Tras la sentencia, la conclusión más extendida es que el veredicto del Tribunal Supremo no contribuirá a la resolución del conflicto, con una significativa diferencia entre las posiciones expresadas desde Catalunya y las expresadas desde Madrid. En Catalunya, la sentencia ha sido recibida mayoritariamente con indignación. Algunas entidades y asociaciones de la sociedad civil que no se han pronunciado a favor de la independencia, o ni siquiera del derecho a decidir, han expresado su convicción de que "la cárcel no es la solución" como, sin ir más lejos, señala el comunicado del Fútbol Club Barcelona. Incluso desde posiciones inequívocamente antiindependentistas las condenas han sido recibidas como un factor que complica y alarga más que no resuelve el problema que desearían superar.

En Madrid, si nos tenemos que guiar por la opinión publicada, que hay que decir, a tenor de las encuestas, que es más radical que el conjunto de la ciudadanía, la sentencia no resuelve el conflicto porque o bien ha sido demasiado blanda y por tanto no sirve para derrotar y desactivar definitivamente el movimiento independentista ―difícilmente una sentencia judicial lo conseguiría― o, según los más constructivos, porque dificulta la posibilidad de recuperar para la política un conflicto estrictamente político tan judicializado. Lo dice Iñaki Gabilondo: "Cada día es más difícil lo imprescindible".

El tribunal asume que se encuentra ante un conflicto político y que su obligación no es rehuirlo, sino asumir la responsabilidad de demostrar la fuerza del Estado para ganarlo. El conflicto les hace sentirse útiles, orgullosos, felices, porque saben que la historia ―y el combate― continúa

Es la propia sentencia la que admite que la voluntad por parte catalana era sólo la de forzar una negociación: “Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción de la República de Catalunya. Sabían que la simple aprobación de enunciados jurídicos, en abierta contradicción con las reglas democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar”. 

Más o menos, es la misma tesis del farol expresado por la consellera Ponsatí. Sin embargo, el tribunal opta por exagerar y / o tergiversar los hechos, magnificando una supuesta violencia que todo el mundo sabe que no existió el 20 de septiembre ante la Conselleria d'Economia y durante el referéndum del 1 de octubre, cuando la única violencia fue la empleada por las policías. Es más, la propia sentencia constata que la voluntad del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue abrir una vía de diálogo cuando el 10 de octubre suspendió la declaración de independencia consiguiente al resultado del referéndum. Una propuesta que no encontró interlocutor disponible del gobierno Rajoy. A pesar de todo ello, el Tribunal Supremo español consideró necesario castigar severamente el "derecho a presionar" con la sentencia más severa imaginable dado que no podía argumentar la rebelión tras la sentencia de Schleswig-Holstein.

Todo fue, pues, un señuelo para una movilización y, en cambio, los acusados han sido condenados a cien años de prisión como si fueran delincuentes más peligrosos que asesinos y violadores. Llegamos, pues, a la conclusión de que el ensañamiento es específico. Que el tribunal asume que se encuentra ante un conflicto político y que su obligación no es rehuirlo, sino asumir la responsabilidad de demostrar la fuerza del Estado para ganarlo. Dicho de otro modo, el conflicto les hace sentirse útiles, orgullosos y felices porque saben que la historia ―y el combate― continúa.