Podemos dar por hecho que será impugnado el decreto que "deja sin efecto" la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero, porque, como no está previsto nada que se le parezca, el recurso tiene todas las de ganar. El Estatut del 2006, que, aunque parezca mentira, continúa vigente tal como lo recortaron, tampoco previó una situación como la actual y no deja mucho margen a las interpretaciones. El artículo 67.3 del Estatut dice: "Si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente y el Presidente o Presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria". Y punto. "No hay que decir nada más", que diría aquel. Los portugueses no han tenido más remedio que hacer las elecciones precisamente porque su Constitución tampoco les deja margen.

Hacer ahora las elecciones puede resultar un auténtico disparate. Incluso nos podemos encontrar con que la gente se niegue a formar parte de las mesas alegando situación de cuarentena. Pero el sentido común y el derecho constitucional no siempre van juntos y menos cuando intervienen tantas subjetividades al mismo tiempo. Al fin y al cabo, nadie puede asegurar que el 30 de mayo estaremos mejor que ahora para ir a votar.

Así que habrá impugnación. No hace falta que sea el PSC, que dudo de que se quiera significar, sobre todo si se encuentra coincidiendo con Vox en el mismo bando del pleito. Siempre, sin embargo, habrá alguien interesado en hacerlo por encargo o para hacerse ver. Si a ello le añadimos la estadística de simpatía con la que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suele tratar los asuntos de la Generalitat, yo no descartaría tan pronto el Valentine's Day electoral.

Habrá impugnación sobre la fecha electoral catalana, pero más trascendente es la connivencia institucional de los tres poderes para impedir la investigación de los hechos más graves de la democracia

Hablando de jueces. Las elecciones son un hecho trascendente, pero, mientras se puedan hacer, la fecha no lo es tanto. En cambio, sí que desde el punto de vista democrático es trascendente y grave lo que se ha visto en los tribunales esta semana con mucha menos atención mediática. Según han declarado el expolicía Villarejo y la examante del rey emérito, el Estado utilizó tácticas mafiosas con amenazas de muerte, incluso a niños, y dedicó dinero público de los fondos reservados para impedir que trascendieran actuaciones ilegales de Juan Carlos I.

También según el expolicía, el atentado del 17 de agosto se habría podido evitar si el CNI hubiera prestado atención a los avisos que llegaron sobre las intenciones del imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty, y que no se tuvieron en cuenta porque el servicio de inteligencia español lo consideraba agente propio. Y encima, en el juicio ha crecido la incertidumbre sobre si Es-Satty está muerto o huyó.

Y Villarejo ha reconocido que, también con dinero de los fondos reservados, se financió la operación Catalunya para elaborar informes falsos sobre políticos catalanes que contribuyeran a desprestigiar la causa soberanista.

No nos tenemos que creer punto por punto lo que dice un tipo como Villarejo, pero estamos ante los hechos más graves que carcomen el sistema democrático. Hay suficientes indicios de criminalidad, de negligencia y de corrupción para abrir alguna investigación y las sospechas inevitablemente se disparan cuando se constata una convergencia de los tres poderes al mismo tiempo, del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo, para impedirlo. Ni las tarjetas black del emérito ha permitido el Congreso investigar, a pesar del dictamen favorable de los letrados. Es la connivencia institucional del régimen que no sólo no investiga, sino que sin ninguna vergüenza financia con dinero público la seguridad y los mayordomos del rey emérito en su exilio en Abu Dhabi y el Gobierno declara que lo hace a cuenta del "Patrimonio Nacional". Llegados a este punto, y como hablábamos de elecciones, nos tendríamos que empezar a preguntar para qué sirven las elecciones. Las catalanas está muy claro, son de caja o faja, pero, ¿y las españolas?

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