Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull son abogados y Jordi Sànchez es politólogo. Los cuatro demostraron, ya en su primera juventud, unas inquietudes sociales que los llevaron a comprometerse con organizaciones que defendían la profundización de las libertades democráticas. Forn lideró en 1985 la refundación de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), que tuvo una considerable influencia en la democratización de las universidades catalanas; Rull también se comprometió con sindicatos de estudiantes hasta que se incorporó a la Joventut Nacionalista, organización que terminó liderando como secretario general. Turull también llegó a la JNC procedente de los boy scouts catalanes, vinculado a entidades cristianas como Cáritas e Intermón Oxfam. Jordi Sànchez comenzó su activismo en la Crida a la Solidaritat, aquel movimiento surgido del Casal de la Pau. Las hemerotecas recuerdan aquel jovencito Sànchez dirigiendo por los megáfonos del aeropuerto del Prat el vuelo de un enjambre de aviones de papel reclamando el uso del catalán.

Poco se podían imaginar aquellos jóvenes idealistas cuando se movilizaban en la universidad que su actividad política adulta, fruto de su representatividad democrática, los llevaría a la cárcel en nombre de una democracia increíble. Están encarcelados sin juicio y en situación de indefensión, dado que sus recursos siguen bloqueados, porque el Tribunal Constitucional no ha sido capaz de resolver en un año las impugnaciones que el Tribunal Supremo despachó en pocas semanas. No es que los presos confíen en la imparcialidad del Constitucional. Los magistrados ya demostraron su parcialidad cuando admitieron a trámite y por tanto suspendieron preventivamente la investidura de Carles Puigdemont, a pesar del dictamen contrario del Consejo de Estado, después de que, según se publicó entonces, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, diera las correspondientes instrucciones. Por lo tanto, ahora la cuestión no es tanto que el tribunal se pronuncie a favor de la razonada reclamación de los presos, sino que se pronuncie en contra de una vez, para que, al menos, la justicia europea pueda intervenir. Es la única esperanza que les queda a los encarcelados. Los magistrados españoles deberían saber que incluso los tribunales que apoyaron el golpe de estado del general Pinochet fueron más rápidos. De los 5.400 recursos de amparo presentados por abogados defensores de los derechos humanos, 5.390 fueron rechazados. Eso sí, 40 años después el poder judicial chileno ha reconocido que “incurrió en acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones, a prestar protección a los que reclamaron una y otra vez su intervención”.

Al hacerse adultos, Forn, Rull, Sànchez y Turull evolucionaron, asumieron responsabilidades y se moderaron. Los cuatro son lo que se llama gente de orden, algunos hasta quizás demasiado, pero han mantenido la coherencia en sus convicciones democráticas, y desde luego no violentas, y eso es lo que les ha llevado a declararse en huelga de hambre, que es el acto de protesta más valiente y más impresionante que no debería dejar dormir tranquilo a ningún magistrado que se sienta demócrata.

Hace treinta años que tenían veinte años, pero demuestran que aún tienen fuerza, que no tienen el alma muerta, que sienten cómo les hierve la sangre, por eso, hoy, dadas las circunstancias, por una vez y sin que sirva de precedente, con permiso del cantautor, quiero alzar la voz, para cantar a los hombres, que han nacido de pie, que viven de pie, y que de pie... no jodamos, ¡¡¡deben seguir vivos!!!