En catalán, un búnker, según el diccionario del Institut, es un "refugio, generalmente de cemento armado, usado en la defensa antiaérea". En cambio, como en España la tradición es diferente, el diccionario de la Real Academia añade una tercera acepción: "Grupo resistente a cualquier cambio político". En la transición del 78, el búnker eran los franquistas, que ponían palos en las ruedas al cambio democrático. Saliendo de una dictadura militar, todo el mundo estaba tan preocupado por el búnker del Ejército que todos los esfuerzos se dirigieron a asegurar, al menos teóricamente, la primacía del poder civil. Después, el ministro Narcís Serra y la incorporación a la OTAN contribuyeron a profesionalizar las Fuerzas Armadas y alejarlas de la política. Algo que no se hizo con el poder judicial, donde también había un búnker tanto o más intransigente que el militar y que, como demuestran acontecimientos recientes, sigue existiendo y determinando el rumbo del país y la vida de los ciudadanos.

La Constitución española se aprobó en 1978, pero la ley del Poder Judicial no se aprobó hasta siete años después. Hasta 1980 se mantuvo el sistema de la dictadura y a continuación se aprobó una ley orgánica provisional, que creaba un Consejo General en el que los mismos jueces y magistrados que habían conseguido la plaza jurando los Principios del Movimiento decidían doce de los veinte miembros del CGPJ. Quedó todo tan "atado y bien atado", como decía el testamento de Franco, que ni la posterior ley del 85 ni las posteriores reformas han servido para desarticular el poder del búnker judicial, pese a la incorporación de jueces progresistas, que, de haberlos, haylos, pero con una influencia exigua.

Han pasado los años y ahora ha trascendido que algunos jueces eran capaces de expresar en un chat gremial sus animadversiones contra el soberanismo catalán. Según ha revelado Anonymous, ha sido el juez Agustín Vigo Morancho quien escribió que "con golpistas ni se negocia ni se dialoga", refiriéndose obviamente al movimiento independentista. Sorprende que todos en el mundo soberanista se hayan rasgado las vestiduras, porque la opinión de Vigo Morancho es la misma que sostiene Carlos Lesmes, que no es un juez de barrio, sino el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. En el reciente discurso que hizo en la apertura del año judicial, referido en un 80% al conflicto político con Catalunya, dijo que "cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse". El presidente del Tribunal Supremo da por hecho que ha habido en Catalunya un golpe de Estado cuando los hechos aún no han sido juzgados por el tribunal que preside. En otra ocasión, el mismo Lesmes dejó claro que la imparcialidad judicial es imposible en el caso catalán. "La unidad de la nación española ―dijo― es un mandato directo para los jueces", lo que significa que para un juez español cualquier actuación que favorezca la posibilidad de que Catalunya pueda decidir su futuro colectivo se incorpora automáticamente al ámbito delictivo. 

El búnker judicial español no es sólo un problema para los catalanes, sino una constante amenaza a la libertad de los españoles

El búnker judicial español no es sólo un problema para los catalanes, sino una constante amenaza a la libertad de los españoles, como han puesto de manifiesto los casos de los artistas condenados, la sentencia de La Manada, el caso de Altsasu y tantos otros, reveladores de los valores que imperan en la judicatura. Especialmente, la reacción gremial contra las decisiones de los tribunales europeos contradiciendo las acusaciones de los homólogos españoles por falta de fundamentos.

Todo esto se explica por los mecanismos heredados de la dictadura en la selección de personal. Carlos Lesmes ha llegado a la cima de la carrera judicial después de trabajar para el Gobierno de José María Aznar y se llena la boca afirmando que "como el médico que aplica las ciencias de la salud, el juez ejerce una profesión de alta cualificación técnica y su destreza y rigor a la hora de aplicar las reglas". No todos. Juristas de reconocido prestigio ―y tribunales europeos― han denunciado la acusación sin fundamento del delito de rebelión en el caso catalán, también la incompetencia jurisdiccional de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y la arbitraria designación de Pablo Llarena como instructor de la causa cuando era el último que le tocaba...

Si aceptamos que el proceso soberanista surge cuando el Tribunal Constitucional tumba el Estatuto de Catalunya aprobado en referéndum vinculante, hay que recordar todas las argucias organizadas por el Partido Popular para alterar la composición del tribunal e impedir la renovación de los magistrados que tenían el mandato caducado. Luego, Francisco Pérez de los Cobos llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional escondiendo su condición de militante del PP. La jueza Carmen Lamela ha sido ascendida a magistrada del Supremo después de encarcelar a los líderes independentistas y los chicos que protagonizaron una pelea contra guardias civiles en Altsasu. El CGPJ expulsó de la carrera al juez Santiago Vidal por dedicar su tiempo libre a escribir una hipotética Constitución catalana que no representaba a nadie (y que por cierto era un bodrio). El Consejo no tomará medidas contra los jueces que se expresan de manera insultante contra el independentismo, pero sanciona al colega que se atrevió a opinar en el mismo canal sobre la brutalidad de la represión del 1 de octubre. La fiscalía niega la investigación de los presuntos másters fraudulentos del líder del PP, Pablo Casado, antes de que le juzguen magistrados que habían compartido la docencia en la URJC con los abogados del líder del PP.

La impunidad en unos casos y la arbitrariedad en otros es el pan de cada día cuando los jueces actúan como hooligans. Ahora mismo, la situación es tan grave que la única confianza de los presos políticos, de las víctimas de La Manada, de los artistas procesados y de los jóvenes de Altsasu es que los excesos y la brutalidad del búnker judicial acaben siendo condenados por tribunales internacionales, pero aún faltará que los jueces demócratas asuman su responsabilidad y den el paso al frente que tanto les cuesta.

Antón Losada
Opinión Ellos son la justicia Antón Losada
Joan J. Queralt
Opinión El mail de los jueces Joan J. Queralt