En un mundo donde la mayoría de nuestra vida la determina un tribunal, pronto también con quién tenemos que encamarnos y cuál tiene que ser nuestra alimentación, un juez ha decidido decidir qué colectivos tienen que vacunarse antes que los otros. ¿Por qué? Hombre (y mujer), porque los jueces (también) son expertos epidemiólogos y tienen el criterio suficiente como para decidir quién, cuándo y por qué es vacuna primero al ciudadano A y no el B. O viceversa.

Tenemos un nuevo conflicto que mezcla coincidencias, burocracia y aplicación de decisiones dictadas desde Bruselas. Y ha acabado como se acaba todo en este país, en un follón político donde unos cuantos actúan con una gran deslealtad institucional y buscan un rédito político. En este caso, el cerdo del que todo se aprovecha es la vacunación de los siete mil guardias civiles y miembros del CNP que están en Catalunya.

Según Delegación del Gobierno, que es de quien dependen administrativamente estos dos cuerpos, a partir del 10 de febrero, cuando empezó su periodo de vacunación, establecieron varios contactos con la Generalitat pero la respuesta fue recibir alargas. Hasta que pactaron una reunión el 4 de marzo. Salud dice que desde el primer momento habían pactado que la reunión sería el día 4 y, por lo tanto, no dilataron los plazos. Mientras llegaba el encuentro para decidir cómo lo hacían, fueron vacunándose Mossos, policías municipales, bomberos, pero también guardias civiles (GC) y miembros del CNP. Y aquí llega el primer obstáculo que no es culpa de nadie. Cuando GC y CNP ya tenían fecha para ser vacunados, la UE suspendió la administración de las vacunas de AstraZeneca, que eran las destinados para ellos. Y, como el resto de ciudadanos afectados por esta decisión, se quedaron sin vacuna.

Llega la reunión. Según Delegación del Gobierno ellos llevaron toda la documentación requerida. Salud, y también Interior, afirman que se les negó el acceso a los datos de los agentes que tenían que ser vacunados, no se les facilitó el censo y se les exigieron unos requisitos sobre los lugares dónde administrar las dosis que no eran viables desde el punto de vista logístico. O sea, con todo lo que nos han explicado las tres partes a día de hoy, las claves del asunto son: 1/ La falta de confianza entre administraciones impidió que quien tenía que vacunar accediera a los datos de los vacunados, y 2/ Los cuerpos de seguridad responsabilidad de la Delegación del Gobierno no fueron vacunados porque las dosis que tenían que administrarles estaban suspendidas.

A partir de aquí más versiones contrapuestas de cómo siguió el caso, pero por lo que sabemos había planteadas varias soluciones posibles. Por ejemplo, el ministro Miquel Iceta dijo en el Senado que si el Estado tenía que hacerse cargo de la vacunación, adelante. Pero no llegamos a tiempo. Por el medio aparecieron los herederos del sindicato Jusapol, conocido para convocar incomprensibles manifestaciones a BCN en pleno conflicto político, y la cosa ha acabado en los tribunales. Donde siempre acaban los mismos de siempre todas las cosas.

Total, que un conflicto de salud que ha derivado en político y que se podría haber resuelto con criterios médicos ha acabado en un nuevo pitote que ahora provocará que los mayores de 70 años, población de riesgo. vean como en la cola que hacen para ser vacunados, se les colarán unas personas que son consideradas servicios esenciales porque así lo ha decidido un tribunal. El famoso tribunal epidemiólogo, que es quien (también) descubrió las vacunas, las fabrica, las empaqueta, las distribuye y las pincha. Qué suerte tenemos de tenerlo. Ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca, ni Janssen, ni Sputnik, ni Soberana, la vacuna buena es la TSJC-Jusapol. Tiene un 690% de efectividad. Política.

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