Aunque no son idénticas situaciones, sí que puede apreciarse cierta paradoja o cinismo si se compara el gran esfuerzo de España para conseguir que lleguen aquí unas decenas de refugiados afganos -tranquilo, Abascal, que no se quedarán entre nosotros- y cómo se monta un gran operativo para devolver a 800 menores árabes al estercolero de donde llegaron y al país desde el cual les utilizaron.

Pero en lo que a nosotros nos afecta, la calificación de que España es una democracia plena solo sería creíble y cierta si se respetasen plenamente los derechos humanos. Estos son, junto con el cumplimiento de las leyes, el elemento fundamental para ponderar que estamos ante un Estado de Derecho sobre el cual algunos se llenan la boca de modo siempre interesado. Además, hago énfasis en que esa proclamación va acompañada a nivel constitucional de otros dos calificativos, indisolublemente unidos los tres, de que se trata de un “estado social y democrático”.

Pero una cosa es que se produzcan algunas vulneraciones puntuales de derechos humanos y otra que de un modo masivo se desentienda de estos. Es el caso de la pretendida devolución de 800 menores a Marruecos. Hace una semana, se produjo o comenzó este disparate. El ministro de Interior cometió, otro más, un grave error. Además, como se enfatizó desde el propio Departamento inicialmente, se trataba de una devolución ordenada personalmente por el ministro. Vamos, que el ministro de Interior, de origen judicial, lo ordenaba, “por sus puñetas”. He estado en dos ocasiones en tribunales de oposiciones de jueces y constato que la formación exigida para esa aprobar profesión y, por ello, solo por ello, formar parte del poder judicial, es muy escasa en derechos humanos y también en materia internacional. Posteriormente, algunos de ellos se acercan a estos ámbitos y adquieren conocimientos y sensibilización. Otros, y no pocos, jamás tendrán ese interés pues consideran que la criptonita les viene directamente de la vestimenta en la que se cubren. El que ordenó el 13 de agosto tal disparate de las devoluciones es de los primeros.

Afortunadamente, y es lo que demuestra que la democracia aunque no sea plena, sí que está viva, fue la reacción inmediata de varios grupos sociales. Para empezar, sobre todo de las ONG, entre las cuales deben citarse, al menos, a Save de Children, UNICEF, Fundación Raíces o Fundación Elín. También ha de destacarse la firmeza del Defensor del Pueblo exigiendo al ministro de Interior que “respete la ley”. Asimismo, la Fiscalía del Estado, no solo por su preterición, pues no recibió una comunicación oficial, sino también trasladando críticas por vulneración de las leyes por el ministro que sigue manteniendo vigente la ley mordaza (hay que recordárselo). Junto a ellos, la otra pata del gobierno, la que le da un poco la vitola progresista, Unidas Podemos, reaccionó con fuerza, llevando por primera vez a Yolanda Díez a marcar distancias con su socio de gobierno.

Todos ellos pusieron de relieve no simples argumentos jurídicos, sino evidencias con gran solidez. Una de ellas se refiere a la exigencia legal de que las devoluciones de personas sean, en todo caso, individualizadas. Frente a esto, lo que había ordenado el titular del Departamento eran devoluciones masivas sin apenas datos de los menores, llevando a que se incumpla el mandato legal de que los expedientes hayan de ser individualizados. Además, las normas jurídicas exigen que los menores deben ser oídos y que en todas las decisiones administrativas y judiciales ha de prevalecer siempre el interés superior del menor. ¿Se les ha preguntado a ellos? No. ¿Se han tenido en cuenta sus planteamientos personalizados según sus circunstancias concretas de querer o no volver? No. Pues bien, ninguno de estos dos requisitos se cumple en la orden del ministro. Junto a esto, hay algo fundamental: la actuación del Ministerio no ha sido en ningún momento nada clara ni transparente. Los deberes respecto a los menores de edad están sometidos a una exigencia de publicidad y de información que no ha existido en modo alguno. Se escogía sin criterio alguno a 15 chavales. Ala, al autobús.

El ministro no solo se ha equivocado gravemente, sino que también ha provocado graves problemas con FRONTEX, la fuerza internacional preferida ahora para los traslados de repatriados y aún algo peor: ha sido muy cobarde. Tras el sobresaliente error, se ha metido debajo de la mesa camilla: "pío, pío, que yo no he sido" y le ha largado la responsabilidad a la ciudad de Melilla sobre la devolución de estos menores.

Además, una parte importante de estos chicos y estas chicas son particularmente vulnerables. Así sucedió, otra vez el día segundo. Otros 15 más devueltos. Hasta que el clamor llegó a un Juzgado de Ceuta que paralizó las devoluciones por 72 horas. Estas han rebasado al escribir estas líneas. A la espera de un nuevo pronunciamiento judicial, podría caber la prudencia y el silencio. Pero hay materias en las cuales esto, el silencio, no cabe lugar. Por ello, se publican estas reflexiones porque no están tratando solo de vulneración de normas de derecho positivo sino de valores y principios humanos y democráticos.

Entre las normas nacionales ignoradas por el ministro de Interior están no solo el Estatuto del Ministerio Fiscal, y la Ley de Extranjería, sino también una muy reciente e importante ley, impulsada por Ione Belarra desde el Ministerio de Asuntos Sociales. Se trata de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Infancia. Y también están numerosos instrumentos jurídicos que, a pesar del mandato de la Constitución (artículo 10.1), hay gente que todavía ignora que son directamente vinculantes para nuestro país, los convenios y tratados internacionales, siendo aplicables en España y formando parte del derecho interno español (artículo 96 de la Constitución). Entre ellos, está la Convención de Derechos del Niño, de 1989 y que en este disparate de la devolución de menores a Marruecos está siendo flagrantemente vulnerada. Pero, además, hay otro precepto muy importante donde está la pluma del senador constituyente, Lorenzo Martín Retortillo donde se señala, artículo 10, que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce que se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias”.

Pero hay un precepto muy fundamental que muchos demócratas (otros son “soft” o más los auto mal llamados “liberales”) llevamos grabados a fuego y que creo que Marlaska debería escribir 800 veces (uno por cada menor a repatriar) qué es lo reiterado siempre por Carlos Carnicer, expresidente del CGAE, apartado 1 de la Declaración Universal de Derechos  Humanos de 1948 (vinculante decíamos para España) donde se señala que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Acaso, podemos recordar para todos, particularmente a los poderes públicos, el artículo 10.1 de la Constitución de 1978: “La dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y la paz social".

Jesús López-Medel

Expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Democracia y Ayuda Humanitaria de la OSCE