Se han petado al president y la sensación es que aquí no ha pasado nada. No es un reproche contra nadie, es la constatación de una realidad. Raphael Minder, el corresponsal del The New York Times, escribió que la inhabilitación del presidente catalán "amenaza con reavivar los disturbios". Insólitamente la vida cotidiana ha seguido su ritmo, con algunas demostraciones de desacuerdo, tan sentidas como inofensivas, y haciéndose eco del evento sobre todo los programas de humor de las emisoras locales.

La destitución del president de la Generalitat supone un nuevo atentado contra la voluntad democráticamente expresada por los catalanes y la sentencia de inhabilitación implica en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales y un funcionamiento sistemáticamente arbitrario de la justicia española, tal y como señalaron magistrados y catedráticos diversos que no son precisamente partidarios de la independencia de Catalunya.

La inhabilitación y persecución de los tres últimos presidentes catalanes ha puesto en evidencia que el estado español es hostil y prevaricador hacia Catalunya. La prevaricación consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, y algo debe saber el Gobierno, cuando se ha apresurado a movilizar a la abogacía del Estado para encontrar argumentos que eviten al rey Felipe VI tener que firmar el real decreto de la vergüenza que, inexorablemente, dentro de no sé cuántos años, lo derribe la justicia europea. Cuesta más entender que sin publicación en el BOE, el Govern de la Generalitat se haya apresurado por su parte a publicar el decreto de sustitución sin esperar ni siquiera a ver si los miembros del Tribunal Constitucional reciben un repentino ataque de honestidad.

El Estado está dispuesto a matar y los catalanes no están dispuestos a morir, pero sí a votar a un presidente y a otro y a otro... "La perseverancia es invencible. El tiempo en su acción, destruye y derriba toda potencia"

Desde el 20 de septiembre de 2017 la represión y la persecución ha crecido exponencialmente y es obvio que la estrategia de las instituciones del Estado no tiene otro objetivo que derrotar el movimiento soberanista catalán a base de exterminarlo, usando impunemente todas las categorías de la guerra sucia. Sólo faltaba saber que el magistrado Marchena y el comisario Villarejo, jefe de la "policía patriótica", despachaban periódicamente.

Consta que cuando el gobierno de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, los miembros del Ejecutivo que habían asumido los puestos de mando de la Generalitat optaron preferentemente por trabajar y dar instrucciones desde Madrid sin irrumpir en las conselleries para no excitar los ánimos de los funcionarios. Su sorpresa fue que no encontraron apenas ningún tipo de resistencia, que las consignas políticas pedían tomarse con calma la nueva situación y que incluso buena parte del movimiento soberanista y conspicuos articulistas que habían atizado el fuego tiraban la toalla para mantener el sueldo.

Ahora Òmnium ha registrado la cifra de 2.850 represaliados, refiriéndose exclusivamente a los procesados o sancionados. Los funcionarios de la Generalitat, del Parlament, de las cárceles… han sido amenazados y por eso algunos han actuado como lo han hecho. También las empresas. Hay gente que por el camino ha perdido su trabajo o ha quedado relegada...

Llegados a este punto podemos constatar que el Estado está dispuesto a matar y que los catalanes no están dispuestos a morir. Faltaría más. Eso sí, están dispuestos a votar y elegir a un nuevo presidente, y a otro, y a otro... Esta no es una conclusión pesimista. Es lo que hay. Deberemos de tener fe en Plutarco, bien traducido hace pocos años por Montserrat Nogueras, "la perseverancia es invencible y es por eso que el tiempo, en su acción, destruye y derriba a toda potencia".

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat