Jueces y fiscales sin ningún asesoramiento científico ni técnico se permiten corregir el poder ejecutivo situándose ilegítimamente a un nivel superior de la gobernanza.
La pandemia se ha desbocado, en Amsterdam y en París, en Estocolmo y en Londres, en Madrid, en Berlín y en Barcelona. El gobierno holandés lo fiaba todo a la responsabilidad de los holandeses y se le han disparado los contagios y los muertos. El gobierno sueco, que presumía de tenerlo todo muy controlado, no sabe qué hacer para detener la cifra de defunciones. ¡En París hay toque de queda! En Madrid hay estado de alarma y en Barcelona nos hemos quedado sin bares y sin música. Los científicos no se ponen del todo de acuerdo sobre cuál es la mejor estrategia; los políticos se ven atrapados entre los criterios sanitarios y las necesidades económicas, y los periodistas, que no sabemos de nada, criticamos a diestro y siniestro como el maestro Ciruela, aquel que no sabía leer y puso una escuela.
Me encuentro, pues, en la contradicción de hablar de la pandemia porque es lo que nos está pasando y amargando la vida, como me ha pasado con el procés. Pero a diferencia de la actualidad política que permite analizar los hechos, las estrategias y las razones profundas del conflicto, no tengo argumentos ni sé qué decir sobre la pandemia ni sobre cómo se debe manejar, aunque creo que no soy el único.
La crítica a los gobiernos ahora es más fácil que nunca, primero porque no saben qué hacer e improvisan, pero también porque hay mucha gente perjudicada y enfurecida que necesita encontrar un culpable, por eso las encuestas suelen registrar un elevado grado de desaprobación de las gestiones gubernamentales de la pandemia. Ahora bien, una cosa es la crítica siempre justificada al poder y otra muy diferente este discurso antipolítico, contra "los políticos" en general que atiza la extrema derecha. La alternativa a la política es Xi Jinping o Vladimir Putin, que no reciben ninguna crítica, entre otros motivos porque sus detractores pueden acabar fusilados o envenenados.
El barómetro del CIS de esta semana pone en evidencia que es la extrema derecha quien saca provecho político de la tragedia. Suben Vox y PP. Y el miércoles, Santiago Abascal presentará una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez para sacar rédito del dolor que han causado las muertes y de las angustias que están provocando los estragos económicos. Y resulta que la derecha extrema y la extrema derecha cuentan con poderosos aliados institucionales. Adoptan por sistema la estrategia de llevar a los tribunales las medidas decididas por los Gobiernos para frenar la pandemia y los jueces asumen, encantados de la vida, un papel que no les corresponde y que está pervirtiendo de facto el funcionamiento de la democracia.
Jueces y fiscales sin ningún asesoramiento científico ni técnico se permiten corregir el poder ejecutivo situándose ilegítimamente en un nivel superior de la gobernanza
Es obvio que ningún gobierno dispone de la piedra filosofal para detener los contagios. Unas medidas que funcionan dejan de funcionar al cabo de unos meses. Los gobernantes deben tener en cuenta las sugerencias de los científicos y las consecuencias económicas, pero tienen la responsabilidad y sobre todo la legitimidad que les autoriza a tomar las medidas que consideren más apropiadas para el bien común. Sin embargo, aparecen jueces y fiscales -algunos con intereses políticos como denunció el fiscal Navajas- que sin ningún asesoramiento científico ni técnico, y sin ningún escrúpulo, se permiten corregir el poder ejecutivo situándose ilegítimamente en un nivel superior de la gobernanza.
La cosa viene de lejos. El general Charles Dunlap, de la fuerza aérea de Estados Unidos, desarrolló el concepto de lawfare o "guerra jurídica" defendiendo "el uso de la ley como arma de guerra", en el sentido de que el trabajo de los jueces ahorra el uso de la fuerza militar que a veces resulta contraproducente. Los estudiosos del lawfare consideran que la guerra jurídica se integra estratégicamente en las estructuras de mando militar para alcanzar los resultados deseados. Dicho de otro modo, ya no hay que dar un golpe de estado militar en Brasil, si basta con que los tribunales desvirtúen los hechos y tergiversen las leyes para condenar y eliminar como adversarios políticos a Dilma Rousseff o a Lula da Silva.
Ahora y aquí el ejemplo paradigmático del lawfare ha sido el complot de la Corona, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la policía patriótica, la Guardia Civil, y los medios adictos a la guerra abierta contra el independentismo catalán. Y también, por qué no decirlo, con el intento de desarticular Podemos como fuerza política influyente.
La interferencia continúa. Los jueces no sólo persiguen a independentistas o republicanos o adversarios políticos. Ahora, también quieren corregir sistemáticamente las decisiones de los gobiernos y dictar si se puede bailar o no a las discotecas cuando nadie les ha invitado a la fiesta. Si todo lo acaban decidiendo los jueces, ¿qué papel le queda a la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos?