No hay que decir que el nuevo Govern que preside Aragonès nace con voluntad firme de perdurar, conjurado a mantener la cohesión interna y recuperar la iniciativa política. Pere Aragonès y Jordi Sànchez han configurado un ejecutivo de cambio, de caras nuevas, dispuesto a iniciar una nueva etapa que haga olvidar los estúpidos conflictos de la legislatura anterior. Ojalá que salgan adelante pero no le faltarán ataques desde el exterior. Los dos retos que pondrán constantemente a prueba la estabilidad del nuevo Gobierno catalán serán el bunker judicial y la CUP.

No habían tomado posesión todavía los nuevos consellers y tanto los jueces como la CUP protagonizaron su declaración de principios con el desahucio del bloque Llavors del Poble Sec. No hay que ser conspiranoico para saber que la elección del momento para hacer un desahucio suele ser muy arbitraria. Inevitablemente, el caso del Poble Sec recordaba demasiado a las arbitrariedades que denunciaba la serie Antidisturbios. El caso es que el juez dio la orden en el momento oportuno y rápidamente la CUP se movilizó no contra el juez sino contra el Govern que todavía no se había constituido y, no sólo eso, decidieron ocupar la sede de Esquerra Republicana.

Es difícil pensar que puede funcionar el acuerdo de ERC con la CUP si a la primera de cambio unos ocupan la sede de los supuestos aliados. Eso sí que no tiene recorrido. Ha quedado claro que la estabilidad del nuevo Govern de la Generalitat no forma parte de los objetivos de la CUP. Más bien el contrario. Y eso no es una crítica a los cuperos, es la constatación de su comportamiento político desde que se decidieron a intervenir en la política nacional. Cada fuerza política es libre de aplicar las estrategias que más convienen a sus intereses y son sus potenciales aliados los que tienen que decidir si les conviene continuar con estos compañeros de viaje.

Los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres, pero no se puede negar la evidencia que la CUP ha sido el factor más desestabilizador de los gobiernos independentistas con la defenestración de Artur Mas y después con Carles Puigdemont, a quien tumbaron los presupuestos, y con Quim Torra ejerciendo la oposición sistemática. La CUP ha formado parte de las mayorías independentistas, pero siempre ha actuado voluntariamente desde la oposición y ha forzado las hojas de ruta. Para bien o para mal, sin la presión de la CUP, seguramente no se habría llegado al 1 de Octubre, no se habrían hecho las leyes de desconexión tal como se hicieron, ni tampoco el simulacro de DUI. Quizás tampoco habría ahora presos y exiliados. Los resultados de esta estrategia pertenecen al ámbito de las interpretaciones libres.

Inexorablemente se producirá más tarde o más temprano una convulsión política en España a cuenta de Catalunya, que comportará nuevas movilizaciones y que supondrá el gran test de resistencia del nuevo gobierno catalán, nacido precisamente con el objetivo de rebajar tensiones

Hay que decir, sin embargo, que los partidos mayoritarios también han cedido a los cuperos, a Òmnium y a la ANC el discurso antirrepresivo que tanta penetración tiene lógicamente en el movimiento independentista. ERC y Junts siguen prometiendo que ganarán o culminarán la independencia de Catalunya, al mismo tiempo que la represión se ensaña y demuestran su impotencia para revertir la situación. ¿Qué tiene que hacer la CUP sino poner en evidencia esta contradicción y llamar "al embate democrático contra el Estado"? Y para que no se diga que tampoco hacen nada, se enfrentan a los Mossos, abrazando causas nobles como la lucha contra los desahucios de personas vulnerables.

Eso ha sido así porque Junts pel Sí primero y JxCat después han preferido mantener a la CUP dentro de la mayoría parlamentaria aunque fuera de manera precaria. Veremos qué hace ahora el Govern Aragonés, pero se ha presentado tan determinado a priorizar la gestión que no la agitación, que la convivencia con la CUP dentro del mismo proyecto político sólo puede ser problemática por contradictoria. Volver a intentarlo es tanto como tropezar con la misma piedra por enésima vez.

Y todo porque el otro factor de desestabilización y, de hecho, el que tendrá efectos más perniciosos será el ensañamiento de la represión por parte del bunker judicial. Ya se han movilizado los jueces para boicotear los indultos y preparar el camino para que la derecha y la extrema derecha recuperen el poder ejecutivo en España. Con indultos o sin, el Tribunal de Cuentas continúa su cruzada para arruinar económicamente a personas y familias enteras. Lo mismo que el juzgado 13 de Barcelona o juzgados de Figueres, Girona, Amposta o Terres de l'Ebre con centenares de imputados. ¿Qué hará el Gobierno catalán? ¿Liderar protestas y movilizaciones o todo lo contrario?

Como demuestra el Tribunal Supremo cuándo rechaza los indultos con argumentos antijurídicos ("es inaceptable", dicen) o políticos, la causa general contra el independentismo liderada por el Poder Judicial llevará un ritmo creciente con el doble objetivo de destruir, persona a persona, el movimiento soberanista catalán pero, más inmediatamente, hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez con los republicanos de Unidas-Podemos. Inexorablemente se producirá más tarde o más temprano una nueva convulsión política en España a cuenta de Catalunya, que comportará nuevas movilizaciones en la calle y será, por lo tanto, el gran test de resistencia del nuevo gobierno catalán, que ha nacido precisamente con el objetivo de rebajar tensiones.