No había una tiranía peor que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. La cita es de Montesquieu, el padre de la división de poderes. Es significativo que el día en que el Estado español comete el mayor ataque a los derechos fundamentales y las libertades civiles, el gobierno de Pedro Sánchez se haya visto en la necesidad de taparse las vergüenzas con la inserción de un spot de de publicidad que está reclamando en varios idiomas que España es un estado de derecho. Excusatio non petita, accusatio manifesta.
La sentencia del Tribunal Supremo ha sido la más dura de todas las posibilidades posibles -la acusación de rebelión ya la había tumbado un tribunal alemán- y cumple el guión previsto desde el principio cuando el entonces ministro Iñigo Méndez Vigo ya calificó las movilizaciones del 20 de septiembre como un alzamiento tumultuario. La acusación de rebelión sólo tenía por objeto justificar la jurisdicción del Tribunal Supremo, la prisión provisional y la suspensión de los cargos electos para que no pudieran ejercer su representación.
El tribunal ha considerado un levantamiento sedicioso una manifestación de protesta, el 20 de septiembre de 2017, cuando una comisión judicial se personó en la sede del Departamento de Economía. La Comisión pudo realizar los trabajos previstos, no se practicaron detenciones, los comercios de la zona continuaron su actividad habitual y finalmente los Jordis desconvocaron la concentración. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido condenados a 9 años de prisión. Nueve años. Con razón, Amnistía Internacional ha reclamado reiteradamente su puesta en libertad.
"La mayor tragedia de este período de transición social no es el grito estridente de la gente mala, sino el silencio de la buena gente" (Martin Luther King)
El fallo del Tribunal Supremo interpuesto a los demócratas, especialmente a los demócratas españoles y también a los demócratas europeos, porque genera una jurisprudencia tan restrictiva para el ejercicio de los derechos y libertades que plantea la confirmación definitiva involución política incompatible con los valores fundacionales democráticos de la Unión Europea.
Han condenado cien años de prisión a dirigentes políticos y líderes sociales como primer paso para erradicar la disidencia política, lo que debería conducir a alguna reacción de las fuerzas democráticas españolas. Sin embargo, todos los líderes políticos españoles sin excepción, incluso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado filas avalando la represión y las condenas como resultado del funcionamiento de las instituciones democráticas, hasta el punto de deslegitimar las protestas contra el fallo. Del mismo modo, los principales medios de comunicación de ámbito estatal siguen desempeñando el papel de agitadores del nacionalismo español más anticatalán, creando un clima tan adverso que ninguna institución ni líder político se ha atrevido a plantear una sola propuesta política seductor ni siquiera conciliadora.
Así que nos encontramos en un momento en que el péndulo de la historia se mueve hacia atrás. Por lo tanto, a las fuerzas democráticas catalanas corresponde la responsabilidad de centrarse en abanderar la reivindicación de derechos y libertades y a la sociedad catalana ejercer su dignidad a la altura de las circunstancias.
Ciertamente, es peligroso, como decía Voltaire, tener razón cuando el gobierno se equivoca, pero "la mayor tragedia de este período de transición social no es el estridente grito de la gente mala, sino el silencio de la gente buena. Quien acepte el mal sin protestar está cooperando con su perpetuación", añadió Martin Luther King.