La actuación coordinada del PP, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo para destituir al president de la Generalitat, Quim Torra, tiene todos los ingredientes de un golpe antidemocrático. Se ha hecho una interpretación perversa de la legislación para impedir que se lleve a la práctica la voluntad de los ciudadanos democráticamente expresada. El golpe tiene dos objetivos, volver a disolver de facto el Parlament de Catalunya y reventar la posibilidad del primer gobierno de coalición de izquierdas en España.

Volvamos a la teoría del golpe de Estado de Hans Kelsen. Se perpetra el golpe a base de monopolizar la interpretación de las leyes y de la Constitución en el sentido contrario al espíritu con que se aprobaron. Nada nuevo en la historia de España. Las derechas en España nunca han sido verdaderamente democráticas. Cuando pierden en las urnas se imponen por la fuerza, antes con las armas y ahora con los jueces.

Lo que está más claro que el agua es que en ningún caso el Parlament de Catalunya podrá aceptar que un órgano administrativo como la Junta Electoral le dicte quién es diputado o quién es presidente. Sería la negación del derecho al autogobierno de Catalunya incluso previsto en la Constitución del 78. Por lo tanto, si es que llega la comunicación, el Parlament se pronunciará en contra. Hay mayoría soberanista asegurada y ampliada con los comunes. Incluso el PSC, que detesta a Torra, se ve obligado a defender la continuidad del president, en defensa de la institución y en coherencia con los votos particulares de los representantes progresistas en la Junta Electoral que han denunciado el abuso.

Investidura en Madrid, nueva crisis institucional en Catalunya, batalla campal entre los poderes del Estado y elecciones al Parlament con Puigdemont de candidato a president... el régimen se tambalea

Y entonces tendremos una fantástica crisis institucional. ¿Qué pasa si el Parlamento no hace caso de la Junta Electoral? Pues que Quim Torra continuará ejerciendo de president. ¿Quién y cómo puede impedirlo? Para el Tribunal Supremo será una nueva oportunidad de demostrar que no le inspira el derecho sino su "ardor guerrero". Y volveremos a los tribunales europeos, porque no hay que olvidar y repetir cuantas veces sea necesario que se pretende inhabilitar al president de Catalunya por poner una pancarta en el balcón de la Generalitat que reivindicaba la libertad de los presos políticos.

Desde un principio, la ventaja de la causa catalana es la brutalidad institucional española que está llegando a unos niveles tan desmesurados que convierte los conflictos en irresolubles. En esta batalla, el bando españolista tiene tan poca credibilidad que conviene librarla.

En paralelo tenemos la investidura de Pedro Sánchez. Partiendo de la base de que la movilización de jueces, fiscales y miembros de la Junta Electoral, como correas de transmisión de las fuerzas reaccionarias del Estado, tenía como objetivo impedir la constitución de un gobierno de coalición de izquierdas, el independentismo se encuentra de nuevo ante el gran dilema. Las opciones catalanas son dos. ¿Qué es mejor? ¿Contribuir al gobierno de coalición PSOE-Unidas-Podemos, que es lo que obsesivamente están determinados a reventar los mismos que son enemigos declarados de Catalunya? O bien, ante las nuevas circunstancias, ¿es preferible que reviente todo de una vez para que quede claro que la batalla es entre un Estado dirigido por la extrema derecha y un movimiento de resistencia democrática?

Todas las opciones son legítimas, respetables y justificadas y centrarán el inminente debate electoral en la campaña que acaba de comenzar y que determinará la nueva estrategia del independentismo. Las elecciones al Parlament de Catalunya no serán más allá del mes de marzo, seguramente con Carles Puigdemont volviendo a liderar una candidatura con todo lo que ello conlleva. Y de hecho, las dos opciones tienen el mismo objetivo, como es encontrar una salida dialogada al conflicto. La primera consiste en bloquear sistemáticamente el funcionamiento del Estado confiando en que tarde o temprano el Estado se vea forzado por interés propio a pactar una solución. La segunda es empezar a dialogar aunque sea en condiciones adversas confiando en que desescalando el conflicto, el acuerdo será más fácil. En todo caso, hay que decir que el contexto de hostilidad política en que se formará el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos le da un interés especial a la legislatura española, porque más pronto que tarde estallará el conflicto entre los poderes del Estado y esta vez quizá la tormenta perfecta haga tambalear el régimen.

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