estrictamente autonómica el Govern catalán deberá destinar interlocutores sólidos y experimentados porque, aunque limitados al autonomismo, siempre hay recursos y poder en juego y la Generalitat no está en condiciones de hacerse la desganada. El Govern catalán debe además volver a ejercer su autoridad sin complejos con los poderes financieros que han cambiado de sede pero continúan haciendo el negocio en Catalunya.

Con todo, el president Torra deberá reservar los mejores especialistas para las negociaciones secretas, donde la parte catalana deberá hacer frente a adversarios poderosísimos. Tendrá que hacer valer sin miedo su capacidad de presión y utilizar la minoría de bloqueo de la que dispone en el Congreso de los Diputados, fundamental para la pervivencia del gobierno Sánchez.

Al igual que el PP movía jueces y fiscales afines, también lo tendrá que hacer Pedro Sánchez si quiere encontrar una salida

Desescalar pasa inexorablemente no sólo por el acercamiento de presos, que ya va tarde, sino por su liberación. Ciertamente, los presos están en manos de los jueces y teóricamente el Gobierno no puede interferir, pero tampoco hay que chuparse el dedo más de la cuenta. Al igual que el PP movía jueces y fiscales afines, también lo tendrá que hacer Pedro Sánchez si quiere encontrar una salida. Ya se ha publicado suficiente literatura procesal escrita por especialistas españoles nada sospechosos de simpatías catalanas en el sentido de que todo podría empezar de cero. Desde Martín Pallín a Pérez Royo han confirmado que en todo el procedimiento judicial contra los gobernantes catalanes y los líderes soberanistas se han vulnerado derechos, se han transgredido jurisdicciones y están pendientes muchos recursos que el nuevo fiscal general podrá enfocar de manera muy diferente. Y, además, Pedro Sánchez deberá ser consciente de que todo lo que no se resuelva antes de los juicios, tendrá que resolverlo él solo después a base de indultos o de una amnistía, que siempre resulta políticamente más controvertido.

En este ámbito, el adversario del presidente español será la extrema derecha infiltrada en el aparato del Estado y lo que podríamos llamar el búnker judicial, que siempre estará dispuesto a sabotear cualquier iniciativa procedente de un gobierno socialista.

Así que, paradójicamente, quien puede contribuir a que todo funcione mejor serán los abogados de los presos políticos y los exiliados catalanes, porque cada iniciativa, cada impugnación, cada querella y cada decisión de los tribunales europeos contra el juez Llarena será una oportunidad que tendrá Pedro Sánchez para reconducir la situación con apariencia de imparcialidad. Dicho de otro modo, mira por dónde, Pedro Sánchez necesita que el pícaro abogado Jaume Alonso-Cuevillas le facilite las cosas.