La escandalosa sentencia contra los miembros de La Manada, que no ve violencia en la acción de cinco individuos que penetraron varias veces a una chica sin su consentimiento en el rellano de una escalera, no se puede considerar un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia generalizada en la justicia española caracterizada por la regresión de los valores democráticos. Es el resultado de la hegemonía conservadora en las instituciones. La derecha española más extrema ha monopolizado los poderes y se ha apropiado de la Constitución para pervertir el espíritu de la ley que se hizo precisamente para romper con la dictadura.

Mira por dónde, un guardia civil y un militar formaban parte de La Manada, y uno de los jueces, Ricardo González, se ha negado a condenarlos y se siente tan orgulloso de ello que ha querido que lo sepa todo el mundo. En cambio, la jueza Carmen Lamela ha encarcelado y acusado de sedición a dos militantes pacíficos y pacifistas como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y acusa de terrorismo a unos jóvenes que tuvieron un altercado con unos guardias civiles de paisano a la salida de un bar. Los Jordis están en la cárcel y, en cambio, siguen en libertad los cinco militantes fascistas condenados por el asalto violento a la librería Blanquerna de Madrid en 2013. Uno de ellos es Íñigo Pérez de Herrasti, cuñado del ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez Vigo, de quien precisamente acaba de trascender su militancia universitaria en la extrema derecha y la defensa que hacía de la violencia contra los grupos de izquierda. No era un sarampión juvenil. Hace poco, Méndez Vigo y otros ministros de Rajoy se reivindicaron como “novios de la muerte” al paso de la Legión”. “Viva la muerte” fue el grito más conocido del fascista Millán Astray, fundador del Tercio.

No es de extrañar, pues, que en este ambiente, amparados por el poder, grupos fascistas campen impunemente con actos violentos e intimidatorios por toda la península. En València esta semana grupos de extrema derecha han forzado el desalojo de la sede de Compromís, e intimidan constantemente a la vicepresidenta del gobierno autonómico, Mónica Oltra. En Zaragoza, la extrema derecha boicoteó un acto de Podemos y la Policía dejó hacer.

La misma justicia que disculpa a la Manada es también la del Supremo que mantiene en prisión preventiva a gente inequívocamente pacífica y pacifista

Catalunya es un caso aparte. Con el pretexto del proceso soberanista, los actos en favor de la unidad de España suelen acabar con agresiones. El periodista Jordi Borràs, especialista en asuntos relacionados con la extrema derecha, contabilizó un centenar de incidentes (amenazas, agresiones o coacciones) en las semanas siguientes al referéndum del 1 de Octubre. El fenómeno no ha dejado de crecer. Los ataques a menudo no son denunciados por temor de las víctimas, un miedo hasta cierto punto comprensible tal como está el patio. Catalunya Ràdio fue atacada por un grupo unionista y nada se sabe de los agresores y, en cambio, la Guardia Civil ha denunciado a la periodista de la emisora ​​Mònica Terribas por sus comentarios. También fue asaltada la Institución Cultural del CIC. Dos profesores fueron agredidos. No se sabe nada de los autores. Sin embargo, profesores de Sant Andreu de la Barca o de la Seu d’Urgell han sido acusados ​​de delitos de odio por debatir en clase los acontecimientos.

Las protestas contra la represión policial son inmediatamente perseguidas judicialmente, como el concejal con nariz de payaso, la mujer que puso una pancarta en su balcón que decía "Police, go home" o aquel mecánico que se negó a reparar el coche de un policía. La misma justicia que disculpa a la Manada es también la del Supremo que mantiene en prisión preventiva a gente inequívocamente pacífica y pacifista, dirigentes políticos y líderes de organizaciones soberanistas a quien el juez quiere imputar actos violentos que un tribunal imparcial alemán no encuentra por ninguna parte.

Hay efectivamente un ambiente propicio que fomenta el odio y la violencia que recuerda el ascenso del fascismo en los años treinta. Hay organizaciones creadas desde el poder del Estado —Ciudadanos, Societat Civil Catalana— que se desmarcan de los actos violentos, pero dan cobijo a los fascistas. Incluso el Partit dels Socialistes de Catalunya no ha tenido inconveniente en desfilar cerca de falangistas y neonazis. Y ahí está el problema. La ofensiva antidemocrática no tiene freno. La democracia se ha quedado sin contrapesos. La derecha es cada vez más extrema y la izquierda no está.

Jordi Galves
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