Hay un momento, difícil de fechar, pero fácil de reconocer, en el que una corriente política deja de pensar y empieza a creer. El pensamiento admite la duda, la rectificación y la prueba en contrario; la creencia, no: la creencia solo admite confirmaciones. La izquierda española —la que se sitúa, o decía situarse, a la izquierda del PSOE— cruzó esa frontera hace ya tiempo. Lo que comenzó siendo apoyo crítico a un gobierno de coalición ha degenerado en justificación incondicional de todo cuanto ese gobierno hace o tolera: de las cloacas que operan a su servicio, de las contradicciones morales y políticas de Pedro Sánchez, de la riqueza sobrevenida de José Luis Rodríguez Zapatero, de cada episodio que, gobernando otros, habría provocado movilizaciones, editoriales incendiarios y querellas. Esa justificación dejó de ser racional hace tiempo. Hoy es, en sentido estricto, conspiranoica.
Conviene precisar el término, porque el adjetivo es grueso y no debe usarse a la ligera. Un razonamiento es conspiranoico cuando se vuelve infalsable, es decir, cuando ningún hecho imaginable puede refutarlo. Si toda crítica al Gobierno es lawfare, si todo dato incómodo es una operación de la derecha mediática, si toda investigación es una maquinación de jueces facciosos y todo periodista que pregunta es un mercenario, entonces no existe hecho posible que obligue a revisar la posición propia. Popper lo explicó con una claridad que sigue vigente: la irrefutabilidad no es la virtud de una teoría, sino su vicio. La izquierda que respondía al poder con análisis materialista —quién gana, quién paga, quién calla— responde hoy con un relato cerrado en el que el Gobierno es siempre víctima y nunca agente. Eso no es análisis político; es teología.
La psicología llama razonamiento motivado a ese mecanismo: no razonamos para llegar a una conclusión, sino para defender la conclusión que ya habíamos elegido. Su síntoma más visible es la asimetría: rigor implacable para los hechos que perjudican al adversario y manga ancha infinita para los que comprometen al amigo. Hay una prueba sencilla que cualquiera puede hacerse: ante cada episodio —una cloaca parapolicial o, como estamos viendo, “parafiscal”, un contrato opaco, una fortuna inexplicada, un aparato de propaganda pagado con dinero público— preguntarse qué habría dicho uno mismo si el gobierno fuese del PP. Si la respuesta cambia según quién gobierna, lo que se tiene no es un juicio político: es una lealtad tribal. Y la lealtad tribal es exactamente lo contrario de aquello de lo que la izquierda presumía: la crítica de todo poder, también del propio. Sobre todo del propio.
Una parte significativa de la izquierda no defiende hoy un proyecto: defiende una posición
Benda llamó en 1927 “la traición de los clérigos” a la entrega de los intelectuales a las pasiones políticas de su tiempo, al abandono del juicio independiente en favor del bando. La versión española de esa traición es menos elegante y más prosaica: tiene nómina. Ocho años de “gobierno progresista” han generado un ecosistema denso de cargos de confianza, asesorías, direcciones generales, institutos, observatorios, fundaciones y, de manera muy señalada, medios de comunicación fuertemente subvencionados cuya viabilidad depende de que nada cambie. Una parte significativa de la izquierda no defiende hoy un proyecto: defiende una posición. Posición en la Administración, en el organigrama, en la tertulia, en la subvención. Y defiende, con ella, unas prebendas que en cualquier otro escenario —incluido un gobierno de su propio signo con otras caras— probablemente no conservaría.
No hace falta conspiración alguna para explicar este comportamiento; basta la sociología. Upton Sinclair lo dijo hace ya más de un siglo: es difícil que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Cuando el analista cobra del analizado, no hay análisis; cuando el medio vive de la publicidad institucional y de la subvención de eventos, no hay periodismo; cuando el intelectual debe el cargo, no hay intelectual. Lo grave no es que esto ocurra —ha ocurrido siempre y bajo todos los signos políticos—, sino que ocurra en nombre de la emancipación, y que sus protagonistas sigan presentándose como conciencia crítica del país mientras ejercen de coro.
La razón más presentable de esta deriva es el miedo, y es un miedo fundado: la posibilidad cierta de que el próximo gobierno de España esté condicionado por la extrema derecha. Pero el miedo, legítimo como emoción, es ruinoso como método. Convertido en argumento universal, funciona como un chantaje moral: cualquier crítica “hace el juego al fascismo”, cualquier exigencia de regeneración “debilita el muro”, cualquier pregunta incómoda “blanquea a la ultraderecha”. Así, el antifascismo deja de ser una práctica —defender derechos, ensanchar la democracia, redistribuir poder y riqueza— y se convierte en una identidad que se acredita no por lo que se hace, sino por lo que se calla.
La trampa lógica es evidente: si todo está justificado porque la alternativa es peor, entonces no existe límite alguno y cualquier abuso encuentra acomodo bajo el paraguas del mal mayor. Esa es, históricamente, la puerta por la que las democracias se degradan en nombre de su propia defensa. Los medios no son neutrales respecto de los fines: los medios son los fines en construcción. Una izquierda que tolera cloacas, propaganda pagada y guerra sucia “para frenar al fascismo” no está frenando nada: está normalizando las herramientas que la extrema derecha empleará, con entusiasmo y sin complejos, el día que las herede.
