Descartado el uso de la fuerza, porque estamos donde estamos, y descartado por el marianismo el uso de la política, por falta de coraje, de liderazgo y de visión, sólo queda el uso sesgado del Derecho. Sesgado porque el Derecho está pensado para resolver otros problemas, no el de la relación entre Catalunya y España, sea la que sea, democráticamente decidida por los catalanes.

Hasta ahora la Brigada Aranzadi ha dominado los espacios judiciales ordinarios y el Constitucional. Pero el Derecho, incluso el utilizado de forma torcida, es una vía de doble dirección: lo pueden utilizar las dos partes en conflicto. Ante todo, es necesario recordar aquello de que pleitos tengas y los ganes; y aquello otro de hasta el rabo, es toro.

Estos refranes tan castellanos reflejan a la perfección que una vez empezado un proceso judicial, como la otra parte no se quedará quieta, las partidas serán largas y para ganar sólo hay que ganar el punto final: los puntos previos, pequeñas o grandes victorias, al fin y al cabo, sin el punto final, el match ball, no valen nada. Es un match ball especial; a diferencia del tenis no supone una igualdad previa. En materia de pleitos sólo hay que ganar –si el cliente soporta la extenuante duración- el último asalto, aunque todos los anteriores se hayan perdido, incluso por goleada.

En un pleito, sin embargo, hay dos partes: una ataca y la otra se defiende y puede, además, contraatacar. También puede, y eso lo ha hecho Drets, iniciar procesos por su parte. El lunes presentó una querella por prevaricación contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional. El motivo es haber validado por partida doble la reforma exprés de la normativa del TC para bloquear el procés, una reforma duramente criticada por la doctrina... y por la Comisión de Venecia, que es un grupo de expertos sin vinculación gubernamental del Consejo de Europa.

Diga lo que diga la ley, no se puede dejar de atender una petición seria, reiterada y democrática de una población que integra un colectivo sólido

¿Qué tienen en común ambas vías procesalmente enfrentadas y las futuras que vendrán, algunas de origen ciudadano? Ambas vías, las iniciadas por el marianismo y las iniciadas por las instituciones catalanas, sus representantes o la ciudadanía individual u organizada, tienen en común que una buena parte de ellas pueden acabar en Europa, último foro donde algunas prácticas del Estado español pueden quedar en evidencia. Normalmente la estación terminis sería el Tribunal de Estrasburgo pero también, por algunos aspectos, podría ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo dependerá de cómo se articule el discurso ante los tribunales. Sea como sea, no será ni mañana ni pasado mañana. Sólo hay que recordar los ridículos producidos por las sentencias europeas que revocaron la doctrina Parot o las cláusulas suelo.

El marianismo reinante ha empezado una serie de procesos contra personas e instituciones representativas de Catalunya bajo el lema la ley es la ley. En una democracia eso sería un buen argumento, si no fuera por dos cuestiones nada menores.

La primera: algunas leyes o precedentes se han cambiado a media partida. La reforma exprés del TC es una buena muestra de ello. Otra, por ejemplo, radica en la modificación de la jurisprudencia, hasta el momento consistente, por parte del TC, sobre la impugnación de los actos parlamentarios de trámite. Estos actos fueron hasta la sentencia STC 42/2014 inmunes al control, dado que no tenían ningún valor normativo. Sólo el acto final resultante, la ley (u otros actos parlamentarios que aquí no interesan) eran objeto de control por parte del TC. Por ello se denuncia la vulneración de la inmunidad parlamentaria por las prevenciones que el Parlament va recibiendo del TC por cada acto.

La ley, pues, es de dudosa calidad, no técnica, sino democrática. Y la base del Estado democrático –recuerden la sentencia del Canadá- es ...la democracia. Eso significa también que, diga lo que diga la ley, no se puede dejar de atender una petición seria, reiterada y democrática de una población que integra un colectivo sólido. Y recordamos, la petición es llevar a cabo un referéndum, la única puerta válida, si se gana, para encaminarse hacia la independencia.

En todo caso, como ya ha sucedido en otras ocasiones, aunque España es un Estado democrático, dista de serlo de forma inequívoca en algunos aspectos, singularmente en los de formación democrática de la voluntad de los ciudadanos, en la imagen de la Justicia, en la (lucha contra la) corrupción o en la creciente desigualdad.

Recordamos, porque volveremos a ello: estamos en el inicio de una larga partida de la que, afortunadamente, el punto definitivo no se juega con las reglas marianistas, sino en terreno neutral. Sería mucho más provechoso y democrático hacer política y dialogar. Pero con quien ni puede ni quiere resulta altamente complicado y se convierte en un tapón para alcanzar una solución. Mientras el tapón se pudre o es sustituido habrá que seguir jugando a estas partidas.