Prácticamente todas las encuestas señalan que dos de cada tres españoles son partidarios de reformar la Constitución y a menudo se apunta la iniciativa como un camino para resolver el conflicto con Catalunya, cuando lo cierto es que desde cualquier punto de vista, español o catalán, España no tendrá nunca una Constitución más democrática y autonomista que la del 1978. La realidad española no da para más. Dada la correlación de fuerzas actual, sin duda cualquier reforma de la Constitución del 78 tendría como objetivo recentralizar el Estado, impedir la influencia estatal de los partidos de ámbito autonómico e imponer, con más contundencia aún, la identidad castellana de la nación española. Así que no vale la pena insistir.

La Constitución del 78 se elaboró en un momento histórico irrepetible, cuando los sectores más reaccionarios actuaron a la defensiva después de cuarenta años de dictadura porque necesitaban el visto bueno europeo para mantener la posición dominante. Aceptaron la reforma a cambio de no perder ninguno de los privilegios que tenían. Se conformaron con impedir la ruptura, asegurar la monarquía y, por supuesto, descartando cualquier revisión de los crímenes y la corrupción del franquismo. Sin embargo, el texto literal incorporaba conceptos y criterios democráticos que sus redactores preveían que se podrían desarrollar a medio plazo, cuando los militares estuvieran más tranquilos y entretenidos en la OTAN.

La Constitución, por ejemplo, no prevé el derecho de autodeterminación, pero sí establece el autogobierno como un derecho de las nacionalidades y dejaba, por ejemplo, a los catalanes, tener la última palabra, en un referéndum vinculante, sobre su relación colectiva con España. Ciertamente la sentencia del Constitucional contra el Estatut rompió definitivamente el pacto constitucional aceptado tan mayoritariamente en Catalunya y por eso estamos como estamos. Con el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la protesta ha pasado más o menos lo mismo.

Si ahora se planteara una reforma constitucional, la reforma sería para ir hacia atrás y no adelante, porque los franquistas y sus aliados tendrían mucha más influencia que la que tuvieron el 78

La Constitución se hizo bastante ambigua para que perdurara y el espíritu con que se hizo era dejar abierta la puerta a desarrollos posteriores que ampliaran derechos y libertades. El problema es que la evolución ha sido la contraria. Y todo tiene su explicación. En el proceso de elaboración de la Constitución, la derecha franquista estaba en minoría y su representante en los trabajos constitucionales era Manuel Fraga Iribarne, que estaba dispuesto a transigir para homologarse personalmente como líder democrático y asegurar así su continuidad como dirigente político tan dispuesto como estaba a asumir la presidencia del Gobierno. Fraga transigió lo suficiente como para que buena parte de sus correligionarios se desmarcaran y pidieran el no a la Constitución como hizo, según confesó en un artículo, José María Aznar.

Es decir, no hablamos del régimen, hablamos estrictamente del texto del 78, que fue fruto de un consenso entre fuerzas de derechas, de centro y de izquierda con una influencia franquista limitada. Si ahora se planteara una reforma constitucional, el consenso requeriría el visto bueno del PP, Ciudadanos y de Vox además de PSOE, Podemos y los soberanistas catalanes y vascos. Ergo, la reforma sería para ir hacia atrás y no adelante, porque los franquistas y sus aliados tendrían mucha más influencia que la que tuvieron el 78 para rebobinar todos los avances en derechos y libertades.

Desde este punto de vista, se podría pensar que los sectores ultras y conservadores deberían estar más interesados en la reforma constitucional y no lo parece. La derecha española, que no sólo son los partidos, sino también los jueces, la cúpula funcionarial del Estado, los militares y, ahora también, los poderes mediáticos ―ahora sí hablamos del régimen― no tiene demasiado interés en reformar la Constitución que votó en contra porque se la ha hecho suya, y monopoliza la interpretación que se debe hacer. Y todo se interpreta al revés del espíritu con que se elaboró el texto. Porque que la Constitución se hizo para abrir derechos y libertades y se está interpretando para restringirlos. Ahora resulta que incluso Vox está considerado un partido constitucionalista y PP y Ciudadanos sólo hacen que amenazar con iniciativas objetivamente inconstitucionales como sería suprimir la autonomía de Catalunya y otras barbaridades. Saben que lo pueden hacer no porque lo diga la ley, sino porque tienen todos los árbitros de su lado.

Y también hay una segunda razón por la que la derecha española no quiere reformar la Constitución. Si se abre el melón, el primer debate sería sobre la monarquía y el Rey no está en condiciones de someterse al veredicto de las urnas, ni siquiera a que se abra el debate. De hecho, la iniciativa más revolucionaria ahora mismo en España no es la reforma constitucional, sino una simple consulta no vinculante sobre monarquía o república de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución. Hay colectivos de estudiantes e incluso asociaciones de vecinos que vienen organizando simulacros de referéndum que han asustado al establishment. Incluso el PSOE se vio obligado a poner en circulación un argumentario en contra para disuadir a sus militantes, que coherentes con su ideario se acercaban a votar y votaban por la República. Una movilización multitudinaria al respecto no es descartable en los tiempos que corren y eso sí que supondría un estruendo para el Régimen. 

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat