El director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, ha asegurado que el instituto armado es un cuerpo que cuenta con "el cariño y la admiración del conjunto de la ciudadanía". Aplicando la tesis bíblica según la cual "por sus obras los conoceréis", cuesta creer que, después de las palizas que recibió la gente que quería votar el 1 de octubre, la Guardia Civil sea objeto de admiración y todavía menos de estima en Catalunya. Quizás la admira la ciudadanía española que, lejos de Catalunya, gritaba "¡a por ellos!", lo cual sólo sirve para constatar que la distancia psicológica y sentimental es cada vez más amplia entre dos sociedades condenadas, por lo menos, a compartir vecindad geográfica. Pero, además, la intervención de Félix Azón en el incidentado acto de celebración de la patrona del cuerpo en el cuartel de Sant Andreu de la Barca crea un nuevo precedente de involución democrática poniendo el interés de un cuerpo armado por encima de la voluntad política de los ciudadanos democráticamente expresada.
En el reciente debate de política general, el Parlament de Catalunya aprobó una resolución que pedía la retirada de la Guardia Civil de Catalunya, lo cual no es más que la voluntad política expresada por la principal institución representativa del Estado en Catalunya, que, se comparta o no, merece el respeto del resto de instituciones, sobre todo de las instituciones carácter militar, dado que uno de los principales fundamentos de la democracia es la supremacía del poder civil respecto del militar.
Cuando Azón, en funciones de director general de la Guardia Civil, asegura que se hará todo lo posible para que la resolución parlamentaria "no tenga ninguna trascendencia", sólo le faltaba decir "adelante mis valientes". Era una manera de vulnerar el principio de neutralidad de un organismo público que pagamos entre todos, también los independentistas, y ya se sabe qué suele pasar cuando hombres armados adoptan posiciones políticas. Hace veinte años el acto de Sant Andreu de la Barca habría provocado un escándalo, pero en la situación actual todo está permitido para intimidar a los catalanes.
Que las amenazas de la Guardia Civil reciban el aplauso y las reverencias ―las imágenes son estremecedoras― de las autoridades civiles socialistas, deja claro quien está cediendo el poder a quien
Obviamente, la ceremonia organizada en Sant Andreu de la Barca no tenía ninguna otra intención que caldear el ambiente de cara a los días que vienen con la sentencia del Supremo a los presos políticos y la consecuente respuesta de los defensores de la libertad y los derechos civiles. Cuando un general como Pedro Garrido, comandante jefe de la Guardia Civil en Catalunya, afirma que "la pretendida revolución de las sonrisas se ha convertido en el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento" y añade que "combatirán sin tregua ni pena los que recorran el camino hacia la independencia siguiendo la senda del terror", está adoptando una posición política y amenazando a la población civil susceptible de disentir con la suya. Que la Guardia Civil reciba en el mismo acto el aplauso y las reverencias ―las imágenes son estremecedoras― de las autoridades civiles presentes, como, entre otros, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, el fiscal Javier Zaragoza y el diputado del PSC, José Zaragoza, deja claro quien está cediendo el poder a quien. Para acabar de arreglarlo, la Guardia Civil condecora al juez que se ofreció para judicializar el conflicto como su último servicio a la patria española antes de morir, este lógicamente a título póstumo, y también a uno, sólo a uno de los centenares de los testigos del juicio del procés, precisamente la secretaria judicial que determinó la inculpación de los Jordis, cuyo testimonio fue determinante en las conclusiones de la fiscalía. Todo muy imparcial.
Los mandos políticos de los Mossos se han hecho los ofendidos y se han marchado al acabar los discursos, sobre todo porque el general Garrido se ha referido cuando todavía no hay sentencia a "actuaciones criminales supuestamente cometidas por personas relevantes de las instituciones autonómicas para llevar a cabo un proyecto secesionista para Catalunya" y se ha apuntado el mérito de alimentar los argumentos de la sentencia con "un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo". Obviamente este trabajo supuestamente riguroso es el que se utilizó para acusar al mayor Trapero y a la intendente Teresa Laplana y que han sido refutados por los mismos Mossos y por numerosas evidencias. La estrategia política de la represión exigía involucrar a los Mossos como una fuerza armada al servicio de la rebelión, pero el ensañamiento con el major Trapero viene de más lejos, de cuando después de los atentados yihadistas del 17 de agosto el major dio una lección de policía profesional en una reunión ante Rajoy, Sáenz de Santamaría y el ministro Zoido, dejando en ridículo a los mandos policiales españoles que no sabían qué decir. Eso es lo que no le ha sido perdonado a Trapero, que, todo hay que decirlo, no era el hombre de confianza del Govern y se encontró al frente del dispositivo del referéndum por casualidad. Estaba previsto que el dispositivo policial por el referéndum lo dirigiera el comisario David Piqué, pero este murió repentinamente unos meses antes. Estaba decidido que de cara al referéndum Trapero sería sustituido por otro mando más afín, pero el éxito del major con el operativo de los atentados del mes de agosto lo convirtió en un héroe insustituible. Tenía la confianza estrictamente profesional.