El caos sufrido con ocasión del puente de mayo en el aeropuerto del Prat es toda una muestra de lo que mencionaba en mi último artículo a El Nacional, la semana pasada: disfrutamos de un Estado autoritario e ineficaz.
Aunque limitadamente en sus esferas competenciales y algunos aspectos de la gestión pública, tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 41) como el Estatut de Catalunya (art. 30), declaran el derecho de los ciudadanos a la buena administración y al buen gobierno. En el ordenamiento estatal, también limitado y no con carácter general, tanto la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno como la más reciente Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas introducen estos derechos.
Pues bien, aunque estas normativas se presentan amputadas en aspectos fundamentales, ni siquiera pasan en la práctica a ser un maquillaje publicitario. En efecto, se sigue manteniendo el ciudadano, a quien el Estado se debe, alejado de una pizca de buen gobierno.
Volvemos al Prat. Primero recordar que tanto Aena como el control de pasaportes es una competencia del gobierno central. Dicho esto, ante las quejas de los pasajeros (una vez pasado el control de embarque los media ya no pueden adentrarse más en el espacio aeroportuario), Aena dio las culpas al Ministerio del Interior y a la Policía.
Tuit ya inexistente
Sin embargo, ni el Ministerio del Interior, ni en su Twitter ni en su web, ha dado ningún tipo de explicación. Incluso ha sorprendido la rara contención del siempre locuaz delegado del gobierno español, Enric Millo, que, de hecho, se limita a retuitear un mensaje de su oficina, que no presenta ni el inicio ni la duración de la medida, bueno, mejor dicho, del parche.
Como en caso de avería grande, si no se tienen herramientas adecuadas para la reparación, hay que volver a los métodos tradicionales. Así, radio runrún. En efecto, gracias a la Confederación Española de Polícia (CEP), un sindicato de la Policía Nacional, empezamos a sacar el quid de la cuestión, dado que dice en su Twitter @cep_cataluna que faltan policías en el Prat. Como sindicato no tiene ningún tipo de obligación de informar al público y, al hacerlo, legítimamente, lo hace desde su perspectiva sindical. En todo caso, al fin y al cabo, ¿por qué faltan?
Los medios, unos más que otros, se interesan por el tema ante la avalancha de protestas en las redes y averiguan que desde el 7 de abril pasado han entrado en vigor, a causa de la emergencia terrorista, unos nuevos protocolos, incluso en el espacio Schengen, para verificar entradas y salidas de viajeros aéreos. Como aportación personal, tengo que decir que he viajado, desde Barcelona a territorio Schengen, después del 7 de abril y no he sufrido en ningún lugar ningún tipo de control específico.
Porque no esperaremos de un gobierno que tiene la legalidad como bandera deje en manos inexpertas un tema tan delicado como es el de la seguridad y más el de la seguridad aérea, ¿verdad?
Tanto si eso es verdad como si no, la realidad es cruel. En efecto, la duda surge porque no constan incidentes destacables en el área de control de pasaportes en otros aeropuertos peninsulares. Llama la atención. Eso quiere decir dos cosas. Una: que para otros aeropuertos sí que se tomaron medidas por la avalancha derivada de la reforma temporal de Schengen. Si fuera así, la chicana por la movilidad de los ciudadanos de Catalunya, por los servicios públicos catalanes, incluidos los de emergencias sanitarias, y por la industria del turismo sería de las que crean afición. La contraria: que las medidas efectivamente tomadas en el Prat fueron insuficientes. Lo cual deja también en muy mal lugar la capacidad de administrar los servicios públicos por parte del gobierno marianista.
Miremos, sin embargo, un poco más en el fondo. ¿Cuáles han sido estas medidas? Por lo visto, ninguna. Las cuatro cabinas de control de pasaportes han seguido siendo cuatro, a pesar de la avalancha previsible. De estas cuatro cabinas sólo como máximo dos estaban operativas por policías. Finalmente, alguien vio el desbarajuste y envió 20 efectivos de refuerzo, de un refuerzo puntual y no permanente. Aparte de esta temporalidad, queda un tema no menor: su formación a la hora de manipular los documentos de identidad con los programas informáticos. No parece que eso se pueda hacer por ciencia infusa y que, como cualquier trabajo especializado, requiere una determinada formación ad hoc. Porque no esperaremos de un gobierno que tiene la legalidad como bandera deje en manos inexpertas un tema tan delicado como es el de la seguridad y más el de la seguridad aérea, permitiendo que o no embarque nadie o que embarque todo el mundo, ¿verdad? No olvidemos que para el marianismo lo único importante son las personas. Y, en consecuencia, como nos hace saber Gemma Liñán, el caos aeroportuario en el Prat en verano no se tiene que descartar.
En resumen, tanto si es para hacer la chicana a los ciudadanos, que ya se tienen por desafectos para decidir lo que han decidido, como si es por la tradicional incuria de los burócratas vitalicios, el Estado ha demostrado una vez más que por lo que respecta a los ciudadanos le importan un comino. Como campaña de seducción es impagable.