Hay, además, un efecto perverso que la izquierda se niega a mirar: el chantaje del miedo es electoralmente suicida. El “muro” moviliza una vez, quizá dos; a la tercera, el votante que esperaba transformación y solo recibió consignas descubre que se le pide el voto no por lo que se hará, sino por lo que vendrá si no lo da. Esa pedagogía del pánico tiene un beneficiario claro, y no es quien la practica: cuando todo el sistema aparece descrito como una trinchera entre buenos y malos, gana credibilidad quien afirma —con razón o sin ella— que el sistema entero está podrido. La extrema derecha no necesita tener razón; le basta con que la izquierda renuncie a tenerla. Cada cloaca justificada, cada escándalo relativizado, cada “y tú más” convertido en doctrina es un argumento regalado a quienes sostienen que todos son iguales y que solo los de fuera pueden limpiar la casa. El antifascismo de pancarta, sin regeneración detrás, fabrica votantes ultras con más eficacia que cualquier algoritmo.
Porque eso es lo que las cloacas del PSOE revelan: no un accidente ni un exceso puntual, sino un modelo de gestión de lo público. Un modelo opaco, clientelar, que utiliza resortes del Estado y terminales mediáticas —perfectamente sincronizadas— para fabricar relatos, destruir adversarios y blindar al líder. A ese modelo se lo puede llamar de muchas maneras, pero conviene llamarlo por la que más incomoda: es un modelo fascista de gestión de lo público, en el sentido preciso de que concibe el Estado como botín del partido y al disidente como enemigo a abatir. Y en eso no se diferencia en nada sustancial del que practicaría la extrema derecha. La diferencia entre unos y otros no puede consistir en quién maneja la cloaca, sino en que la cloaca no exista.
Lo verdaderamente asombroso es que todo esto se esté justificando —todo, absolutamente todo— como si fuese la única forma de enfrentarse al fascismo. Hasta la riqueza de Zapatero encuentra exégetas entusiastas en una izquierda que hizo de la sospecha hacia el dinero y el poder su razón de ser. Pero al fascismo no se le combate desde el fascismo: se le combate con más democracia, más transparencia, más derechos y más verdad. Quien combate al monstruo adoptando sus métodos no lo derrota; lo releva. El espejo es incómodo, pero es un espejo: una izquierda que justifica o relativiza cloacas es una izquierda que ya ha aceptado el marco mental de su adversario.
Y aquí está el fondo del problema, el que el ruido cotidiano impide ver. Estos ocho años de “gobierno progresista” no han sido solo una acumulación de episodios turbios: han sido, sobre todo, una ocasión histórica desperdiciada. La izquierda a la izquierda del PSOE dispuso de algo que no había tenido en décadas: presencia en el Consejo de Ministros, mayorías parlamentarias posibles y un ciclo social favorable a la transformación. Pudo acometer la reforma profunda de los aparatos judicial, policial y mediático; pudo desmontar las cloacas en lugar de heredarlas; pudo emprender la transformación social, política y jurídica que sus votantes le encomendaron. Eligió, en cambio, administrar el poder: ocuparlo, repartirlo, conservarlo. No traicionó las expectativas ciudadanas por falta de fuerza, sino por falta de voluntad y por sobra de comodidad.
Peor aún, en el camino fue asumiendo, uno a uno, los valores de la extrema derecha que decía combatir —el dinero como medida del éxito, la lealtad al jefe como virtud suprema, la razón de Estado como excusa universal, la puerta giratoria como premio natural— hasta el extremo, casi paródico, de justificar la fortuna de un expresidente socialista con argumentos que sonrojarían a un liberal honesto. Una izquierda que justifica la riqueza de sus notables, que celebra a sus aparatos y que confunde el BOE con la emancipación no ha sido derrotada por la derecha: se ha convertido, culturalmente, en ella.
Por eso hay que decirlo con todas las letras, aunque duela: si existe un riesgo cierto de que el próximo gobierno de España esté condicionado por la extrema derecha, ese riesgo es, en gran medida, culpa de la gestión de Pedro Sánchez y de la actitud de una izquierda que se embarcó en la justificación de lo injustificable y en la racionalización de lo irracional. La extrema derecha no crece por arte de magia ni por designio de poderes ocultos, crece sobre la decepción de quienes esperaban transformación y recibieron aparato; sobre el cinismo de quienes comprueban que las cloacas cambian de dueño, pero no de oficio; sobre la evidencia de que quienes prometían regenerar la vida pública acabaron defendiéndola tal cual estaba, con tal de habitarla.
Buscar ahora a los culpables en otra parte —en las cloacas mediáticas, en los jueces, en las internacionales reaccionarias— es perseverar en el error que nos trajo hasta aquí: sustituir el análisis por el relato y la autocrítica por la conspiranoia. La culpa es, exclusivamente, de la propia izquierda. De la que gobernó sin transformar y de la que aplaudió sin pensar. Reconocerlo no es hacerle el juego a nadie, es la condición previa de cualquier reconstrucción. Porque a la extrema derecha no la detendrá una izquierda convertida en coro de su propio gobierno; la detendrá, si acaso, una izquierda que recupere su herramienta más antigua y temible: pensar. Pensar también —y sobre todo— contra los suyos. Lo demás no es antifascismo. Es, apenas, miedo con nómina.