Viendo las últimas noticias sobre la Fiscalía, en cualquiera de sus manifestaciones, no se puede decir que sea una institución que cree vocaciones. "Mamá, me he apuntado a fiscal" no parece un grito de un prometedor retoño que gustara escuchar en casa.

El ministerio fiscal, magistratura esencial en el estado de derecho, si cotizara en bolsa en España, seguramente no se podría ya ni rescatar. Cierto que la Fiscalía no es independiente en el sentido de la independencia judicial, y seguramente no tiene que serlo. Pero entre no ser independiente y ser el brazo, más bien torpe, del gobierno, hay un buen trozo.

Hace unos días hemos sabido que el nuevo fiscal anticorrupción, Moix [Notas del autor: Moix, como fiscal superior de Madrid, ordenó que se archivara el caso de las blacks y que, en todo caso, se actuara contra quien había revelado las trampas de los consejeros de Caja Madrid; y fue también quien decretó no perseguir más que por falta (ya derogada) a Aguirre por su agresiva huida de unos agentes de circulación] ordenó el cambio de los fiscales que llevaban a cabo las investigaciones del 3% en el Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell. La causa se asignaría a los fiscales anticorrupción de Catalunya. Todo eso dentro de un proceso de reestructuración y racionalización de la Fiscalía Anticorrupción.

Los fiscales se rebotaron y han recurrido al fiscal general, que, de momento, ha dejado en suspenso la orden. Este motín palatino ha sido uno de los muchos líos que han trascendido en apenas dos semanas y que han dejado dañada como nunca la imagen de la Fiscalía.

El ministerio fiscal, magistratura esencial en el estado de derecho, si cotizara en bolsa en España, seguramente no se podría ya ni rescatar

Centrémonos en el apartamiento de los fiscales del 3% y en el retraso de la nueva formulación de petición de imputar al exconseller de la Generalitat, Germà Gordó, que después ya fue rechazada por el juez instructor, por falta de suficiente fundamento jurídico. Si el juez de instrucción accediera a esta petición, remitiría la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dado que el exconseller en la actualidad es parlamentario catalán y, por lo tanto, aforado.

Un espectador externo podría frotarse los ojos, pues le sería difícil de comprender este retroceso en la tramitación de la causa, lo que perjudicaría al teórico interés de la Justicia. En efecto, un cambio de fiscales supondría que los nuevos tendrían que estudiarse los millares de folios que integran las actuaciones antes de dar un nuevo impulso al proceso.

Quizás hay que racionalizar la Fiscalía Anticorrupción. Quizás. Quizás no es muy funcional que unos fiscales, por parejas, tengan que trasladarse de Madrid al Vendrell. Quizás.

Una cosa hay a ciencia cierta y ha trascendido a los círculos del foro: se ha roto la comunión entre el juez de instrucción y los fiscales destinados a este caso. Quizás una primera razón del cambio sea encontrar unos miembros de la Fiscalía no caídos en desgracia en el Juzgado del Vendrell. Quizás. El fiasco de la acusación del ya exfiscal Horrach en la pieza del gigantesco caso Palma Arena que afectaba a Iñaki Urdangarin podría haber sido un recordatorio para hacer las cosas más de cara al proceso y no tanto de cara a la galería. Quizás.

En todos los casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción, ¿quién es el sujeto más afectado? Sin ninguna duda, el Partido Popular

Pero hagámonos una pregunta elemental. En todos los casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción, ¿quién es el sujeto más afectado? Sin ninguna duda, el Partido Popular; y no por animadversión de los fiscales, sino porque presenta un currículum más bien poco recomendable que propio de una acción política dirigida al bien común.

Las maniobras del fiscal Moix en el caso Lezo (curiosa manía de poner nombres para despistar, cuando de lo que se habla es de Ignacio González y de su etapa al frente del Canal de Isabel II) motivaron otro rebote de los fiscales y que hicieran uso del artículo 27 de su Estatuto Orgánico, de 1981. Chivatazos, parece que en abundancia, aparte y según los disidentes, estas maniobras tendían a evitar ciertas diligencias y así opacar la actuación de los imputados, miembros del Partido Popular, con el expresidente madrileño González como mascarón de proa. De esta manera se dibuja una línea clara, si lo unimos a sus antecedentes: apaciguar los efectos de los procesos judiciales hacia miembros del Partido Popular y de este mismo partido, por cierto, ya imputado en dos procesos penales diferentes.

Sin necesidad de grabaciones de las conversaciones mantenidas en las dependencias de las fiscalías, no parece ni mucho menos descabellado concluir que el cambio de los fiscales del 3%, aducidas razones de racionalidad, no es más que un motivo para reordenar la Fiscalía Anticorrupción. El motivo de fondo radica en hacerla claramente dependiente día y noche de su fiscal jefe, con el fin de controlar todos los procesos, en especial, los que afectan a su principal y ominoso cliente, el Partido Popular.

Si mantener a raya –pretensión bastante ingenua de todos modos– la marea procesal contra el partido de la calle Génova es al precio de levantar el pie del acelerador en los procesos contra otra grande (y presunta) fuente de corrupción como podría ser la ex Convergència, con todo lo que mediáticamente eso puede suponer, hay que concluir, como dijo Enrique de Navarra, que sería el primer Borbón reinante en Francia, con el nombre de Enrique IV: "París bien vale una misa".