Sostengo que el denominado procés ha sido desde su inicio un invento español. La corrupción había gangrenado todas las arterias del régimen del 78 y la única manera de evitar el derrumbe era envolverse con la bandera contra el eterno enemigo interior. La enésima batalla por la unidad de España lo escondería todo y lo justificaría también todo. Sin embargo, la deriva continúa.

Con la sentencia de los ERE conocida el martes ya no queda un palmo limpio allá por donde han pasado los partidos que han regido la política española durante los últimos 40 años. Es muy significativo y revelador de la decadencia que, tras conocerse las condenas a los líderes andaluces del PSOE, los dirigentes socialistas y del PP compitan a ver quién ha sido más o menos corrupto. De todos modos, ya hace tiempo que la metástasis se extendió a todas las instituciones del Estado, empezando por la propia monarquía, instalándose en el mundo politicofinanciero y contagiando al poder judicial.

Ahora todo indica que volvemos a situarnos muy cerca de la tormenta perfecta. La economía va a la deriva, el paro vuelve a crecer como no lo hacía desde hace siete años y la hucha de las pensiones se vacía. Las instituciones europeas no dejan de advertir que nos acercamos al cataclismo

Ahora todo indica que volvemos a situarnos muy cerca de la tormenta perfecta. En España no hay gobierno y no se sabe cuándo ni si habrá. Observando algunos movimientos parece que hay poderosos partidarios del boicot al pacto Sánchez-Iglesias dispuestos a reventarlo todo. La economía va a la deriva, el paro vuelve a crecer como no lo hacía desde hace siete años y la hucha de las pensiones se vacía mientras los jubilados se movilizan como nunca por unas pensiones dignas. Las instituciones europeas no dejan de advertir que nos acercamos al cataclismo.

Y todo esto ocurre en un país que protesta comprensiblemente porque vuelve a tener presos políticos; en un Estado que sienta en el banquillo, una vez más, a un presidente catalán por defender la libertad y los derechos fundamentales de sus conciudadanos. Incluso, como en tiempos del franquismo, Amnistía Internacional se ha visto obligada a intervenir e interpela a la conciencia democrática de los españoles advirtiendo que "el Tribunal Supremo contraviene el principio de legalidad, permitiendo además la criminalización de actos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica".

Es obvio que el régimen no se aguanta, que todo está por hacer, y que nadie se atreve a empezar de nuevo.

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